Ha sido una de las pocas veces en las que administraciones de distinto color reman en la misma dirección en los últimos años, pero no ha podido ser. Madrid ha perdido la batalla para albergar la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA). La institución, que tendrá que vigilar el riesgo de blanqueo en las entidades de crédito de la UE y tendrá unos 400 empleados, tendrá su sede en Frankfurt. El acuerdo previo de los gobiernos de los 27 ha inclinado la balanza a favor de la ciudad alemana, a pesar de que por primera vez la Eurocámara participaba en una decisión de este tipo.
Los 27 tenían un voto cada uno (aunque en una primera negociación salieron con una posición común de apoyar a Frankfurt) y la Eurocámara otros 27 a repartir entre los grupos según su representación (ocho, el Partido Popular Europeo; seis, los Socialistas y Demócratas; cuatro, los liberales de Renew; tres, los Verdes; tres, la extrema derecha de los Conservadores y Reformistas; dos, la ultraderecha de Identidad y Democracia; y uno, la Izquierda). Para salir elegida, la ciudad tenía que conseguir 28 votos.
A la pelea se presentaron nueve ciudades: Madrid, París, Frankfurt, Roma, Dublín, Bruselas, Viena, Riga y Vilna. Frankfurt ha sido la elegida por la mínima (28 votos) en la primera ronda frente a los 16 de Madrid, que ha quedado en segunda posición, los seis de París y los cuatro de Roma. Los 27 han alcanzado un acuerdo previo para apoyar a Frankfurt mientras que el mandato de la Eurocámara se decantaba por cuatro (Frankfurt, Madrid, París y Roma). El voto es secreto, pero el resultado permite deducir que la mayoría de gobiernos han apostado por Frankfurt, tal y como habían preacordado, mientras que la candidatura madrileña ha recabado la mayoría los apoyos del Parlamento.
“Frankfurt también era una de las principales candidatas del Parlamento. Fue necesario también tener votos del Parlamento”, ha señalado la eurodiputada Eva Poptcheva (Ciudadanos), que era una de las ponentes del asunto, para restar importancia a la estrategia coordinada del Consejo. “Nunca lo sabremos”, ha dicho sobre la posibilidad de que todos los estados miembros hayan seguido la disciplina de voto.
El PP carga contra el Gobierno tras meses de trabajo conjunto
El Gobierno, representado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la consejera económica de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, han viajado en varias ocasiones a Bruselas para defender el proyecto en una inusual colaboración entre administraciones gobernadas por distintos partidos (PSOE-Sumar y PP, respectivamente, en este caso). Y así lo enfatizaron los representantes a lo largo de todo el proceso, cuando se felicitaron mutuamente por el trabajo realizado.
Entre los puntos fuertes que plantearon de Madrid fue el marco regulatorio existente en España para luchar contra el blanqueo de capitales, así como las infraestructuras, incluidas las oficinas en la Torre de Cristal en las que estaba previsto albergar la nueva agencia. También la distancia a los reguladores bancarios (París tiene la Autoridad Bancaria Europea y Frankfurt, el Consejo de Supervisión Europeo) era uno de los puntos que vendieron como fuertes. Madrid no tiene, además, ninguna agencia de este tipo. En España apenas hay instituciones europeas más allá de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en Alicante; la Agencia Europea de Control de la Pesca, en Vigo; o el Instituto de Prospectiva Tecnológica, en Sevilla.
A pesar de la sintonía que las tres administraciones han mostrado durante el proceso, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez tras el resultado acusándole de “dejadez”. “Pedro Sánchez solo trabaja para contentar al prófugo Puigdemont y su amnistía y abandona Madrid por su sectarismo contra los gobiernos del PP. La prueba es que Madrid ha perdido en la primera ronda de votaciones del Consejo, donde está representado el Gobierno”, señala Dolors Montserrat en una nota de prensa en la que asegura que la opción del Partido Popular Europeo ha sido Madrid, a pesar de que el grupo apostaba por una ciudad pequeña como Vilnius, aunque luego se haya decantado por la capital española.