“En esta legislatura, hemos ido avisando de que Junts no forma parte de ningún grupo y no se puede dar por supuesto nuestro apoyo”, ha avisado Josep Maria Cruset, portavoz de la formación catalana en el Congreso de los Diputados. Junts se ha sumado a Vox y PP y ha votado en contra del objetivo de déficit del Gobierno, poniendo en jaque los Presupuestos de 2025.
Pese a que el resto de partidos ha votado a favor, finalmente, el Congreso ha rechazado este martes el “marco fiscal” del Ejecutivo. Se trata del primer paso en falso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, tras tener que prorrogar los de 2023 este ejercicio por la imposibilidad de llegar a acuerdos con los socios de la investidura ni con otros grupos por el accidentado calendario electoral de los últimos meses (Galicia, Catalunya, Euskadi, Parlamento Europeo...).
“No se puede contar con el voto de Catalunya a cambio de nada. Hemos venido a escuchar a Montero. Hemos escuchado para ver si había un cambio de posición, y que en los objetivos se nos diese una décima más, pero no ha habido cambio”, ha defendido Cruset en declaraciones a los periodistas. Sin el apoyo de Junts, y con los votos en contra de Partido Popular y Vox, los Presupuestos sufren un primer obstáculo.
En el debate en el Congreso, Carlos Martín Urriza, de Sumar, ha matizado que la no aprobación de “los objetivos de estabilidad” no impide la preparación de los nuevos Presupuestos, sino que los condena a la anterior senda fiscal, “que puede ser un tiro en el pie para algunos”, ha ironizado.
Según ha explicado el portavoz de Junts, su formación pedía que en estos objetivos de estabilidad presupuestaria se dotara de una décima más de déficit a las Comunidades Autónomas, de tal manera que estas tuvieran más capacidad y más recursos económicos. “Pero no ha habido absolutamente ningún cambio”, ha dicho. La cuestión es que el anterior marco fiscal es más restrictivo para las Comunidades Autónomas —aquí se explica—, según han recordado también desde el PSOE en el Pleno del Congreso de este martes.
Antes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había defendido que, en el marco fiscal de 2025, “el Estado asume de nuevo un mayor esfuerzo de reducción del déficit en beneficio de Comunidades Autónomas y entidades locales, que tendrán más margen”, según la información que ya comunicó la semana pasada. Después, en la rueda de prensa en la que ha hecho balance, Montero ha afirmado que “los objetivos de estabilidad” rechazados por el PP, por Vox y Junts facilitaban que las Comunidades no tuvieran que hacer ningún esfuerzo en la bajada de déficit de los próximos años. “Tendremos que seguir dialogando. Pero el PP está perjudicando a sus gobiernos autonómicos”, ha concluido.
Este mismo lunes, el Gobierno central y el Ejecutivo en funciones de ERC pactaron una transferencia de 1.520 millones de euros en los próximos tres años para seguir cumpliendo con el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y el partido catalán. Un volumen de recursos con el que se da un paso adelante en Rodalies, con el traspaso de 1.058 millones, y se da cumplimiento a las promesas sobre becas universitarias e I+D. Este acuerdo supone “una corrección en la infrafinanciación” que sufre Catalunya y es “indispensable, pero no suficiente” de cara a la investidura de Illa, señaló Natàlia Mas, consellera de Economía de la Generalitat.
En cambio, Cruset ha criticado este martes que el Gobierno no entiende que no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, y que, por tanto, necesita de otros grupos políticos, en este caso de los siete votos de Junts, para sacar adelante sus iniciativas. De hecho, el diputado catalán ha desvinculado el voto en contra de su formación a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de la reunión que tendrá lugar este miércoles entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, de ERC, para firmar el convenio de traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Catalunya.
Junts ha hecho referencia a “un expolio” a Catalunya de 22.000 millones de euros cada año. “Tenemos un presupuesto anual mucho más pequeño del que nos tocaría por población o PIB. Desde 2015 los incumplimientos del Estado con Catalunya han sido una constante”.
Nueva senda de déficit
“Qué coraje les da que España vaya bien”, ha arrancado la vicepresidenta, directamente contra el Partido Popular (PP), la defensa de “los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2025-2027 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el año 2025”
“Su único objetivo es derrocar a Sánchez. Les da igual el IVA de los alimentos, el bolsillo de las familias...”, ha criticado. “Como saben España seguirá liderando el crecimiento entre las principales economías de la zona euro”, ha incidido. “Los datos ponen de manifiesto, aunque algunos lo quieran negar, la transformación estructural”, ha añadido.
El Ejecutivo proponía mantener el límite de gasto no financiero (incluyendo fondos europeos) en 199.171 millones para 2025, en línea con el techo de 2024, para cumplir con las exigencias de las reglas fiscales de la Unión Europea (UE) que se han activado este ejercicio y porque ahora llegarán menos transferencias del Plan de Recuperación y más préstamos 'baratos' (ni el pago de intereses ni las pensiones se contemplan en el límite de gasto).
La nueva senda de déficit (el desequilibrio entre los ingresos y las gastos del Estado respecto al PIB) buscaba alcanzar el 2,5% durante el próximo año, un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. “Hemos reducido el déficit público en 60.000 millones desde 2020, hasta el 3,6% en 2023, por debajo de otros países como Francia o Italia, pese a haber desplegado una escudo social de más de 120.000 millones [desde 2020], con medidas que siguen vigentes”, defiende Montero.
La previsión para 2024 es dejarlo en el 3% (siempre respecto al PIB), lo que permitió a España evitar el proceso de déficit excesivo previsto por las nuevas reglas de la UE. Este “proceso” supondría una intervención de la Comisión Europea en los Presupuestos nacionales para garantizar “la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
El crecimiento económico permitirá reducir la deuda pública respecto al PIB hasta dejarlo por debajo del 100% en 2027, según la misma estimación, “recuperando todo el espacio fiscal” durante la pandemia, en el que el Gobierno tuvo que hacer un esfuerzo histórico de gasto público para mitigar los daños del shock de la COVID.
Plan fiscal de medio plazo en otoño
“Se puede reducir el déficit sin recortes”, ha resaltado la vicepresidenta primera. En septiembre, el Ejecutivo tiene que enviar un plan fiscal a medio plazo a Bruselas (aquí se analizan las recomendaciones de la AIReF), que estará marcado por la senda de déficit y por un horizonte de crecimiento del PIB por encima del 2% en los próximos años y de creación de puestos de trabajo, que es lo que permite mantener el gasto y reducir el déficit.
“Estamos interaccionando con la Comisión para determinar la propuesta definitiva sobre el gasto primario neto, que es la variable más importante de las nuevas reglas fiscales comunitarias”, viene advirtiendo la ministra de Hacienda.
El nuevo techo de gasto “es prudente”, según el nuevo marco de las reglas fiscales. Los ingresos que nutren los Presupuestos crecerán un 5,4%, y en total un 6,5%, según el mismo ejercicio de proyecciones del Ejecutivo, un ritmo inferior al de los últimos años.
“Este Gobierno ha hecho posible que se haya ido reduciendo el déficit y la ratio deuda pública reforzando el estado de bienestar”, ha insistido Montero, en contraposición al modelo de austeridad que se aplicó tras la crisis de financiera de 2008.
En el debate en el Congreso, el Partido Popular (PP) ha echado mano del informe de la AIReF, que pide un “ajuste” de 6.000 millones al año para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la UE. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que es necesario un “ajuste anual” del 0,43% del PIB hasta 2031 del “gasto primario” de las Administraciones para lograr la sostenibilidad de las cuentas públicas según el marco europeo que empezará a funcionar en 2025.