La española Isolux participó en contratos por 4.800 millones en Argentina durante la etapa de los sobornos

“Argentina es un país fundamental dentro de nuestro plan estratégico de internacionalización”, señala la empresa española Isolux Corsan, ahora en concurso de acreedores, en su web corporativa. En efecto, fue un mercado relevante dentro de su balance hasta su caída a finales de 2016. Sin embargo, toda su actividad en la última década en dicho mercado está en duda después de que Juan Carlos de Goycoechea, antiguo responsable de la filial en el país latinoamericano, reconociera sobornos al Gobierno durante la era Kirchner.

El empresario está acusado de abonar más de 12 millones de dólares en sobornos a altos cargos del Ministerio de Planificación a cambio de adjudicaciones, según ha desvelado el diario argentino La Nación. Durante este periodo la empresa de ingeniería accedió a más de una quincena de grandes contratos, en su mayoría en consorcios con otras empresas. Estos contratos suman más de 5.500 millones de dólares (unos 4.800 millones de euros).

La empresa centró durante los últimos años su crecimiento en Latinoamérica y la región suponía en el ejercicio de 2015, el último antes de los problemas económicos que desencadenaron en el concurso de acreedores, más del 75% del negocio de Isolux Corsan.

Entre la cartera de pedidos que obtuvo en este periodo, bajo mandato de Néstor Kirchner y posteriormente de Cristina Fernández, destaca una línea de interconexión eléctrica conocida como NEA-NOA, con una valoración que superaba los 2.000 millones de dólares. Otro gran proyecto fue el de la construcción de una línea de tren de alta velocidad que uniera Buenos Aires, Rosario y Córdoba. En la cartera también figuraban otros menores, como la construcción de centrales eléctricas en Río Turbio, Ensenada Barragán o Santa Fé.

Era tal la diversificación de Isolux en Argentina que participó en la construcción de una carretera en Córdoba, el corredor vial Nº4; en la edificación de un hospital, el conocido inicialmente como el del Bicentenario; la instalación de una red de fibra óptica; o la creación de un museo de la Casa Rosada.

Sin embargo, Isolux no terminó algunos de estos proyectos. De hecho, hubo incluso uno, el del tren de alta velocidad, que no se llegó a iniciar. El gran proyecto de transporte ferroviario de Cristina Fernández, que fue adjudicado a un consorcio participado por Isolux y liderado por la francesa Alstom, terminó en punto muerto.

Casos similares se encuentran en la hemeroteca sobre el trabajo de Isolux en Argentina durante este periodo. El más conocido en el país latinoamericano y que ahora está protagonizando las investigaciones en torno al caso de Los Papeles de las Coimas, es el de una planta térmica en el entorno de la mina de Río Turbio. Un proyecto que se valoró en 450 millones de euros y que la compañía vendió como “la central térmica más austral del mundo”.

Tras varios retrasos y sobrecostes, el Gobierno, ya con Mauricio Macri en la presidencia, decidió retirar la concesión de esta central, alegando que no se había cumplido con los plazos para su puesta en marcha. La empresa protestaba en los resultados referentes al ejercicio 2016 en los que detallaba que “el nuevo gobierno no aceptaba lo acordado con la anterior administración, por lo que la obra tuvo una actividad mínima durante el año”.

Otro proyecto, el de la central de Ensenada Barragán, en La Plata, también sufrió retrasos y sobrecostes. Por otro lado, la lista de desencuentros en Argentina incluye también el proyecto de central de ciclo combinado Loma La Lata, en Neuquén. En este caso, junto con el socio Siemens, Isolux fue demandada en 2012 por Pampa Energía, propietaria de la central, que le reclamaba 78 millones de euros por desperfectos y retrasos en el proyecto. Finalmente, tras tres años de luchas legales, un tribunal de arbitraje obligó a las empresas adjudicatarias a abonar 50 millones de dólares.

Durante esta época estaba al frente de la compañía en Argentina Goycoechea, quien fue despedido en 2017 después de una auditoría interna realizada por la matriz después de que la banca acreedora se hiciera con el control de la compañía en 2017 tras los problemas económicos del grupo. El directivo criticó esta decisión y en una carta a un medio de su Córdoba natal, La Voz (Grupo Clarín), se jactaba de que cuando le desvincularon “Argentina suponía el 35% de la facturación mundial de Isolux y llevaba cinco años consecutivos entre las cinco empresas más grandes del sector en el país”. El presidente de la compañía tras la toma de control de la banca, Nemesio Fernández Cuesta, le había acusado de desvío de fondos de la compañía.

La trayectoria de Isolux en estos años ha estado muy ligada en varios de estos contratos con Iecsa. Esta constructora, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, aparece también como una de las compañías implicadas en el pago de los sobornos a los altos cargos de la administración Kirchner. De hecho, el antiguo consejero delegado y mano derecha de Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, fue, junto con Goycoechea, los dos primeros empresarios que se acogieron a la figura de “arrepentido” para aquellos implicados que colaboran con la justicia.

Goycoechea aseguró en su declaración ante el juez tras ser detenido que la orden inicial de pagar sobornos le llegó desde la dirección financiera en España. Este medio ha intentado en repetidas ocasiones sin éxito contactar con la compañía. Actualmente, Isolux Corsan se encuentra en concurso de acreedores. La actual dirección ha vendido distintos negocios, como el grueso de su actividad en España, así como activos relevantes para reducir su importante deuda. En febrero de este año se conoció que la empresa tenía un agujero patrimonial de más de 3.800 millones de euros.

Ahora, Isolux Corsan se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción en Argentina que golpea de lleno a la era Kirchner. La confesión del directivo de la compañía española ha permitido a la justicia certificar la credibilidad de los documentos en torno a los cuales gira esta trama. En concreto, se trata de unos cuadernos escritos por un chófer del Ministerio de Planficiación, Óscar Centeno, donde se detallan las recogidas de dinero y otros regalos de empresarios recibidos por Roberto Baratta, secretario de dicho ministerio, y por el ministro Julio de Vido. La expresidenta Cristina Fernández, está llamada a declarar la próxima semana ante el juez en un caso que afecta de lleno a sus aspiraciones políticas de volver a la Casa Rosada.