Madrid, 30 jul (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propone que se estudien de nuevo los proyectos no finalizados de alta velocidad ferroviaria y se fomente el uso de las rutas existentes, tras detectar que su rentabilidad socioeconómica es “entre nula y mínima”.
En su informe sobre la inversión en infraestructuras del transporte, publicado este jueves, también llama a realizar una mayor inversión en Cercanías, servicio ferroviario que acumula el 90 % de los usuarios del ferrocarril en España, para satisfacer la creciente demanda y modernizar un parqué móvil que, en algunos casos, lleva en circulación “entre 30 o 40 años”.
Según ha explicado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, aunque la red de alta velocidad española, la segunda más extensa del mundo y en la que se han invertido 55.888 millones de euros, ha supuesto importantes mejoras en cuestión de tiempo de viaje y costes de transporte, presenta un bajo nivel de utilización.
En materia de cohesión social, el informe destaca cómo estas infraestructuras han aumentado la disparidad provincial, beneficiando más a las provincias que ya se encontraban en una situación ventajosa antes de la llegada del AVE.
Todo ello se traduce en una rentabilidad socioeconómica entre “nula y mínima” en todos los corredores, muy lejos de los mínimos exigibles por la Unión Europea, ya que los beneficios sociales no compensan los costes fijos de la construcción.
Fuentes de la AIReF han insistido en que es necesario “reevaluar” todos los proyectos pendientes, “teniendo en cuenta datos y evidencias que, a lo mejor, no se tuvieron en el momento de adoptar la decisión”.
El fuerte desembolso en alta velocidad contrasta con la “insuficiente” inversión en Cercanías, 3.600 millones de euros entre 1990 y 2018, pese a ser el transporte ferroviario más utilizado en el país, y registrar un número de viajes que prácticamente se ha duplicado desde hace tres décadas.
La AIReF ha animado a apostar por esta red, gestionada por ADIF y Renfe, siempre bajo los correctos criterios de evaluación, y ha instado a integrarla dentro de los consorcios de transporte público metropolitano, “que ahora no tienen opinión o influencia sobre horarios, frecuencias o tarifas”.