Las heridas del mercado laboral que afrontará el próximo Gobierno: contratos temporales muy cortos y más pobreza

Todos los partidos políticos defienden que la creación de empleo es una de sus máximas prioridades. Desde 2014 aumenta el número de trabajadores, pero todavía hay 1,2 millones de ocupados menos que antes de la crisis. El Gobierno que salga de las urnas en las elecciones generales del 28A deberá afrontar problemas ya conocidos y enquistados en el mercado laboral, entre los que destacan las altas tasas de temporalidad y desempleo. Pero también otros más recientes, como el continuo aumento de los contratos temporales más cortos y una tasa de pobreza de trabajadores y parados superior a las registradas antes de la recesión.

Con 3.255.084 personas desempleadas apuntadas a las oficinas públicas de empleo en marzo, generar puestos de trabajo sigue siendo fundamental. La tasa de desempleo en España es la segunda más alta de la UE: un 13,9% frente al 6,5% de media de los 28 Estados miembros, según los últimos datos de Eurostat. “El problema es que tenemos una bolsa de parados de larga duración, que no logramos colocar y algunos es muy probable que no lo consigan”, explica Raül Segarra, estadístico del departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat de Catalunya.

Mucho paro de larga duración y desprotección

Una gran proporción de las personas desempleadas –casi la mitad– son paradas de larga duración, es decir, que llevan en esa situación más de 12 meses. De ellas, más de seis de cada diez son mujeres. Y un importante número de estos parados lleva mucho más de 12 meses sin encontrar un empleo. Unas 640.000 personas encadenan más de cuatro años, según un reciente informe de CCOO. Por su parte, UGT analizó el perfil de estos desempleados de larguísima duración: el 70% son mayores de 50 años.

Para José Moisés Martín, miembro de Economistas Frente a la Crisis, el alto porcentaje de paro entre los jóvenes, del 33,5%, con una importante brecha respecto a otros grupos de edad, es uno de los tres retos más importantes que deberá abordar el próximo Ejecutivo: “Tenemos un problema muy grande de activación del empleo juvenil, las políticas públicas que hemos puesto en marcha hasta la fecha no han funcionado”.

El número de parados ha ido reduciéndose durante la recuperación, pero la crisis dejó un agujero de desprotección en este colectivo que aún no se ha resuelto. Si al concluir 2009 el 80% de los parados recibía alguna ayuda o prestación por desempleo, al terminar 2018 esa cifra era del 60%. Es decir, cuatro de cada diez personas en paro no recibe ninguna ayuda. Además, la calidad de las prestaciones también ha empeorado respecto al inicio de la crisis: los subsidios asistenciales (de menor cuantía) pasaron a ser mayoría frente a la prestación contributiva a partir de 2010.

“Como la crisis ha durado tantos años muchas personas que cayeron al desempleo agotaron sus prestaciones contributivas e incluso después las asistenciales”, explica Sara de la Rica, catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco y directora de la Fundacion Iseak. La economista señala que erradicar la pobreza “es sin duda uno de los derechos fundamentales de los que nos hemos dotado como sociedad y por tanto sería necesario que estas personas gozaran de alguna subvención que les paliara su situación de pobreza”.

Un 14% de trabajadores en riesgo de pobreza

En España, cerca de la mitad de las personas desempleadas viven en riesgo de pobreza, un 44,6%, mientras que en 2008 esa tasa era del 31,3%. El umbral de la pobreza se fija en aquellos ingresos inferiores al 60% de la renta mediana de la población. Aunque no solo enfrentan esta situación de vulnerabilidad económica los parados: la tasa de personas con empleo que están en riesgo de pobreza aumentó durante la crisis y en los últimos años de recuperación apenas se ha movido.

En 2008, un 11,7% de los trabajadores se enfrentaban a este riesgo por sus limitados recursos económicos, mientras que en 2017 –último año con datos disponibles en el INE– el porcentaje llegaba al 14,1%. Pese a la mejora de la economía en términos macroeconómicos, la tasa de pobreza de las personas con empleo se quedó inmóvil ese año respecto a 2016.

