El juez que investiga el caso Villarejo ha decidido archivar la causa contra el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. El magistrado entiende que todos los delitos relacionados con la contratación del comisario Villarejo para supuestas labores de espionaje ya estarían prescritos y, por tanto, no puede ser juzgado.
El juez que investiga las múltiples piezas separadas del caso Tándem entiende que, en otro caso similar de otro imputado, la Sala de lo Penal ha decretado el archivo por prescripción. “La contundencia de esta resolución no deja margen de actuación a este instructor, quien de forma reiterada había desestimado las solicitudes de sobreseimiento y archivo efectuadas por el investigado señor Sánchez Galán, en diferentes resoluciones”, lamenta el magistrado.
El archivo de la Sala de Penal estima la solicitud de Sánchez Galán, hasta ahora investigado en este procedimiento por los delitos de cohecho activo continuado, delito contra la intimidad y delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.
Según explica el magistrado, la imputación de Sánchez Galán se vincula con los proyectos de la presunta organización criminal de Villarejo denominados Arrow (de 2004 a 2006), Black Board o B-B (años 2004 y 2005,) y los Proyectos Gipsy y Posy (año 2009), cuando ejercía, primero como vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola, y después, desde 2006, como presidente de la compañía. Los trabajos, expone el auto, se habrían realizado por Villarejo a través del Grupo Cenyt mientras se encontraba en servicio activo en el Cuerpo nacional de Policía.
García Castellón asegura que basa su auto el archivo de la causa respecto de Sánchez Galán en el auto de la Sección Tercera de la Sala Penal 266/2022, del pasado 3 de junio, en el que los magistrados resolvían el recurso de apelación de otro investigado por delitos de cohecho activo, contra la intimidad y continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular por hechos que tuvieron lugar hasta el mes de marzo de 2009.
En ese auto de la Sala, relativo al directivo Rafael Orbegozo, los magistrados indicaban que “es evidente que el único hecho atribuido a (…) estaría prescrito conforme a los arts. 130.6 y 131 y 132.1 del Código penal, al haber transcurrido más de diez años entre marzo de 2009 y el 23 de junio de 2021 que es cuando
“La contundencia de esta resolución no deja margen de actuación a este instructor, quien de forma reiterada había desestimado las solicitudes de sobreseimiento y archivo efectuadas por el investigado sr. Sánchez Galán, en diferentes resoluciones (la última de ellas el 11/03/2022”, señala el juez.
García Castellón indica que la participación de Sánchez Galán en los hechos investigados comprendería un periodo temporal que llegaría hasta el año 2009, por lo que atendido el tenor literal del auto de la Sección Tercer referido “debemos constatar que han transcurrido más de diez años entre la fecha en que se cometió el último hecho imputado y la de su citación como investigado”.
“Puede concluirse conforme a los argumentos transcritos que los delitos imputados a José Ignacio Sánchez Galán estarían prescritos, por lo que no cabría otra opción más que declarar la presencia de esta circunstancia extintiva de la responsabilidad, y con ello decretar el sobreseimiento libre”, finaliza el magistrado.
En el mismo auto y con el mismo argumento, el magistrado también acuerda el sobreseimiento respecto de otros dos investigados , José Luis San Pedro Guerenabarrena y Juan Carlos Rebollo en cuanto al delito de cohecho, si bien por el de coacciones en relación de la denuncia del directivo Del Olmo, acuerda remitirlo a un juzgado de Bilbao por no ser competente para instruir estos hechos.