El 15 de agosto, festivo en todo el país, terminó la vigencia del Plan Prepara, una de las ayudas para parados de larga duración que agotan todas sus prestaciones. Su renovación era automática hasta que la tasa de paro bajara del 18% y unas semanas antes ese requisito se cumplió: la Encuesta de Población Activa arrojó una tasa de paro del 17,2% en el segundo trimestre del año.
El Gobierno mostró su voluntad de seguir prorrogando la ayuda, pero la renovación no se ha producido: una sentencia del Constitucional y el enfrentamiento del Ministerio de Empleo con diez comunidades autónomas han hecho que el Plan Prepara, de momento, deje de existir.
La situación no afecta a quienes ya estén cobrando la ayuda: lo seguirán haciendo hasta que la agoten. Pero sí afecta a quienes cumplan los requisitos desde el 15 de agosto: si acuden a una oficina de empleo, no podrán solicitar el Plan Prepara porque no existe. Desde el Ministerio de Empleo insisten en que en otras ocasiones las prórrogas han sido retroactivas y en que hay voluntad para que así vuelva a ser. La ministra del ramo, Fátima Báñez, comparece este martes en el Congreso para explicar los planes del Gobierno sobre el Prepara.
Fue el Gobierno de Zapatero el que aprobó el Plan Prepara en 2011, una ayuda de 426 euros para parados que agotaran todas sus prestaciones. En sus primeros semestres de funcionamiento la media de beneficiarios era de 180.000. La cifra cayó drásticamente cuando el Gobierno de Mariano Rajoy endureció los requisitos: pasaron a ser 65.000 beneficiarios. Actualmente, son 12.000 personas de media las que cobran la ayuda cada semestre.
Este plan convive con otras ayudas similares, como el Programa de Activación para el Empleo (PAE), cuyo número de beneficiarios también está por debajo de los objetivos que se marcaron al principio.
Cambio de competencias
A finales de julio, el Tribunal Constitucional declaró que la gestión del Plan Prepara correspondía a las comunidades autónomas, y no al Estado, porque se trata de una subvención, y no un subsidio. Respondía así a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno vasco. El Ministerio de Empleo convocó entonces a sindicatos y patronal, que acordaron abordar el asunto con las comunidades autónomas, a quienes la sentencia afecta directamente.
Empleo tiene ahora que convocar a las comunidades, con quienes mantiene un duro enfrentamiento por la Estrategia de Empleo para los próximos años y el Plan de Choque que el Gobierno quería aprobar durante el verano. El encontronazo hizo incluso que la mayoría de los territorios votara en contra del reparto de fondos para políticas activas de empleo, que han quedado bloqueados.
La fórmula que baraja el Ministerio para prorrogar el Prepara pasa por que las comunidades autoricen una encomienda de gestión al Gobierno. De esta manera estarían, por decirlo de algún modo, cediendo la gestión de esa competencia a Empleo. El Ministerio tendrá que discutir esta fórmula con las comunidades en una conferencia sectorial aún sin fecha.
De momento, Comisiones Obreras ha propuesto otra fórmula que permitiría la prórroga de la ayuda en cualquier Consejo de Ministros. El sindicato plantea que se modifiquen los requisitos para acceder al Programa de Activación para el Empleo (PAE) de forma que tengan cabida las personas que fueran a acogerse al Prepara. Como el PAE sí que es concebido como un subsidio y no como una subvención, no habría conflicto de competencias.
Gobierno y agentes sociales se volverán a reunir el próximo lunes para hablar de prestaciones sociales. Más allá de qué suceda con el Plan Prepara, el Ejecutivo se comprometió hace meses a revisar todo el sistema de protección social y a aclarar el maremágnum de prestaciones. Sindicatos y oposición tienen como prioridad aumentar la cobertura social, que ha caído incesantemente en los últimos años.