El PP lucha para rebajar las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre paraísos fiscales

No son más que recomendaciones, sin poder legislativo, para intentar rebajar un problema que le cuesta a la Unión Europea un billón de euros al año. Se trata de frenar al menos en parte la elusión y la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales, en ocasiones a través del blanqueo de capitales que se utiliza para financiar actividades terroristas. Y sin embargo, el Partido Popular está empeñado en rebajar la resolución de la comisión del Parlamento Europeo que ha investigado este problema a raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá. Este miércoles se producirá la votación en el pleno de la Eurocámara que, según afirma el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, sigue sin estar atada.

El eurodiputado español de este grupo Miguel Urbán (Podemos) explica que su grupo habría ido mucho más allá de estas recomendaciones, “pero creo que dentro de la correlación de fuerzas del Parlamento Europeo no deja de ser un texto aceptable, que costó muchísimo sacar en la comisión en seis horas de votación y que ahora quiere ser mutilado por las propuestas del PP y de los liberales de ALDE. Si vencen estaremos ante un fraude y un paso atrás”, denuncia. Coincide el eurodiputado de Izquierda Plural Ernest Urtasun: “Ha quedado un informe bastante ambicioso, y en el Pleno va a haber una batalla por diluirlo por parte de los grupos conservadores. Pero creo que a algunos diputados cada vez les da más vergüenza apoyar determinadas medidas”.

De recomendar prohibiciones a pedir evaluaciones

Entre las enmiendas presentadas por el PPE a las que se refieren, está la de rebajar la prohibición de abrir cuentas financieras y la titularidad de sociedades fantasma (offshore) en paraísos fiscales. La resolución aprobada en la comisión (que presidió el alemán del PPE Werner Langen) reclama sanciones y la exclusión de los procedimientos de contratación pública de los Estados miembros y de la Unión de este tipo de sociedades. La enmienda pretende dejarlo en pedir a la Comisión Europea que evalúe “el impacto de la posibilidad de introducir un registro obligatorio o la prohibición de la titularidad, incluida la titularidad real, de cuentas financieras y de sociedades fantasma”.

Otro ejemplo es la petición al Consejo de la UE (es decir, los países miembros, que son los que más rebajan las pretensiones del PE y de la CE para luchar contra el fraude) de elaborar una lista similar a la que se aprobó la semana pasada de paraísos fiscales, que incluya territorios dentro de la Unión. Los países señalados suelen ser Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Malta, además de Suiza, que no está en la UE, y el Reino Unido, en proceso de salida. El PPE quiere pedir a la Comisión (no al Consejo) que analice los regímenes fiscales de los estados miembros y sus territorios (hay casos como los de la portuguesa Madeira que también son objeto de discusión por su régimen fiscal ventajoso).

Además, la recomendación que se vota este miércoles señala la conveniencia de contar con tipos mínimos en el impuesto de Sociedades y “una política de concesión moderada de exenciones fiscales y únicamente en gastos locales con objeto de apoyar nuevas inversiones productivas”. Pero para el PPE debe limitarse este tipo mínimo a “determinados ámbitos” que no concreta. Quiere eliminar también la referencia a las deducciones fiscales, que dejan tipos cercanos a cero en determinados países.

En cuanto a los despachos establecidos en la Unión que ejercen como intermediarios entre los evasores y los países considerados como paraísos fiscales, la recomendación de cortar de raíz estas actividades se debe quedar, para el PPE, en una petición de que la Comisión “evalúe el impacto” de esta eventual prohibición.

Otro punto de fricción se va a encontrar en la que parece será otra futura comisión contra este tipo de prácticas. Si bien todos están de acuerdo en la conveniencia de crearla, incluso de manera permanente a partir de la próxima legislatura, el PPE no la quiere dotar de atribuciones similares a las de los Parlamentos nacionales, es decir, que pueda obligar a los comparecientes a acudir a la misma, entre otras cosas.

Durante el pleno que debatió el informe, el portavoz del PP español, Luis de Grandes, señaló que a su juicio, “resulta prioritario una definición común de paraíso fiscal”. Añadió que también es importante que aunque en la lista negra no figuren algunos estados miembros, “no es tolerable que algunos se comporten como paraísos fiscales”. “Hay que impedir que las leyes permitan la elusión fiscal. Hay leyes que no son éticas y por tanto hay que modificarlas, para impedir que existan ámbitos privilegiados, que aun cumpliendo las leyes se puedan eludir los compromisos morales y sociales”, dijo.

Los socialistas no apoyarán las enmiendas del PPE ni de los liberales de ALDE

El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui deja claro que no tienen intención de apoyar las enmiendas de liberales y del PP: “Las enmiendas socialistas van en dirección contraria”. Por ejemplo, los socialistas pretenden que Luxemburgo, Irlanda, Malta y Holanda aparezcan considerados como “paraísos fiscales”. También aceptarían una definición más suave, pero que deje claro que su fiscalidad es nociva para las arcas públicas y favorece el “dumping” (traslado real o a través de ingeniería fiscal de un contribuyente a otro país o territorio en el que se pagan menos impuestos).

“La lista con citas a Europa mejoraría la credibilidad internacional. Y si no hay lista no hay capacidad de sanciones. Una vez la tengamos, la operatividad contra esos países abre un abanico muy amplio. En la mejor de las hipótesis, los acuerdos comerciales estarán prohibidos con esos países, con la posibilidad última de sancionar a los bancos en su licencia bancaria si operan en paraísos fiscales”, afirma el socialista.

Para Miguel Urban “es un poco preocupante que las instituciones europeas funcionemos a golpe de filtración o escándalo periodístico”. Cuando empezó la comisión, este eurodiputado tuvo la sensación de que era una coartada para demostrar que las instituciones estaban haciendo algo. “Sólo querían que fuéramos a visitar Panamá. Pero nosotros veíamos que el problema estaba dentro de la UE”. A su juicio, la cuestión de la evasión y elusión no es coyuntural. “La propia UE fomenta sin ningún tipo de reglas la competencia del dumping fiscal entre estados, que creo que disgrega y genera profundas heridas. Hay una nueva aristocracia mundial que cree que tiene la capacidad de no pagar impuestos”.

Tras la votación en el pleno de la Eurocámara, si es que sale adelante, la “batalla” se trasladará a los Parlamentos nacionales los próximos meses, para que traspongan estas recomendaciones.