El ruido no para de aumentar en la Agencia Tributaria. Las negociaciones sobre la financiación “singular” de Catalunya están exacerbando el conflicto laboral que los sindicatos mantienen en la institución de Hacienda desde abril. A las reivindicaciones que se arrastran desde entonces, se añade la incertidumbre sobre el futuro de los funcionarios de la Agencia en la región ante la intención de ERC de “conquistar la soberanía fiscal” —según sus propias palabras— como condición prioritaria para votar a favor de la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
“En ningún momento se ha informado a los representantes de los trabajadores, ni se ha tratado en ninguna reunión, ningún aspecto relativo a la creación de una nueva Agencia Tributaria catalana, ni de la situación en que hipotéticamente quedarían los trabajadores”, denuncian desde UGT. “No nos sorprendería que dejasen tirados a los trabajadores de la Agencia Tributaria estatal en Catalunya. Su máxima es cualquier fin que consideren bueno para sus objetivos justifica la vulneración de acuerdos sindicales y de la normativa vigente en materia de derechos laborales”, inciden.
Este sindicato, junto a SIAT, CSIF, CCOO y CIG llevan semanas exigiendo mejoras laborales en diferentes acciones de protesta. En una de ellas, algunos de sus delegados se encerraron durante 15 días en la sede de la Dirección General de la Agencia, en Madrid. Finalmente, consiguieron establecer la figura de un mediador, Santiago Menéndez Menéndez, ex director general de la Agencia Tributaria con Cristóbal Montoro, y “una primera reunión” el pasado 16 de julio. “Dicha mediación es consecuencia del caos y la quiebra institucional que está padeciendo la institución con el actual equipo de dirección [Jesús Gascón es el secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria]”, claman en UGT.
Fuentes de la propia Agencia, consultadas por elDiario.es, descartan pronunciarse “sobre opiniones particulares de funcionarios, y menos cuando no hay nada concreto en ningún sentido”.
“El resultado del 12-M [últimas elecciones catalanas] nos dejó un escenario claro, con el independentismo lejos de sumar mayoría y el PSC como fuerza más votada. Las urnas enviaron a Esquerra Republicana a la oposición, pero también nos ofrecieron la posibilidad de hacer valer nuestros votos para hacer avanzar el país hacia la libertad y la justicia social”, avisa una tribuna firmada por algunos de los pesos pesados de la formación política. “O este nuevo ciclo político se fundamenta en la conquista de espacios de soberanía que permitan mejorar las condiciones materiales de vida de la ciudadanía, o no contará con la participación de Esquerra Republicana [ERC]”, añade.
La propuesta inicial sobre financiación de ERC “es una suerte de concierto económico [como el de Euskadi o el de Navarra] para Catalunya con el que no estoy de acuerdo”, dijo la semana pasada la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Así lo ha expresado también el PSC. Se puede avanzar en una mejor financiación de Catalunya. Se pueden incorporar singularidades, que ya existen. Pero el Ministerio de Hacienda no puede impulsar debates de Comunidades concretas”, añadió la ministra.
Este mismo lunes, el Gobierno central y el Ejecutivo en funciones de ERC pactaron una transferencia de 1.520 millones de euros en los próximos tres años para seguir cumpliendo con el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y el partido catalán. Un volumen de recursos con el que se da un paso adelante en Rodalies, con el traspaso de 1.058 millones, y se da cumplimiento a las promesas sobre becas universitarias e I+D. Este acuerdo supone “una corrección en la infrafinanciación” que sufre Catalunya y es “indispensable, pero no suficiente” de cara a la investidura de Illa, señaló Natàlia Mas, consellera de Economía de la Generalitat.
El paso siguiente sería “la financiación singular”, que para Mas es un régimen foral que encuentra la oposición de prácticamente todas las demás Comunidades Autónomas (la mayoría gobernadas por el PP) y del Gobierno, que dice preferir abordar la reforma del sistema de financiación en general para que ganen todas las regiones. “Singularidad es el reconocimiento de especificidades de los territorios, que ocurren por ejemplo con competencias no homogéneas, como con la seguridad [los Mossos] y las prisiones en Catalunya”, explicó Montero. Y un poco más allá, reconoció que el consorcio tributario que está contemplado en el Estatut de autonomía, que supondría una cambio de estructura organizativa pero no una reforma del sistema de financiación, es viable. “Es una artículo que existe en otros estatus, como en Andalucía”, subrayó.
