Los inspectores de Hacienda proponen la “muerte civil” de los defraudadores para evitar que accedan a subvenciones

La asociación Inspectores de Hacienda del Estado ha presentado este jueves una batería de propuestas para reducir el fraude fiscal en España. Entre las medidas planteadas destaca la “muerte civil” para defraudadores fiscales para evitar que puedan acceder a subvenciones o la contratación pública. Esto se aplicaría para los casos más graves o en los que estén organizados. El informe ha sido presentado en Vigo donde la organización que engloba a los inspectores está celebrando su congreso anual. El documento señala que está “muerte civil” sería decretada para sociedades pantalla, testaferros o condenados por infracciones a partir de determinada cantidad que sería marcada por la ley. 

Esta muerte civil conllevaría que estos defraudadores no pudieran acceder a subvenciones públicas o contratar con la administración. Tampoco podrían expedir facturas al tener el NIF revocado. Revocar esta identificación cerraría también la puerta a la operativa financiera, ni podrían acudir a registros públicos (salvo el civil).

A este estatus para los mayores defraudadores, la IHE propone también crear dos nuevos delitos fiscales. El primero, en línea con recomendaciones de la OCDE, sería el de atacar la riqueza acumulada por personas cuyas actividades conocidas o sus rentas declaradas no justifiquen su patrimonio. Se conocería como “tenencia injustificable de bienes o derechos”. El segundo, tipificaría la conducta del ofrecimiento de servicios e instrumentos para cometer el delito fiscal, ya que, en la mayoría de los casos, son necesarios para la comisión, debido a que los autores de un delito fiscal no suelen tener conocimientos tan exhaustivos de esta materia por lo que necesitan ayuda y dirección.

El presidente de la asociación, Ransés Pérez Bogas, ha explicado que estas propuestas deberían ir igualmente acompañadas de una reforma estructural de la Agencia Tributaria. El documento plantea que se le deben otorgar nuevas facultades y capacidades para investigar posibles delitos fiscales. A ello se suma, según el representante de los inspectores, un camino hacia una mayor “eficiencia” de la Agencia, incentivando que los inspectores se especialicen por sectores y sin limitaciones territoriales, actuando a nivel nacional.

La batería de medidas propuestas por el organismo van más allá y afectaría a la revisión de determinadas figuras tributarias donde se encuentran niveles considerables de fraude. Uno de estos puntos sería la revisión de los beneficios fiscales, al igual que han pedido organismos como la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal. “Se deberán introducir criterios de coste-beneficio a la hora de evaluar los más relevantes, dando a conocer a la opinión pública los niveles de eficacia y eficiencia de estos”, señala el documento. Además, cualquier nuevo beneficio incluido debería contar con este informe de coste-beneficio.

Entre las principales figuras a revisar por parte de la administración el documento señala al IRPF. En concreto, apunta a una mejora del concepto de residencia fiscal para “impedir que contribuyentes con una fuerte conexión con el territorio español eludan el pago de este impuesto logrando la residencia fiscal en otros, normalmente calificados como paraísos fiscales o de baja tributación, con unos requisitos menos exigentes para otorgar la residencia fiscal”. Considera que la actual norma contiene “ambigüedad ” que permite establecer vías para eludir impuestos.

Respecto al IVA, donde los inspectores ven “elevado fraude, el documento presentado este jueves plantea que se limiten los mecanismos que permiten deducir cuotas, especialmente en sectores económicos donde se están produciendo más casos de fraude. Igualmente, plantea un mayor control sobre el impuesto especial sobre hidrocarburos donde, ”una vez cometido el fraude resultan difíciles de perseguir e imposibles de cobrar“.

El documento también pone el foco en la “deriva” del fraude recaudatorio hacia el mecanismo conocido como alzamiento de bienes. Asegura que esta figura “típica del fraude” es “difícil de perseguir y consume muchos recursos -humanos- de la Administración Tributaria”. Entre otras cuestiones, en el caso de las empresas, proponen hacer responsable a cualquier sociedad de un grupo de estos delitos cometido por otra de las sociedades que lo componen. Además. plantean que se persiga a los despachos profesionales que sean “los verdaderos ideólogos” de estas estructuras. También a entidades financieras especializadas en la colocación y traslación de fondos y en la creación de productos financieros que cumplan esas mismas funciones de elusión y evasión fiscal. Por último, consideran necesario aplicar cambios en las normas mercantiles para complicar la creación de estos entramados societarios creados para reducir la factura fiscal de una empresa.

La asociación incluye una propuesta para reducir el nivel mínimo para entrar en la lista de morosos. Hasta la fecha era de un millón de euros, aunque en la reforma de la ley de lucha contra el fraude de este año se ha reducido hasta los 600.000. La IHE defiende que se reduzca hasta los 300.000 euros. “El impacto social de las deudas impagadas no viene por un puñado de grandes deudas, sino por millones de deudas de elevada, mediana y pequeña cuantía”, justifica.