Islandia gana en los tribunales al Reino Unido y Holanda en la reclamación por la quiebra del banco Landsbanki
El tribunal de la EFTA ha dado la razón a Islandia en su litigio con el Reino Unido y Holanda que se originó tras la quiebra del banco islandés Landsbanki. Británicos y holandeses reclamaban al Gobierno de Reikiavik los 4.000 millones de euros que sus ciudadanos, empresas e instituciones habían invertido o depositado en Landsbanki. Londres y Amsterdam reembolsaron esas cantidades a sus nacionales y pasaron la factura a Islandia. En dos ocasiones diferentes, los islandeses rechazaron en referendum asumir las responsabilidades financieras del banco liquidado.
El tribunal rechaza las reclamaciones y se basa en dos argumentos, según el Financial Times: la crisis financiera islandesa era lo bastante grande como para obligar a medidas de emergencia. Además, el Gobierno no había discriminado a los extranjeros en las medidas posteriores al hundimiento del banco.
Miles de británicos y holandeses, incluidos algunos ayuntamientos y universidades, habían puesto sus ahorros en un fondo de Landsbanki llamado Icesave porque ofrecía tipos de interés muy superiores a los de la mayoría de los bancos. El fondo de garantía de depósitos islandés no tenía dinero suficiente para compensar a todos los damnificados de Icesave. Londres y Amsterdam sí lo hicieron, a lo que sumaron, en el caso británico, una actitud que la mayoría de los islandeses consideraron ofensiva: se utilizó la legislación antiterrorista para apropiarse de los activos de Landsbanki en el Reino Unido.
El Gobierno islandés intentó aprobar un mecanismo de compensación en favor de los dos gobiernos europeos, que amenazaban con represalias y llevar la disputa a los tribunales. Decían que la reputación financiera de Reiviavik estaba en juego si no se avenía a razones. El presidente islandés obligó al Gobierno a convocar un referéndum porque consideraba que las condiciones eran demasiado onerosas. En marzo de 2010, el 93% de los islandeses rechazaron el mecanismo de devolución previsto por su Gobierno.
Un argumento recurrente del Gobierno era que Islandia tenía todas las de perder si la disputa llegaba a los tribunales.
4.000 millones de euros suponía entonces la tercera parte del PIB de Islandia, un país de 320.000 habitantes.
Londres y Amsterdam aprendieron la lección y negociaron con el Gobierno islandés una condiciones de devolución mucho mejores: un tipo de interés menor y un plazo de devolución mayor, hasta 30 años. Tampoco convenció a los islandeses que en un segundo referéndum en abril de 2011 volvieron a votar no, esta vez con un porcentaje cercano al 60%.
Se daba la circunstancia paradójica de que mientras ocurría todo esto, el Gobierno islandés ya había comenzado a empezar a pagar, no utilizando fondos públicos, sino una parte de los activos que quedaban de Landsbanki. A fecha de hoy, según fuentes del Gobierno islandés citadas por el FT, se ha devuelto el 51% de los fondos perdidos, que a su vez es el 90% de las cantidades que los Gobiernos británico y holandés devolvieron al estar protegidas por las normas de garantías de depósitos existentes en ambos países.
