El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo plan de estímulo de 1,9 billones de euros cuando llegó a la Casa Blanca, tras el plan de 1,2 billones de Donald Trump. En Europa –con 100 millones más de habitantes– sólo España se atrevió a pedir 1,5 billones, y al final, en verano de 2020, los líderes de la UE pactaron 750.000 millones (800.000 en precios actuales). Pero cada vez cunden más dos preocupaciones: si acaso, en la línea de lo decidido por Biden, harán falta más estímulos; y que aún ni siquiera se han puesto en marcha los fondos europeos que, además, su tramitación se ha detenido por las dudas del Tribunal Constitucional alemán.
Nueve meses después de que se aprobaran aquellos fondos, Europa ha pasado por dos nuevas olas que han agudizado los problemas económicos y están retrasando el despegue, tal y como reflejan las previsiones a la baja de todos los organismos internacionales. Mientras, al otro lado del Atlántico, la Casa Blanca sí está poniendo en marcha nuevos programas, si bien es en un país sin los servicios públicos que hay en Europa. En el último Consejo Europeo, a finales de marzo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya puso sobre la mesa la necesidad de una “respuesta más rápida y más fuerte” ante la crisis: “Esta discusión es la que hay que tener entre los europeos. La fuerza de la respuesta estadounidense y del plan anunciado por el presidente Biden nos coloca ante una responsabilidad histórica”.
Pero, mientras tanto, Europa intenta siquiera arrancar su primer plan. Y no para de encontrarse con palos en las ruedas. Si primero fueron los autodenominados frugales con su empeño en que sólo hubiera préstamos y créditos y en un fondo escuálido; y luego los autoritarios gobiernos de Hungría y Polonia bloqueando el proceso por no querer vincular los fondos al respeto del Estado de Derecho, ahora toca el célebre Tribunal Constitucional alemán, con sede en Karlsruhe, convertido en una suerte de tribunal de justicia de la UE bis, el que tiene en suspenso unos fondos clave para salir de la crisis económica, sanitaria y social.
El 26 de marzo, el Constitucional alemán paralizó los trámites en toda Europa y puso en riesgo los 140.000 millones adjudicados a España, entre préstamos y subvenciones. O, al menos, los plazos para empezar a recibirlos, en tanto que toda Europa sigue a la espera de la decisión de Karlsruhe, que ha dictaminado que no se puede aprobar la legislación que ratifica el fondo de recuperación de la Unión Europea –en cada uno de los 27 parlamentos nacionales– mientras esté investigando los recursos legales contra el plan de inversión financiado con deuda emitida por la Comisión Europea y cuyo repago se hará a través de unos nuevos recursos propios (impuestos y tasas europeas).
La declaración del alto tribunal alemán se ha producido después de que ambas Cámaras del Parlamento alemán hayan ratificado la legislación esta semana. Y lo que hace es paralizar su entrada en vigor hasta que resuelva los recursos, entre ellos uno del expresidente del partido de extrema de derecha AfD. La nota del tribunal afirmaba: “El Tribunal Constitucional federal ha ordenado que la ley sobre la decisión del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2020 sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea no pueda ser emitida por el presidente federal (decisión pendiente), Frank-Walter Steinmeier”. Así, el Constitucional alemán bloquea, aunque sea temporalmente, que el presidente federal firme una ley aprobada en el Bundestag para aprobar la decisión de recursos propios de la UE, necesaria para poner en marcha el fondo de recuperación en toda la Unión Europea.
Hasta el momento, 10 países de 27 siguen sin ratificar la decisión de recursos propios, imprescindible para poner en marcha los fondos de recuperación y para lo que se necesita unanimidad: sin el sí de los 27 parlamentos nacionales no se puede poner en marcha tal y como está diseñado. La decisión de recursos propios es la ley que permite a la Comisión Europea pedir prestado para disponer de fondos para la recuperación.
Los que faltan son: Alemania, Austria, Irlanda, Países Bajos, Finlandia, Estonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria y Polonia (inmersa en una disputa entre los partidos del Gobierno).
Jaque alemán
Hace un año, en mayo de 2020, el Tribunal Constitucional alemán golpeó contra dos instituciones federales europeas fundamentales para avanzar en la integración económica, social y de derechos: el Banco Central Europeo, actor comunitario fundamental en la respuesta a la crisis del coronavirus; y el Tribunal de Justicia de la UE, garante de la igualdad ante la ley y vigilante de los atropellos al Estado de derecho en países como Hungría y Polonia. Y lo hizo al cuestionar la legalidad de los programas de compra de deuda del BCE lanzados desde 2015 (PSPP), lo cual podría poner en cuestión el plan actual ante la crisis del coronavirus del BCE (1,8 billones de euros).