Los expertos vinculan la pobreza de los trabajadores, entre otros factores, con la intensidad en el trabajo: cuánto está empleado un trabajador durante una jornada y a lo largo del tiempo. “Hay personas que no es que tengan salarios bajos, que también, sino que no llegan a trabajar lo suficiente para sumar unos ingresos suficientes. Por ejemplo, porque tienen una jornada reducida o porque están empleados solo una época del año como fijos discontinuos o como trabajadores temporales”, explica Segarra.

La contención de los salarios, aunque se subió el Salario Mínimo Interprofesional un 22% en 2019, en esta última década también ha incidido en la renta de los hogares. Un reciente estudio del Instituto de Sindicatos Europeos (ETUI) apuntaba que España es uno de los ocho países de la UE en los que los salarios son más bajos (3%) en promedio en términos reales –ajustados por la inflación– que hace diez años. El Banco de España analizó el año pasado esta “moderación salarial”, que justificó principalmente por los “niveles de holgura del mercado laboral relativamente elevados” –desempleo y trabajo parcial involuntario– y por las “bajas expectativas de inflación”.

Aumento del trabajo temporal más precario

Uno de los motivos que abocan al desempleo cada cierto tiempo a miles de trabajadores en España es la alta tasa de temporalidad, un problema enquistado en el mercado laboral desde que en 1984 se facilitara esta modalidad de contratación. Un 26,8% de los asalariados tiene un contrato temporal, según los datos de la EPA de 2018. El porcentaje, aunque es inferior al registrado antes de la crisis (31,6% en 2007) no ha dejado de crecer desde 2013.

Los economistas consultados ponen el acento en una distinción de la temporalidad que más crece en estos últimos años: la más precaria, ligada a contratos temporales muy cortos. Los contratos de menos de siete días se han duplicado desde el inicio de la crisis, y la siguiente modalidad que más crece es la de los contratos de entre 7 y 15 días.

“Voy firmando contratos de tres semanas, una semana, dos días... depende. Creo que habré firmado como mínimo 5 o 6 contratos en estos tres meses”, explicaba Pedro, cocinero de 33 años, a este medio. Aunque el número de trabajadores temporales ha menguado en la última década, el único grupo que ha crecido ha sido el de aquellos con contratos inferiores al mes de duración.

El Banco de España dejó hace poco un mensaje que servirá al próximo Gobierno: las reformas legislativas de los últimos años –que incluyen la de 2012– no han servido para disminuir la “excesiva temporalidad y rotación del empleo”, que incide negativamente “no solo sobre la productividad, sino también sobre la desigualdad de los ingresos laborales”, exponía el organismo en un informe.

La catedrática Sara de la Riva explica que “desde mediados de los noventa se está intentando reducir la temporalidad mediante incentivos a la reconversión de la contratación indefinida. Sin embargo, ninguna hasta la fecha ha sido útil”. En su opinión, hacen falta fundamentalmente tres medidas: perseguir con contundencia el fraude en la contratación temporal, igualar el coste de despido entre los contratos temporales y los indefinidos “a 20 días por año trabajado” (una modalidad del llamado 'contrato único'), y “dar mucha más seguridad jurídica a las razones que justifican el despido por causa objetiva” para que “no exista incertidumbre sobre la indemnización al despedir a una persona”.

Aunque Ciudadanos es el único partido que defiende de manera abierta el 'contrato único, PSOE y Unidas Podemos plantean una reducción sustancial de las modalidades de contratos temporales en sus programas para el 28A. El PP apuesta por endurecer las sanciones a las empresas que abusen de esta fórmula y limitar el encadenamiento de los contratos.

Jornadas reducidas por la falta de oportunidades

Otro reto para la próxima Administración, evidencia de precariedad laboral, pasa por reducir el empleo a tiempo parcial involuntario. Más de la mitad de los trabajadores con estas jornadas reducidas, un 53%, afirma haber suscrito ese tipo de contrato porque no ha encontrado un trabajo a tiempo completo. Son 1,5 millones de personas que desearían trabajar más horas de las que están contratadas y su número es más del doble del que había en esa situación antes de la crisis (744.100 en 2007).

