El primer gobierno de coalición desde la II República echa el cierre con la tarea pendiente de una reforma fiscal en profundidad. Sin embargo, deja en su haber el intento de poner sobre la mesa el debate de si, en momentos de crisis, se debe pedir un esfuerzo mayor a quienes más ganan. Con esa filosofía nacieron los tributos temporales a los bancos y las energéticas, dos de los sectores más beneficiados por la inflación, y a las grandes fortunas, en contraposición a la batalla territorial por bajar los impuestos a los ricos.
Cuando este Gobierno de coalición echó a andar, se puso como objetivo realizar una reforma fiscal que solucionase algunos de los problemas del sistema tributario español y que se aproximase al contexto europeo. Pese al fuerte crecimiento de la recaudación de los últimos años, España recauda menos que la media comunitaria. El objetivo de esta reforma era amoldar el sistema a un modelo más distributivo, eficiente y que tuviera en cuenta retos como la transición ecológica o la digital.
Sin embargo, la realidad chocó de lleno con los planes y la guerra de Ucrania obligó a retrasar sine die esta reforma tan necesaria para España. El Ministerio de Hacienda aseguró que sus esfuerzos estaban en los planes de ayudas y no en la reforma fiscal, que tendría que esperar a un contexto económico más propicio.
Pese a ello, los paquetes de ayudas sí sirvieron para poner sobre la mesa el debate de quién tendría que aportar más para poder crear estos apoyos fiscales a quienes más sufren los efectos de la inflación. Así, señaló de lleno a banca, energéticas y millonarios. Para los dos sectores económicos se trazó un tributo que gravaba sus ingresos, disparados por la subida de los tipos y de los precios de la energía, respectivamente. En el caso de las grandes fortunas, ideó un sistema para que en las comunidades en las que se bonifica el de patrimonio se aplique el nuevo tributo y que quienes tengan más de 3 millones de euros, paguen por ello.
Las medidas salieron adelante en una proposición de ley presentada en el Congreso y que se tramitó en cuestión de pocos meses. Nació, eso sí, con el rechazo frontal de las comunidades afectadas y de los sectores que ahora tendrán un nuevo impuesto sobre la mesa. Tanto unos como otros han llevado la creación de estos impuestos ante la justicia, que tendrá que dirimir si son o no ajustados a derecho, una decisión que se puede demorar en el tiempo.
El otro ‘pero’ a estas medidas fiscales estrella que le han puesto los hasta ahora socios del Gobierno se encuentra en que son temporales. Solo se aplicarán este año (con los resultados de 2022) y el año que viene (con los de 2023). Además, su futuro queda ahora en el aire con el adelanto electoral.
El PP ha mostrado de manera abierta su rechazo a la tributación de patrimonio y por tanto sobre las grandes fortunas. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, aseguró recientemente que es un impuesto “injusto”, por lo que la aplicación del nuevo impuesto el año que viene quedaría muy en el aire. También ha rechazado los impuestos sobre la banca y las energéticas y ha sugerido su revisión. Sin embargo, con el caso de las eléctricas, su margen de maniobra ya es menor puesto que se ha vinculado a una figura desarrollada por la Comisión Europea.
Por lo tanto, las tres medidas estrella de la reforma fiscal de mínimos del Gobierno son temporales y dependen del nuevo Gobierno y de los tribunales. Pese a ello, sí han servido para presentar el discurso de que quienes más tienen o ganen, más deben de aportar, uno de los objetivos del Gobierno a la hora de diseñar un sistema tributario más justo. Se ha logrado gracias también a unos vientos favorables en el exterior, donde organismos como la OCDE o la Comisión Europea han planteado políticas en este sentido.