El Banco Central Europeo, por su parte, defendía que sus actuaciones están amparadas “por la sentencia del TJUE de diciembre de 2018” y reiteraba: “El Consejo de Gobierno sigue completamente comprometido en hacer todo lo que sea necesario dentro de su mandato para asegurar que la inflación sube a niveles consistentes con su objetivo a medio plazo y que la acción de política monetaria adoptada para lograr el objetivo de mantener la estabilidad de precios se transmite a todas las partes de la economía y a todas las jurisdicciones de la zona del euro”.
En efecto, lo que vienen haciendo los jueces alemanes es juzgar las instituciones europeas y las decisiones integradoras o federalizantes, frente a visiones más ortodoxas y ordoliberales, defensoras del sometimiento a las reglas y disciplina de los mercados más allá de la solidaridad entre pueblos y ciudadanos.
No obstante, la Comisión Europea sigue confiando en que para finales del segundo trimestre de este año haya concluido la ratificación y, en consecuencia, pueda endeudarse a partir de verano. “Seguimos seguros en este momento de que el calendario para recaudar el dinero y para realizar los desembolsos no quedará afectado”, dicen sus portavoces.
Entrega de planes
Los países tenían que entregar sus planes para ser evaluados por la Comisión Europea antes del 30 de abril. Pero aún no ha llegado ninguno, y hay gobiernos que están pidiendo que la evaluación del Ejecutivo comunitario, en tanto que los planes se han ido trabajando mano a mano con Bruselas, sea reducido de 2 a 1 mes y así pueda empezar el dinero lo antes posible, y este es uno de los asuntos que han debatido los ministros de Economía y Finanzas este viernes por videoconferencia.
Fuentes comunitarias apuntan a que España, Portugal, Grecia y Francia, los países más golpeados por la crisis, son también los que tienen sus planes de reformas más avanzados, por lo que se espera que empiecen a entregarlos a partir de la próxima semana. Finlandia y Países Bajos, por su parte, ya han dicho que se saltarán los plazos y enviarán sus planes después del 30 de abril.
“Pero por supuesto que vamos a presentar el plan dentro del mes de abril”, afirmaba este viernes la presidenta económica, Nadia Calviño, tras el Eurogrupo: “España es probablemente el país que está más avanzado en la elaboración del plan y, por tanto, estamos trabajando muy intensamente con el objetivo de que cuanto antes podamos tener esa aprobación formal del proyecto por parte del Consejo de Ministros y remitirlo a Bruselas”.
Calviño también revelaba: “Bastantes Estados miembros que vamos a insistir en la urgencia y la necesidad de que se aprueben cuanto antes estos planes de recuperación, porque evidentemente necesitamos que este estímulo se inyecte dentro de nuestra economía lo antes posible, que impulsemos la reactivación que se va a producir en la segunda parte de este año y que cuanto antes consigamos dar un impulso muy significativo a la inversión que nos permita también recuperar la caída de la inversión tanto pública como privada. No tenemos tiempo que perder para conseguir que estas inversiones lleguen a la economía real”.
Emisión de deuda
Este miércoles, la Comisión Europea presentó su plan para captar unos 800.000 millones de euros en los mercados desde julio de este año hasta finales de 2026 con emisiones de deuda para financiar el fondo de recuperación. Según el comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, el Ejecutivo comunitario prevé obtener anualmente unos 150.000 millones de euros, lo que convertirá a la UE en uno de los mayores emisores de deuda denominada en euros.
Bruselas emitirá tanto bonos con distintos vencimientos de entre 3 y 30 años (3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 años) y letras con vencimientos inferiores a 12 meses y realizará tanto subastas como operaciones sindicadas. La Comisión presentará sus planes de financiación cada seis meses a los inversores.
La Comisión, en todo caso, está a la espera de Karlsruhe y a que los 10 países que quedan ratifiquen la legislación imprescindible para empezar las emisiones. Hahn, por su parte, dijo estar “muy seguro” de que “la maquinaria estará lista en junio para empezar a ir a los mercados de capitales en julio”.
La Comisión prevé devolver el principal y los intereses de esta deuda a partir de 2026 y hasta 2058, para lo que estima que necesitará unos 50.000 millones de euros anuales, según Hahn. Para costear estos reembolsos propondrá en junio de 2021 un primer conjunto de nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto europeo.