En general, el trabajo a tiempo parcial ha ganado terreno respecto el que había hace una década, hasta suponer el 14,8% del total de trabajadores. Más de siete de cada diez son mujeres. “No entiendo por qué sólo el 7% de los hombres trabajan a parcial por casi el 30% de las mujeres”, destaca Sara de la Rica.

La catedrática destaca que, entre las diferentes brechas de género que hacen frente las mujeres en el mercado laboral, “lo que más me preocupa es la parcialidad involuntaria. Dos de cada cuatro mujeres que trabajan a parcial lo hacen por no encontrar uno a tiempo completo, y una de cada cuatro por cuidados a familiares”. De la Rica considera prioritario acabar con esta parcialidad involuntaria, ya que “la diferencia en horas trabajadas entre hombres y mujeres produce la mitad de la brecha salarial que observamos”.

Bibiana Medialdea, doctora en Economía y profesora en la Universidad Complutense de Madrid, pone también entre los principales deberes pendientes del próximo Gobierno en materia laboral “avanzar en igualdad de género”. Para la especialista, “un paso fundamental son los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%, eso tiene que hacerse efectivo”.

“Lo siguiente –prosigue Medialdea– sería avanzar en el recorte de la jornada laboral a tiempo completo y quitar incentivos a la contratación a tiempo parcial, ya que es predominantemente femenina”. En su opinión, es necesario “reducir la dualidad sexual entre jornadas larguísimas incompatibles con cuidados para hombres y tiempo parcial o inactividad de mujeres que se encargan del cuidado. Hay que ir a jornadas de tiempo completo más cortas para todo el mundo”.

Hacia un trabajo polarizado de altos y bajos salarios

A los retos actuales del mercado laboral se sumarán los propios de la extensión de las nuevas tecnologías, como la digitalización y la inteligencia artificial, en los próximos años. Algunas fricciones con la normativa laboral ya están surgiendo con la irrupción de las plataformas digitales de reparto, como Glovo y Deliveroo, que la Inspección de Trabajo y algunos juzgados consideran que operan con falsos autónomos.

Lo que algunos llaman una nueva “revolución tecnológica” destruirá y modificará algunos puestos de trabajo, aunque también se generarán otros nuevos. Las cifras de estas transiciones cambian mucho según los estudios que se utilicen de referencia. Según la OCDE, en España un 22% de los empleos podría automatizarse totalmente, de modo que la tecnología sustituyera a los humanos, mientras que un 30% de los empleos sería susceptible de experimentar cambios sustanciales.

El debate sobre el futuro del trabajo pasa por preparar a los trabajadores para adaptarse a estos cambios tecnológicos, asegurar su protección social y solventar los problemas que puedan originarse. Varios estudios, como el mencionado de la Comisión Europea, sostienen que la digitalización empuja al mercado de trabajo a una mayor salarial.

“Avanzamos en la dualidad del empleo, no tanto entre fijos y temporales, sino también sobre todo a la polarización del mercado laboral”, explica José Moisés Martín. El economista sostiene que nos dirigimos a “un mercado en el que hay gente a la que se le va a remunerar muy bien por su cualificación y sus capacidades, mientras que otra mucha gente va a tener salarios muy bajos”. En los puestos con salarios de lo que tradicionalmente se ha considerado clase media “casi no se va a crear empleo o se va a reducir”.

Las tareas pendientes en este terreno señalan especialmente a la cualificación y la formación de los trabajadores, para acceder a sus puestos y a lo largo de toda su vida laboral. En España subraya José Moisés Martín, el próximo Gobierno tiene trabajo que hacer: “Tenemos un problema de cualificación de la población activa, particularmente en mayores de 45 años pero también en jóvenes. Esto hace que la gente tenga muy pocas oportunidades en el tramo alto salarial y que casi todas las oportunidades se produzcan en el tramo bajo”.