Estas son las medidas que están tomando otras ciudades del mundo para frenar los alquileres de Airbnb
Cada vez hay más turistas en el mundo. La Organización Mundial del Turismo registró 1.200 millones de ellos en 2016. Más viajeros que se concentran, en muchas ocasiones, en las mismas ciudades y que en muchos casos cambian los hoteles por apartamentos turísticos.
Al calor de este boom, las plataformas donde se anuncian los apartamentos han vivido un fuerte crecimiento. Dentro de estas destaca un nombre propio: Airbnb. Esta plataforma desde su nacimiento en 2008 ha crecido hasta tener millones de usuarios registrados en todo el mundo y alcanzar una valoración de 31.000 millones de dólares.
La cara más oscura de este fenómeno son las manifestaciones vecinales, las críticas relativas a la turistificación de las ciudades y al encarecimiento del precio de la vivienda a causa de esto. En este contexto, los ayuntamientos han tratado de buscar diferentes vías para encontrar soluciones a los problemas de acuerdo a las diferentes legislaciones. En algunos casos con acuerdos con la plataforma y en otros no.
Ámsterdam
El Ayuntamiento fue uno de los primeros que firmó un acuerdo con la plataforma de viviendas Airbnb con el que se buscaba promover un “homesharing” (para definir que se alquile una habitación de la vivienda propia durante un periodo corto de tiempo) responsable, reforzar las normas contra los hoteles ilegales y simplificar el pago de la tasa turística. El año pasado Administración y plataforma renovaron el acuerdo añadiendo la limitación de 60 días como plazo máximo que se pueda alquilar una vivienda particular. La plataforma se comprometió a incluir un mecanismo informático para ello.
“Aquí la vivienda es cara porque no hay mucho espacio y la demanda es alta”, explica Laura, una española que vive desde hace tres años en Ámsterdam. La capital holandesa es una de las ciudades europeas donde se nota más el turismo, más allá de las cifras absolutas por su proporción frente a los habitantes permanentes. Mientras que hay 800.000 residentes de la ciudad, el año pasado llegaron más de cinco millones de visitantes. A esta proporción, se añade la propia orografía de la ciudad.
El resultado ha sido que varias asociaciones de vecinos, agrupadas en la plataforma Faircity Amsterdam, comenzaron a quejarse de los efectos del turismo y de la gentrificación de la ciudad. La derivada del acceso a la vivienda es una de las mayores reivindicaciones. Finalmente acabó naciendo un movimiento denominado FairBnB centrado en el enfoque turístico y en la gestión ciudadana de este.
Londres
Otra de las ciudades que han tomado medidas respecto al alquiler turístico. En marzo de 2015, la nueva legislación reformó la normativa que se había aprobado en la década de los 70. La nueva norma permite que se alquile la vivienda propia con uso turístico, pero limita esto hasta 90 días como máximo. En este caso, la plataforma también ha anunciado que incluirá un mecanismo para que las viviendas completas no se alquilen por un periodo mayor a esta cifra.
París
La capital francesa también ha tratado de controlar el alquiler y el acceso a la vivienda. En su caso, la propuesta va enfocada hacia poner más impuestos a las viviendas vacías para promover el alquiler de las mismas. De esta forma, el objetivo es incrementar los impuestos que pagan las segundas residencias desde el 20% hasta el 60%.
Berlín
La decisión fue más drástica y la Administración decidió prohibir el alojamiento turístico. Un tribunal alemán avaló esta decisión. “La disponibilidad de viviendas a precios accesibles se ve gravemente amenazada en toda la ciudad de Berlín y la regulación está justificada”, argumentó el juez en su sentencia en la que rechazó los alegatos sobre una supuesta violación de los derechos de los propietarios.
Estados Unidos
Airbnb nació en San Francisco en 2008 a raíz de la necesidad de alojamiento que vieron sus fundadores para un congreso que se celebraba en la ciudad. A pesar de ser su ciudad de origen, su relación es tensa y ha llegado hasta los tribunales.
En 2015, la ciudad acusó a la plataforma de empeorar la situación de la vivienda en la ciudad. Posteriormente, la empresa llevó a los tribunales a la ciudad por la normativa del alojamiento, concretamente, la parte que obligaba a estar registrado en el censo de la ciudad. En noviembre del año pasado, la justicia rechazó suprimir la ordenanza, como pedía la empresa.
La plataforma ha lanzado un programa bajo el nombre “un anfitrión, una casa” que se aplica en dos ciudades estadounidenses. En San Francisco y en Nueva York, donde también había tensiones respecto a la normativa local de la vivienda de alquiler. Esta limitación tiene excepciones como por ejemplo, los Bed and Breakfast y otros alojamientos tradicionales.
Otro de los focos de polémica de estas plataformas ha sido el tema fiscal. La plataforma ha desarrollado diferentes programas para ayudar a recaudar impuestos. En Estados Unidos, han llegado a acuerdos con 275 ayuntamientos para recoger o remitir los impuestos relativos a las tasas turísticas o a otros conceptos relativos al alojamiento.
Las soluciones son diferentes porque deben adaptarse a la legislación de cada país. En el caso de España, las soluciones además tienen que adaptarse a las normativas de las comunidades autónomas, aunque los problemas que se crean en muchos casos tienen impacto local.
