El dilema de los minoristas de Bankia: aceptar la devolución del dinero o intentar ganar más en los tribunales

Tras la decisión de Bankia de ofrecer una recompra de acciones a los pequeños accionistas que acudieron a la salida a bolsa, ahora son ellos quienes deben decidir si acuden o no al proceso de recompra de acciones que ha ofrecido la entidad. Desde hoy y hasta el próximo 18 de mayo, los accionistas tienen tres meses para tomar la decisión.

Para quienes no hayan iniciado ninguna acción legal la respuesta es sencilla porque no tienen nada que perder. Sin embargo, este procedimiento se ha puesto en marcha cuatro años y medio después de la salida a bolsa de Bankia y ha pillado a muchos pequeños inversores inmersos en procesos judiciales con cantidades ya desembolsadas o comprometidas en los tribunales que pueden perder.

En las últimas cuentas de Bankia la entidad apuntaba que alrededor del 41% de esos 250.000 inversores minoristas que acudieron a la salida a bolsa (unos 104.000) habían decidido recurrir a los tribunales a 31 de diciembre del año pasado. A esa fecha, la entidad había recibido 76.546 demandas de particulares y 27.448 reclamaciones judiciales.

El fin del plazo de cuatro años desde la salida a bolsa y la falta de consenso sobre dónde estaba el límite temporal hasta el que se podían emprender acciones judiciales hizo que muchos pequeños inversores decidieran tomar el camino judicial. Son estas personas a quienes toca echar cuentas para ver si les compensa frenar este trámite y recuperar su dinero más un 1% en concepto de intereses.

Las ventajas que ofrece Bankia son claras porque garantiza rapidez en el pago ya que la entidad estima un máximo de 15 días para pagar y la facilidad del proceso, dado que solo hace falta rellenar un formulario. En el otro lado de la balanza se encuentra la derivada de los gastos del proceso judicial, que en algunos casos ya están desembolsados, a lo que se suma si es posible conseguir unos intereses mayores al 1%.

Algunos jueces están mejorando la compensación por el dinero en este periodo, tomando como referencia el tipo legal de interés del dinero que está alrededor de un 4%. Respecto a los gastos, en la mayoría de los despachos se cobra una cantidad fija cuando se firma el contrato en concepto de cargos. Esta puede rondar entre los 300 y los 500 euros. Algunos contratos contemplan pagos de los que no se exime aunque el cliente se retire del proceso.

Una de las razones esgrimidas por Bankia para justificar esta decisión es el ahorro de costes derivados de los procesos judiciales. Tras las sentencias del Tribunal Supremo se abría la puerta a una avalancha de demandas para lo que la entidad ha querido poner un cortafuegos. De hecho Bankia estimaba en 530 millones la cifra que tendría que desembolsar por los posibles procesos judiciales en costas y otros gastos y esto en las cuentas de 2015 antes de que se conociera la decisión del Supremo.

¿Esto quiere decir que Bankia no va a asumir ningún coste judicial de quienes se acojan a este programa? Si el juez no les obliga, no. En la presentación de este plan, el consejero delegado José Sevilla ha apuntado que Bankia sólo se hará cargo de las costas judiciales en el caso de que la sentencias de los jueces así lo indiquen en cada proceso.

Fuentes de la entidad preguntados por este aspecto dicen que cuando el cliente recibe su dinero firma un documento en el que dice que ha sido resarcido. Bankia acude al juez con este documento para solicitar que concluya el procedimiento. Y será entonces cuando el juez dicte quién asume las costas derivadas hasta el momento en el proceso judicial que pueden ser cargadas, o no, a costa de Bankia.

El problema que apuntan los abogados consultados es que existen dudas sobre si en el caso de que se llegue a un acuerdo extrajudicial y el cliente decida no continuar con el litigio, el magistrado va a dictar una sentencia. Los expertos concluyen que si no hay sentencia, no habría obligación de Bankia de pagar costas (gastos de abogados y procuradores) y por tanto, el afectado tendría que correr con sus gastos.

¿Es suficiente el 1% de compensación?

Las opiniones de los abogados también difieren sobre el valor de la compensación en concepto de intereses. Fernando Zunzunegui, abogado y profesor de Derecho Financiero de la Universidad Carlos III, apunta a que la ofrecida es “una buena solución” y que ya han comunicado a sus clientes la forma para solicitarlo. También señala que al llegar tan tarde se ha creado “enorme sufrimiento” a los afectados. Zunzunegui apunta que esta oferta de devolver el dinero más el 1% es “conveniente” para los inversores.

Alberto Ruiz Ojeda, socio de Cremades & Calvo-Sotelo, coincide con que es una pena que esta decisión se haya tomado con tanto retraso y explica que al existir situaciones muy diversas entre los accionistas cada uno tiene que valorar qué es lo que le conviene. “Es una opción sensata pero le puede privar de una pérdida relevante de intereses”, apunta. El tipo de interés legal del dinero desde 2011 se ha situado en una media del 3,75%, según datos del Banco de España. Ruiz Ojeda añade que esto le permite cobrar enseguida.

En el caso de la salida a Bolsa, el mediático despacho Arriaga Asociados señala que aunque por un lado les parece bien la decisión de Bankia, ya que soluciona un problema. Pero por otro les parece mal o muy mal, a cuenta de los intereses de demora que ofrece la entidad. Jesús Ruiz de Arriaga señala que los clientes que hayan contratado abogados tendrán que pagar los gastos por esa asistencia jurídica y que renuncian a obtener mayores intereses.

Arriaga también recuerda que la decisión deja fuera a aquellos inversores que compraron en el mercado secundario en los primeros momentos a los que, en su opinión, también afectó el folleto de inversión, y a los grandes inversores que acudieron a la salida a Bolsa.

Respecto a esta decisión también se han pronunciado las asociaciones de consumidores y afectados. La asociación de afectados Adabankia considera que esta medida “es la que mejor defiende al contribuyente”, y se felicita de que llegue unos días después de presentar una queja al Defensor del Pueblo para que el FROB hiciera que Bankia recomprara las acciones de los minoristas. Así, anima a los defensores legales a no impedir a sus clientes acogerse a la oferta de la entidad.