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Las medidas de liquidez adoptadas por el Gobierno ante la crisis del coronavirus han conseguido frenar por ahora a los denominados fondos buitre, que llevan semanas sondeando España en busca de oportunidades, según distintas fuentes del sector. El aterrizaje de estos inversores oportunistas ni siquiera ha cristalizado por ahora en el sector del turismo, uno de los más golpeados por esta crisis y el más importante del país.
Como explicó hace unos días en una comparecencia en la Comisión de Reconstrucción del Congreso Inmaculada Ranera, directora general en España y Portugal de Christie & Co, consultora especializada en la compraventa de activos del sector hotelero, “los fondos oportunistas están desde hace semanas intentando ver con qué oportunidades se pueden volver a hacer”. “Son los primeros siempre en llamar a nuestra puerta porque buscan oportunidades”, aunque estas “de momento no están apareciendo” al haber podido los empresarios del sector acceder a los créditos ICO y porque “han podido tirar de los ERTE”.
“Mientras las medidas de liquidez estén ahí o se alarguen, evitaremos que muchos fondos oportunistas se puedan quedar con empresas y con activos en el sector”, dijo Ranera a los diputados, aunque advirtió de que estas medidas pueden ser como “dar una patada hacia delante a situaciones que financieramente pueden ser comprometidas cuando los hoteleros tengan que empezar a devolver, porque se les acabe la carencia de los ICO, esas rentas que han podido diferir y tengan que empezar a readmitir a sus trabajadores”.
El Gobierno acaba de presentar un plan de 4.250 millones para salvar al turismo que no ha convencido al sector, porque está basado en más de un 90% en créditos: 2.500 millones son préstamos ICO y 731 millones, para moratorias hipotecarias de hoteles y leasing. Ante la pérdida de sus ingresos, las empresas han pedido ayudas directas para afrontar la crisis de demanda que ha provocado la pandemia y reclaman la extensión de los ERTE hasta diciembre, un aspecto que se está negociando todavía.
Tregua hasta otoño
“No veo una grandísima actividad de los fondos oportunistas”, dice el asesor en España de varios fondos internacionales, que cree que todavía “es pronto” para eso y recuerda que las empresas españolas han llegado a esta crisis más fuertes que en 2008. El colapso financiero de entonces propició un desembarco de firmas especializadas en la compra de activos en situación de estrés a precio de derribo para su posterior venta en sectores como el inmobiliario o el de las energías renovables.
Dada la naturaleza inédita de esta crisis sin precedentes, la tregua de los fondos buitre puede ser temporal. Distintas fuentes creen que el momento clave llegará a partir de octubre. Entonces se acabará la temporada turística en buena parte de España y se verá si hay rebrotes de la pandemia, su intensidad, las medidas de respuesta que se adopten, y si se consigue salvar la temporada de invierno en Canarias. Otro factor que puede paliar la vulnerabilidad de las empresas más afectadas por esta crisis es el alcance del plan de reconstrucción de la UE.
Juan Velayos, ex del fondo buitre estadounidense Lone Star (muy activo en el sector inmobiliario en la anterior crisis), señalaba en una reciente entrevista en El Español que “los bancos están metiendo líneas ICO al sistema, muy necesarias, a lo bestia. Esto generará una paz en la razón de la venta por necesidad de caja y retrasará algunas decisiones” y “ahora habrá un periodo extraño de tres-seis meses”, pero habrá “más transacciones de las que creemos. Los inversores más listos van a poder hacer grandes compras si son capaces de entender que a lo mejor el descuento no será tan grande. Viene un momento entretenido de mercado”.
Entre las medidas que adoptó el Gobierno durante el confinamiento está una suspensión temporal del régimen de liberalización de inversiones extranjeras en determinados sectores considerados estratégicos, como los de la energía, infraestructuras o tecnologías críticas y medios de comunicación.
El mecanismo, criticado por el capital riesgo presente en España, exige una autorización previa a los inversores de países de fuera de la UE que realicen operaciones que supongan una toma de control del 10% o más o permitan ejercer el control de compañías españolas de esos sectores. Según fuentes gubernamentales, hasta ahora el Ejecutivo no ha ejercido el veto a ninguna operación, cuya vigencia no está vinculada al estado de alarma.