Juntas de Álava piden al TS que suspenda cautelarmente la actividad de Garoña

Las Juntas Generales de Álava presentarán en los próximos días ante el Tribunal Supremo una demanda en la que solicitan que, mientras resuelve la denuncia contra el Real Decreto de Reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), se suspenda cautelarmente su actividad.

Fuentes del parlamento provincial alavés han precisado que las Juntas Generales presentaron el pasado mes de abril un escrito en el que anunciaban una demanda contra el Real Decreto que permite reabrir esta central nuclear, la más antigua de España, para dar respuesta a distintas mociones e iniciativas aprobadas por esta institución.

Esa petición ya fue admitida a trámite por el Alto Tribunal, por lo que ahora han considerado necesario formular una demanda en la que expresan su oposición al Real Decreto de reapertura de la central y reclaman además la suspensión cautelar de la actividad de la planta, situada a unos 40 kilómetros de Vitoria, hasta que se dicte un fallo.

La solicitud de suspensión cautelar conllevaría, en caso de aceptarse, que la central permanezca en situación de cierre aunque haya resoluciones favorables del Consejo de Seguridad Nuclear o de otras instancias para su reapertura.

El presidente de las Juntas alavesas, Juan Antonio Zárate, ha precisado a Efe que la decisión de incluir en esta demanda la petición de suspensión cautelar fue fruto de la decisión adoptada por los portavoces de Bildu, PSE y EB.

Estos tres grupos decidieron asumir el riesgo de que si finalmente el fallo del Supremo es contrario a la demanda de cierre, sean las Juntas de Álava las que tengan que sufragar una posible reclamación económica por parte de Nuclenor, propietaria de la central.

El PNV prefirió abstenerse, mientras que el PP votó en contra.

Y es que, según ha advertido Zárate, si el Tribunal Supremo acepta la suspensión cautelar de la central y finalmente se acepta reabrir esta planta Nuclenor podría reclamar a las Juntas Generales de Álava una cuantía que se calcula en unos 120 millones de euros anuales por daños y perjuicios.

Zárate también ha precisado que el Tribunal Supremo, al admitir esta demanda, podría solicitar una cuantía al parlamento provincial como “caución” o aval por si ocurre esta circunstancia, aunque al tratarse de una institución y no de una empresa privada es posible que no lo pida.

El letrado de las Juntas Generales de Álava ya ha enviado esta demanda al procurador que tiene en Madrid, que en breve formalizará su registro en el Supremo, quizás mañana mismo.

El grupo juntero socialista ha expresado su satisfacción por esta iniciativa y su portavoz, Cristina González, ha destacado que el próximo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también se ha mostrado favorable al cierre definitivo de Garoña y se ha opuesto a la decisión del Gobierno del PP de favorecer su reapertura.

A juicio de González, “las medidas tomadas por Mariano Rajoy responden más a intereses económicos y acuerdos entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las compañías eléctricas, en perjuicio de la seguridad de los habitantes” de la zona.