Panamá no es un paraíso para los españoles. O, al menos, no es un refugio fiscal desde 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tomó la decisión de firmar el acuerdo que permite que España no considere a este país como paraíso por su baja tributación. Sin embargo, y después de la última lista elaborada hace apenas unos días por la Comisión Europea, queda cada vez más claro que la decisión española es única en su especie ya que las principales instituciones consideran que el país centroamericano no cumple con las exigencias mínimas de colaboración para librarse de la condición de paraíso fiscal.
De entre los países europeos que hacen públicas este tipo de acuerdos, solo España y Finlandia han firmado con Panamá el convenio que elimina las barreras de doble tributación y que supone una autopista para aligerar la carga fiscal de las empresas. Pero no es solo la exigua carga fiscal la que ha llevado a Panamá en un agujero negro para los fiscos occidentales. El país tiene un esquema de fundaciones que copió a Liechtenstein y considera como secreto los nombres de los accionistas de estas entidades.
La decisión del Gobierno socialista se remonta a los tiempos en los que Sacyr se adjudicó las obras de Canal de Panamá. Si España no hubiera sacado a este país de la lista negra se enfrentaba a la llamada cláusula de retorsión, por la que Panamá considera al otro país también paraíso con posibles restricciones para el acceso a licitaciones de obra pública.
“Todo el mundo sabe y es evidente que Zapatero retiró a Panamá de la lista de paraísos porque quería que se ganara el concurso del Canal. La connivencia de intereses económicos y regulaciones nacionales es muy fuerte”, explica en Estrasburgo el eurodiputado español Ernest Urtasun (Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea). A su juicio, “las listas nacionales que existen hasta ahora están hechas a base de intereses políticos, y los concursos a los que se presentan empresas nacionales tienen mucho que ver con cómo tratan a cada país”.
Seis años después de la decisión del gobierno socialista, la filtración masiva de Los Papeles de Panamá puso en primera línea la exótica relación de España con el país centroamericano, muy lejos de la que tienen sus homólogos europeos. Por su parte, la OCDE hace tiempo que prefirió no hacer ninguna lista de países paraísos y subió a todos los agujeros fiscales a la categoría de “se compromete a mejorar”. En esta lista, que a la postre es también una relación de jurisdicciones fiscales que son opacas, también está Panamá.
Barbados también es un país con el que España ha firmado acuerdos fiscales pese a que el criterio europeo dicta que es un paraíso fiscal.
El Parlamento Europeo da un tirón de orejas
La decisión de la Comisión Europea de unificar la lista de paraísos fiscales (hasta el punto de que ha borrado de su web la lista de cada uno de los países miembros que estaba disponible hasta el 7 de diciembre), pretende contentar algo la decepción generalizada que hay respecto a las actuaciones contra los paraísos fiscales. Este martes 12 de diciembre el Pleno del Parlamento Europeo debatirá las conclusiones de la Comisión de Investigación que se creó a raíz de la filtración masiva.
Los propios eurodiputados ya lamentaban después de seis meses de trabajo que no se estaba investigando ni avanzando nada respecto a la institución. En el informe que se debatirá, los eurodiputados lamentan que algunos miembros de la UE “tienden a no proporcionar información relevante en la cantidad y con la calidad deseadas y, en general, no parecen hacer esfuerzos auténticos para tomar medidas contra la elusión y la evasión fiscales”, informa Efe.
El informe apunta que antes de los Papeles de Panamá la legislación de la UE “no era suficiente”, pero señala que desde entonces “se ha producido una mejora gradual significativa”, en concreto con la propuesta para tener un registro de titulares efectivos finales de cuentas bancarias o la revisión de la directiva contra el blanqueo de capitales.
Insiste, eso sí, en que las prácticas de empresas fantasma en paraísos fiscales fueron posibles por la “aplicación insuficiente” de la ley por parte de los Estados y la Comisión Europea y añade que las sanciones previstas “no siempre se aplican o no son lo suficientemente disuasorias en casos relevantes”. Podemos e Izquierda Unida han votado en contra del informe por considerarlo insuficiente.
En España, las consecuencias de Los Papeles de Panamá han sido pocas. El 28 de febrero, el Gobierno señalaba que, a raíz de los Papeles de Panamá, la Comisión de Prevención del Blanqueo Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, había investigado a 209 empresas relacionadas con dicha filtración. En concreto, el SEPBLAC había realizado a esa fecha, según el Gobierno, “14 informes de inteligencia financiera para atender requerimientos de la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre 209 personas jurídicas relacionadas con los ”papeles de Panamá“.
En una intervención en noviembre en el Senado, Cristóbal Montoro aclaró que la Agencia Tributaria ha liquidado hasta el momento 103,5 millones de euros a 86 contribuyentes aparecidos en los papeles de Panamá, de los que la mayor parte (85 millones) responden a las liquidaciones complementarias presentadas por 34 contribuyentes tras la filtración de los documentos.
Ventajas de tener dinero en Panamá
Tener el dinero en Panamá tiene muchas ventajas para los extranjeros. En cuanto al pago de impuestos, “toda renta producida en el extranjero está exenta al 100% del pago de impuestos en Panamá”. Por ejemplo, una compañía española puede facturar a una sociedad panameña servicios prestados en Brasil y el 100% de la renta generada estará exenta gracias a ese convenio para evitar la doble imposición.
En el ámbito de la planificación fiscal para grandes fortunas, también destacan las fundaciones panameñas de interés privado, que, inspirándose en los Stiftung de Liechtenstein (como el que utiliza el fundador de la sueca Ikea, Ingvar Kamprad, para controlar el grupo), desde 1995 permiten una totalidad opacidad a sus propietarios, que pueden utilizarlas para eludir el pago de impuestos, planificar herencias o controlar acciones de empresas.
En Panamá hay ocho regímenes fiscales especiales muy ventajosos para los inversores extranjeros. Entre ellos destaca la figura de “sede de empresas multinacionales” (para servicios de tesorería, contabilidad o logística), que están exentas de todo impuesto directo o indirecto, tanto para la multinacional como para el personal expatriado que trabaje en ella; o las denominadas “ciudades del saber”, orientadas a la transferencia de conocimiento (centros de investigación e innovación, parques tecnológicos, incubadoras de empresas...) y que gozan de exoneración de todo impuesto.