“Las loterías son un impuesto del gobierno al desconocimiento de las matemáticas”, reza una frase atribuida a Thomas Jefferson. Fuera o no suya la autoría, el tercer presidente de Estados Unidos (1801–1809) fue un defensor de este sistema para recaudar dinero con fines públicos. “Se ha permitido con frecuencia conseguir dinero de las loterías para financiar escuelas”, aseguraba en contra de los que alegaban cuestiones morales para su prohibición, según aparece en los “Pensamientos sobre loterías” de Jefferson, que se pueden consultar en una página web del gobierno estadounidense. Lo cierto es que, al borde de la bancarrota y poco antes de morir, él mismo estaba tratando de poner en marcha una lotería para pagar sus deudas.
La famosa frase sobre las matemáticas y los impuestos se basa en dos premisas. Una es lo complicado que resulta ganar un premio. Por ejemplo, en el caso del Sorteo de Navidad que se celebra este domingo 22 de diciembre, la probabilidad de que a un décimo le toque el Gordo (400.000 euros) es de una entre 100.000 (los números que se juegan). Las probabilidades aumentan, aunque siguen siendo remotísimas (0,019%) a través de cualquiera de los 19 premios que se reparten (y que van desde los 960 a los 400.000 euros).
La segunda premisa es la que se refiere a los jugosos ingresos para el Estado que suponen este tipo de juegos. A pesar de lo azaroso del asunto, el año pasado el organismo Loterías y Apuestas del Estado (legalmente Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SELAE) vendió boletos de apuestas por valor de 9.000,3 millones de euros, “lo que supone un incremento del 0,93% respecto al ejercicio anterior y nos permite consolidar una senda de crecimiento, en la que tienen un peso destacado los juegos de Loterías y, en especial, la de Navidad”, explicaba en la presentación de su memoria el presidente del organismo, Jesús Huerta.
Esto supuso que en 2018, una vez descontados los 5.781 millones que se dieron en premios y otros gastos de gestión, personal, financieros, etcétera, las distintas loterías del Estado (la Nacional, Bonoloto, Primitiva, Euromillones....) supusieron ingresos por valor de 2.253,2 millones de euros a la Administración estatal. En esta cantidad se incluyen tanto impuestos propios de SELAE como pueden ser Sociedades, el Impuesto sobre actividades del Juego o la Tasa sobre el juego, como los dividendos distribuidos al Estado como accionista de SELAE (todos los beneficios legalmente distribuibles de SELAE son repartidos como dividendos).
A esta cantidad pueden sumarse los impuestos pagados por los ganadores de premios, que alcanzaron los 382,9 millones (la mayoría en concepto de IRPF, como se detalla en el cuadro más abajo). En total se trata de una entrada de ingresos públicos de 2.636,1 millones de euros. Para ponerlo en contexto, es una cantidad superior a la que se obtuvo por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el último año con datos disponibles (2017, unos 2.500 millones).
Es probable que este año se ingrese menos por loterías. En 2019 el mínimo exento de pago a Hacienda ha pasado de 10.000 a 20.000 euros. Así, quien se lleve el Gordo (400.000 euros) solo deberá pagar un 20% sobre los 380.000 restantes que no están libres de impuestos, esto es, cobrará 324.000 euros íntegros, ya que la retención se practica de manera automática. El premio no tendrá así impacto en su declaración del IRPF, más allá de posibles rendimientos adicionales posteriores, por ejemplo por intereses bancarios.
A partir de enero de 2020 el impuesto caerá aún más, ya que quedarán exentos los primeros 40.000 euros otorgados por el azar. Este impuesto a las loterías se implantó con los ingresos públicos cayendo en picado en 2013, y se va reduciendo.
En el caso de la Lotería de Navidad de este año, según los cálculos del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), se recaudarán 175 millones, 13,6 millones menos que un año antes, debido a dicho aumento del mínimo exento. El Fisco recauda en este sorteo en torno al 30% de lo que ingresa cada año por las retenciones que efectúa en los premios de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
El premio no afectará a los ganadores a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base general del IRPF, ni en la del ahorro. Sin embargo, sí hay que tenerlo en cuenta a efectos del Impuesto sobre Patrimonio.
Fraude y blanqueo de capitales
Es conocida la práctica del blanqueo de capitales con boletos premiados que se adquieren a algunos ganadores. Especialmente célebre es el caso del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, que “ganó” premios por valor de 2,1 millones de euros. Sobre la “suerte” que esperaba tener de cara a uno de los sorteos, y tras circular un montaje que le caracterizaba como “el calvo de la lotería”, declaró en un acto de partido, según recogen las crónicas: “Si me toca, sacaré la pirula y mearé en la sede de IU”.
El político del PP nunca admitió que compraba billetes premiados, pero sí lo hizo otro célebre condenado por corrupción: el exconcejal de urbanismo en Marbella José Antonio Roca ganó en 15 años un total de 50 grandes premios de lotería, una posibilidad entre 43 cuatrillones. Acabó confesando ante el juez a cargo de la operación Malaya y declaró lo evidente: que había comprado boletos de lotería premiados con 646.000 euros entre marzo y septiembre de 2005.
Además, Gestha advierte de que fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro han cobrado 127 millones en premios de lotería solo en 2019 y temen que se trate de blanqueo de dinero. Explican que en muchos casos son empresas que al estar en pérdidas se libran de pagar los correspondientes impuestos.
“Un año más, desde que en 2017 se disparase el cobro de premios por las empresas, Gestha pide modificar la ley del Impuesto sobre Sociedades para que los premios de loterías que ganen las personas jurídicas al integrarlo en la base imponible tengan una tributación mínima, igual que los de los particulares (el 20% del exceso que supera el mínimo exento), para evitar que las empresas en pérdidas no tributen por estos premios y obtengan la devolución de la retención”, afirman en un reciente comunicado.
Piden a la Agencia Tributaria (para la que ellos mismos trabajan) que abra un programa de investigación a las fundaciones, asociaciones y otras entidades sin fines de lucro que acumulan el 93,5% de los premios obtenidos por las personas jurídicas. Fuentes del organismo explican al respecto que en realidad, nueve de cada diez euros recaudados por el gravamen de Loterías a través de Sociedades en 2018 (fueron 10,5 millones de euros en total) fueron de peñas de apuestas, no de sociedades mercantiles, por lo que restan importancia a la denuncia de Gestha.