Siete medidas progresistas que el Gobierno de Portugal ha aprobado en sus Presupuestos de 2018
Superado el ecuador de la legislatura, el Gobierno del socialista António Costa logró sacar adelante el lunes sus terceros Presupuestos del Estado con el voto favorable de su partido, sus socios del Bloco de Esquerda y los comunistas del PCP, Los Verdes y el apoyo a última hora de los animalistas del PAN. Las cuentas públicas de Portugal estiman un crecimiento de la economía para 2018 del 2,2% y una reducción del déficit hasta el 1%. Estas son algunas de las medidas de signo progresista que contienen:
Menos impuestos las rentas bajas
En 2018, aumentan de cinco a siete los tramos de renta del IRPF, conocido en Portugal como IRS y que tiene unos tipos muy superiores a los de España. Se traducirá en una rebaja de la recaudación que el Gobierno estima en unos 230 millones de euros. Tributarán al 14,5% (como hasta ahora) las rentas de hasta 7.091 euros, pero se introduce un tramo nuevo que grava con el 23% las que van de 7.091 a los 10.700 euros y otro al 28,5% para las comprendidas entre 10.700 y 20.261 euros. Tributarán al 35% las comprendidas entre 20.261 y 25.000 euros y al 37% las que estén entre 25.000 y 36.856 euros.
Todos estos tramos (salvo el primero) disfrutarán de una rebaja que no afecta a los escalones más altos: para rentas de entre 36.856 euros y 80.640 euros el tipo se mantiene en el 45% y a partir de esa cifra, en el 48%.
Además, se elimina definitivamente la “sobretasa” sobre el IRS que impuso la troika y que todavía soportaban las rentas superiores a los 20.261 euros anuales. Por último, se amplía el mínimo exento del IRS, que pasa de los actuales 8.500 euros netos por unidad familiar a unos 8.980 euros. Beneficiará a unas 210.000 familias con bajos ingresos.
Más impuestos a grandes empresas
La denominada “derrama estadual” en el Impuesto de Sociedades para las empresas con beneficios superiores a 35 millones de euros anuales subirá dos puntos, del 7% al 9%. La subida recaudará unos 70 millones y afectará a un número “residual” de compañías, según Jornal de Negócios. Fue propuesta por el Bloco y el PCP y se aprobó con el rechazo de la derecha, que cree que refleja, como señalaba el lunes la diputada Cecília Meireles (CDS-PP), que la coalición de izquierdas “desconfía de la iniciativa privada”.
Subida de las pensiones
En enero, todas las pensiones se actualizarán de acuerdo con una fórmula legal indexada a la evolución de la inflación y al crecimiento de la economía. En agosto habrá un aumento “extraordinario” de entre 6 y 10 euros mensuales a abonar para los 1,6 millones de pensionistas que reciben hasta 632 euros de prestación. Además, más de 7.000 personas que se jubilaron de forma anticipada a partir de 2014 y que reciben prestaciones por debajo del umbral de la pobreza recibirán un complemento especial “solidario” durante el ejercicio.
Subidas de sueldo para los funcionarios públicos
La “descongelación” de las carreras profesionales de los empleados públicos se producirá en cuatro fases, 25% a partir de enero, otro 25% en septiembre, y ya en 2019, otras dos subidas en mayo y diciembre. Tendrá un impacto negativo en el déficit público de 211 millones, otros 222 millones en 2019 y 189 millones en 2020, según el diario Público.
Butano, libros de texto y parados
En el ámbito de la energía, se extenderá automáticamente el bono social de la electricidad y del gas natural al butano con una “tarifa solidaria” con descuentos para los usuarios vulnerables de esta fuente, que suelen ser familias de bajos recursos; en educación, habrá más libros de texto gratuitos en las escuelas públicas y una reducción de la ratio de alumnos por aula en la enseñanza básica; también se habilitan descuentos del 25% en el transporte público para niños de 4 a 18 años; y se pondrá fin a un recorte del 10% en el subsidio de desempleo cuando se agotan los seis meses de prestación.
La aprobación de estas cuentas no ha estado exenta de polémica por las divergencias entre los socios de la mayoría de izquierdas que da apoyo parlamentario a Costa. El principal punto de fricción ha sido un impuesto a las energías renovables que fue descartado a última hora por los socialistas el lunes.
La nueva tasa, que había sido propuesta por el Bloco de Esquerda, habría extendido a la energía eólica la “contribución extraordinaria” que fue creada para la generación convencional por el anterior Gobierno en 2014. Habría permitido abaratar el recibo de la luz en 2018 con una recaudación de unos 250 millones, según los cálculos del diario Observador. La principal perjudicada habría sido la antigua eléctrica estatal, EdP.
También se han quedado por el camino, entre otras medidas, un “impuesto a la sal” que había propuesto el Gobierno para gravar este producto para financiar el gasto sanitario y que iba a recaudar 30 millones.
Las cifras económicas siguen acompañando a Costa, pero el primer ministro ha perdido el momento dulce que vivía la pasada primavera. El socialista superó en octubre una moción de censura del derechista CDS, sigue con ventaja en los sondeos y no tiene un líder fuerte en la oposición, tras el anunciado paso atrás del ex primer ministro Pedro Passos Coelho. Pero está por ver si mantiene el apoyo parlamentario de sus socios en lo que le queda de legislatura.
Portugal salió en junio del procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea, pero la imagen de Costa ha quedado dañada por la pésima gestión de los incendios de junio y octubre, que calcinaron 442.000 hectáreas y causaron más de un centenar de muertos. Como señalaba el escritor portugués Gabriel Magalhaes en un artículo publicado el lunes en La Vanguardia, “Costa ya no es el mago Merlín de la política portuguesa: la varita se le ha quemado en las llamas de este último verano. Hay que reconocer que se trata de un buen negociador y un gran gestor de su propia imagen, pero su horizonte no va más allá de conservar lo que hay. En el fondo, como Rajoy”.