Repreguntada por el asunto en rueda de prensa, Montero incidió en que “cualquier otra reforma del régimen general [o común] tiene que pasar por un cambio de la Ley Orgánica que regula la materia, y eso tiene que ocurrir con mayoría de Ley Orgánica en el Congreso de los Diputados”.
Sin embargo, ya “este consorcio genera resistencia” entre los funcionarios de la Agencia Tributaria estatal, que pasarían a trabajar codo con codo con los de la Agència Tributària de Catalunya, aunque con distintas condiciones de trabajo y salarios. “La Agencia catalana está dimensionada para la gestión de los impuestos cedidos y propios con 852 personas empleadas, de ellas realizan funciones de control tributario 23 inspectores y 269 técnicos tributarios autonómicos. Lo que contrasta con la plantilla de la Agencia estatal tributaria en la región, de 3.939 funcionarios estatales y el resto sería personal laboral, de los que ejercen funciones superiores 364 inspectores y 1.365 técnicos de Hacienda”, detallan Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
Además, en un supuesto régimen foral, “se aumentaría la evasión en Catalunya por la falta de experiencia de la Agència Tributària de Catalunya en la gestión y control tributario de todos los impuestos”, recalcan.
“A nuestro juicio, estos son dos obstáculos insalvables para un régimen foral catalán, por lo que prevemos que se negociará la creación de un consorcio tributario entre la Agencia estatal y la Agencia catalana que, con el tiempo, sea la 'Administración Tributaria de Cataluña' previsto en el artículo 204 del Estatut, manteniendo cada Administración estatal y autonómica la llave de la caja de sus respectivos tributos y la dependencia orgánica de sus empleados”, continúan desde GESTHA.
“La sección sindical de UGT en la Agencia Tributaria está en contra de desmembración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria porque supone la quiebra de la caja común que ha de garantizar los servicios públicos y derechos sociales del Estado social y democrático de derecho”, prosiguen desde este otro sindicato. “Apostamos por la cooperación entre administraciones tributarias (estatal, autonómica y local) a través de consorcios regulados en un posible Estatuto de la Agencia estatal aprobado en las Cortes Generales”, proponen en la misma línea que GESTHA.
En España existen dos modelos de financiación de las Comunidades Autónomas, que entre sus competencias cuentan con algunos de los servicios públicos más importantes del estado de bienestar, como la sanidad, la educación o la vivienda. Estos modelos son el “régimen común” y el “régimen foral”. Dentro del primero, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen tratos excepcionales por cuestiones históricas y geográficas. Dentro del segundo están los conciertos de Euskadi y Navarra, por razones históricas.
Junto con los recursos que el sistema de financiación proporciona a las Comunidades Autónomas, hay que añadir el resto de recursos de que estas disponen: tributos propios, transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, fondos de la Unión Europea... De igual manera, las Comunidades Autónomas pueden obtener financiación acudiendo al endeudamiento, aunque con unos límites diseñados por el Estado.
La diferencia entre el “régimen común” y el “régimen foral” es que en el primero la Administración central recauda una gran parte de los impuestos (no todos, porque algunos están cedidos plenamente como sucesiones, patrimonio... otros parcialmente como el IRPF y algunos son propios o de las Administraciones Locales) y después los reparte entre las Comunidades Autónomas para que financien sus competencias y algunas inversiones, según “un principio de solidaridad” entre las más ricas y las pobres.
En el segundo, la Comunidades Autónomas recaudan la mayor parte de los impuestos, financian todas sus competencias e inversiones y pagan una aportación al Estado (el conocido como 'cupo vasco' en el caso de Euskadi por los servicios que se pagan desde la Administración central, más una contribución 'solidaria' al Fondo de Compensación Interterritorial).
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.