La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va a pedir financiación de los Fondos Europeos de Recuperación para acelerar su digitalización y poner en marcha, entre otras iniciativas, la primera herramienta oficial de medición de la calidad de la conexión de banda ancha de los usuarios en España, o utilizar la inteligencia artificial para vigilar contenidos de las plataformas de intercambio de vídeos como Youtube y detectar prácticas anticompetitivas.
Son medidas recogidas en el Plan de Actuación 2021-2022 que el 'súperregulador' ha sacado a consulta pública y que contempla también una acción inminente: un nuevo canal de denuncias que la Dirección de Competencia del organismo prevé lanzar la próxima semana. La principal novedad de la nueva herramienta es que permitirá el “anonimato bidireccional”: poder comunicarse con informantes que no quieran revelar su identidad con posterioridad a la presentación de sus denuncias.
Esos nuevos buzones “también podrán usarse en otros ámbitos de la CNMC”, según fuentes de la entidad, y consistirán, de acuerdo con su plan de actuación, en un nuevo canal de colaboración que permita “la comunicación bidireccional entre CNMC/informante, pese a mantener el anonimato del informante, si así lo desea”.
La CNMC utiliza desde hace años la figura del solicitante de clemencia (empresas que participan en un cártel y delatan su existencia a cambio de exenciones o reducciones de multas), y también está adoptando medidas para proteger a los informantes, aunque según su presidenta, Cani Fernández, no es fácil hacerlo.
“Nos encantará que nos llamen, si ustedes lo ven conveniente, para que podamos compartir nuestras experiencias y las dificultades que estamos encontrando en algunos casos para dotar a los informantes y a los denunciantes de un estatuto de protección suficiente”, dijo Fernández la semana pasada a los diputados en una comparecencia en el Congreso en la que cargó contra la falta de autonomía económica y funcional de este organismo teóricamente independiente que preside desde el pasado verano.
El nuevo buzón para denunciantes forma parte de las acciones estratégicas más inmediatas para consolidar la cultura de competencia y de buenas prácticas regulatorias de la CNMC. El organismo se ha marcado el objetivo de impulsar y potenciar su Unidad de Inteligencia Económica (UIE) con el desarrollo de nuevas herramientas de digitalización e inteligencia artificial. Como ha señalado Fernández, digitalización y transición ecológica “van a ser dos de los principales motores” del Plan Estratégico 2021-2026 que también ha sacado a consulta pública.
Con un enfoque mucho más concreto que ese plan, el programa bianual prevé solicitar financiación de los fondos europeos para varias actuaciones de fuerte poso tecnológico previstos para este año y 2022.
“En la medida en que se trata de proyectos de transformación digital de potencial gran impacto, es posible que sean elegibles para su financiación por los fondos europeos a través de los procedimientos que en su momento se especifiquen en la Secretaría General de Administración Digital”, explican fuentes de la CNMC.
Comunicación de indicios
Dinero europeo mediante, la actuación más inmediata, para este mismo año, es potenciar una nueva plataforma de comunicación con las autoridades de competencia autonómicas de las CCAA “mediante el desarrollo de un interfaz de comunicación de indicios” de prácticas colusorias y una aplicación automática para que los órganos de contratación puedan informar de prácticas potencialmente anticompetitivas.
Otras tres actuaciones supeditadas a la obtención de fondos europeos corresponden a la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual, cuya dotación de recursos humanos Fernández calificó de “dramática” la semana pasada: “Tenemos 15 personas” y con la nueva ley del sector “vamos a asumir la función de regular a los 'influencers' y a los 'youtubers”, dijo a los diputados.
Esta dirección prevé lanzar en 2022 un proyecto piloto para aplicar técnicas de inteligencia artificial a los contenidos de plataformas de intercambio de vídeos “con capacidad para identificar contenidos susceptibles de incumplir la normativa audiovisual”, porque estén prohibidos, por tratarse de publicidad encubierta o por ser potencialmente perjudiciales para menores y no estar debidamente señalizados.
Esta actuación estará supeditada a la llegada de las ayudas de la UE, así como la elaboración de una herramienta para que los usuarios puedan medir la calidad de su conexión de banda ancha.
“El objetivo final del proyecto es implantar en España un sistema oficial de medición de la calidad de los servicios de acceso a internet tanto fijos como móviles, que permita establecer el marco necesario para supervisar el cumplimiento de las condiciones de calidad y de neutralidad de la red ofrecidas en los servicios comerciales de los operadores”, explica el plan de actuación.
El documento también contempla lanzar en 2022 un comparador de precios de los servicios de telecomunicaciones, que estaría en línea con el que ya existe para las ofertas del mercado eléctrico, “condicionado a la asignación de competencias a la CNMC como resultado de la transposición del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas”.
La obtención o no de fondos europeos también determinará el nivel de ambición de un proyecto para la utilización de técnicas del lenguaje natural derivadas de la inteligencia artificial “para la detección de actos y disposiciones que obstaculicen el mantenimiento de la competencia efectiva a los efectos de su posible impugnación, especialmente en el sector de los Colegios Profesionales y en la Contratación Pública”.