El paso adelante con estos impuestos no oculta, sin embargo, las tareas pendientes que quedan. España tiene un problema con su sistema fiscal y es que recauda menos que la media europea. Incluso con el récord de recaudación de los últimos años, el peso de los ingresos frente al PIB del país está tres puntos por debajo de la zona euro, según los datos de Eurostat de 2021, los últimos comparables entre todos los países. Son cuatro puntos más que cuando el PSOE llegó al Gobierno, pero todavía es un avance insuficiente.
Se produce, además, una cuestión peculiar. Sin haberse realizado una reforma fiscal, España logró en 2022 un récord histórico de recaudación tributaria. La recuperación económica, la mejora del empleo, la subida de salarios y pensiones o la inflación influyeron en este crecimiento. Si bien el Banco de España ya advirtió que había una parte de este crecimiento de la que se desconocía su causa y aseguraban que, tal cual se había producido, podría desaparecer.
Un comité de expertos
El Gobierno dio el primer paso para afrontar esta reforma fiscal en 2021 al convocar un cónclave de expertos de distintas universidades y áreas para trazar propuestas de mejoras del sistema tributario español. Un año después llegó un extenso libro blanco con más de un centenar de conclusiones. Llegó al mismo tiempo que arrancaba la guerra de Ucrania y el documento quedó en un cajón, como ha ocurrido en el pasado con otros comités de expertos.
Este grupo de especialistas planteó algunas reformas de calado en el sistema fiscal español, como la unificación del IVA o reducir beneficios fiscales en el IRPF. Además, la argumentación de estos fiscalistas y juristas daba coartada al Gobierno en la armonización fiscal en los tributos de patrimonio o sucesiones, donde las comunidades gobernadas por el PP han dado la batalla durante toda la legislatura con continuas rebajas que benefician, fundamentalmente, a quienes más tienen.
Sin embargo, todo el área económica del Gobierno estaba ya centrada en otra tarea: las ayudas frente a la subida de precios. Llegó entonces el momento de las medidas fiscales temporales para paliar los efectos de la inflación. Las rebajas del IVA a la luz y el gas, la reducción de los impuestos especiales de la factura energética o la eliminación de impuestos para los productos de alimentación básicos. Todas estas medidas con una fecha de caducidad y que presumiblemente ya no estarán presentes a lo largo del año próximo.
Aunque la reforma fiscal con mayúsculas quedó en un cajón, sí se han hecho reformas a menor escala del sistema impositivo en España. En este apartado se pueden incluir medidas como la reducción al mínimo de las ventajas fiscales que tenían los fondos de pensiones privados en España o un mayor control de los incentivos tributarios que tenían esquemas como las sicav, que en la práctica han provocado la desaparición de la gran mayoría de ellas.
Además de ello, el Gobierno ha aplicado durante la legislatura un aumento en el IRPF de las rentas más altas y ha incrementado la tributación para los que más ingresen por rendimientos de capital. La diferencia de tributación entre los ingresos del trabajo y los del capital es precisamente uno de los puntos donde el IRPF deja de ser progresivo.
También se han planteado debates que, posteriormente, se han repetido en el plano internacional. Es el caso del tipo mínimo del 15% en sociedades. Al tiempo que en las instituciones multinacionales se planteó el establecimiento de este mínimo global, en España se adelantó el Gobierno registrando un mínimo en la tributación de las empresas. Además se recortó ligeramente el beneficio fiscal que reduce la tributación de sus dividendos obtenidos fuera.
Queda igualmente vigente la subida del IVA a las bebidas azucaradas, que pasó del 10% al 21%. Esta herramienta de salud pública venía reclamándose desde hacía tiempo y su entrada en vigor supuso una consecución de los objetivos que se habían fijado de reducción de consumo de estos productos, especialmente entre los menores, según planteó un estudio realizado por Esade.
Organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han solicitado en repetidas ocasiones que España plantee un proceso de consolidación fiscal a medio plazo que permita reconducir aspectos como el déficit o la deuda. Aunque a menudo se mira al lado del gasto, especialmente por parte de la derecha, los ingresos públicos quedan como una tarea pendiente para el próximo Gobierno.