El Gobierno pretende aprobar este año la reforma de las pensiones para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados

Tener aprobada la reforma de las pensiones y el sistema de la Seguridad Social este 2020. Esta ambiciosa meta es la que se ha marcado el nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La nueva legislación sustituirá la reforma unilateral de 2013 del PP y garantizará por ley, de manera estable, una subida anual de las pensiones que garantice el poder adquisitivo de los pensionistas, eliminando así el famoso 0,25% de Rajoy. Para financiar y sostener la Seguridad Social, la reforma trasladará numerosos “gastos impropios” a los Presupuestos Generales del Estado.

José Luis Escrivá ha anunciado este y otros planes del Ministerio que dirige en su comparecencia este jueves en la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados. El Gobierno prevé cerrar la reforma de las pensiones antes de que concluya el año y después de que los diferentes partidos políticos alcancen un acuerdo en la materia en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, por lo que en el Ejecutivo confían en que este consenso político llegue pronto.

Varias formaciones han comenzado con optimismo el debate sobre las pensiones esta legislatura y esperan lograr un pacto más fácilmente ahora que Unidas Podemos forma parte del Gobierno. 

La premisa del ministro y la de su equipo, ha subrayado José Luis Escrivá ante los parlamentarios, es lograr crear tres grandes consensos: uno en torno a la inclusión, por el que la sociedad española no deje a nadie atrás y garantice la igualdad de oportunidades; “el consenso” por excelencia, referido al sistema público de pensiones; y, por último, un acuerdo de Estado en torno a la migración, “vital” para mantener el actual y futuro sistema del bienestar, ha subrayado el ministro. 

Fin por ley al 0,25% de Rajoy

En relación a las pensiones, el ministro ha destacado la urgencia de eliminar la incertidumbre actual de los jubilados y de los futuros pensionistas sobre el sistema público. José Luis Escrivá ha sido contundente: “Tenemos una Seguridad Social sólida y solvente como punto de partida”.

Esta no es la idea que tienen muchos ciudadanos, según las encuestas, que muestran un aumento de los temores de la población en relación a las pensiones. El responsable de la Seguridad Social ha destacado que “se está diciendo a los pensionistas constantemente que sus rentas están en riesgo cuando no es verdad y no va a ser verdad. Es una situación intrínsecamente injusta”.

En estos discursos catastrofistas, Escrivá ha apuntado hacia “investigadores privados” y determinadas “instituciones internacionales”, cuando la Seguridad Social “es la que mejor datos tiene” y, en su opinión, ha “estado bastante silente durante mucho tiempo”.

El ministro pretende que esa idea de sostenibilidad quede clara este año, gracias a una mayor transparencia en los datos de la Seguridad Social. Además, en primer lugar tiene que alcanzarse un acuerdo político en el Pacto de Toledo y, después, aprobarse la nueva norma sobre pensiones que dote de estabilidad al sistema a medio y largo plazo. Para la elaboración de la nueva legislación, el Gobierno también negociará con los sindicatos y la patronal, con los que comienza el diálogo social el próximo día 11. 

La meta, ha explicado el ministro, es que la revalorización anual de las pensiones de 2021 ya cuente con el nuevo mecanismo de subida de las pensiones por ley y que no se tenga que aprobar mediante excepciones a la actual reforma de pensiones de Rajoy de 2013, como se ha hecho en los últimos ejercicios.

Así, se tumbará el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) del PP, más conocido como “el del 0,25%”, porque esta es la subida que provoca año a año. La reforma que se plantea es general, no solo de la revalorización, apuntan fuentes de la Seguridad Social, por lo que también se derogará el factor de sostenibilidad de las pensiones que aprobó el PP y que nunca se ha llegado a implementar. 

Garantizar la sostenibilidad del sistema

El ministro de la Seguridad Social, antes presidente de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), ha afirmado que la sostenibilidad de la Seguridad Social a corto plazo se puede lograr con cierta facilidad a través del traspaso a Presupuestos Generales del Estado de los llamados “gastos impropios”. Se trata de partidas que ahora se pagan con cotizaciones sociales de la Seguridad Social y que pasarían a pagarse con impuestos. Por ejemplo, las ayudas a la contratación de las empresas y gastos administrativos, entre otros gastos. 

Según fuentes de la Seguridad Social, el traspaso de gastos que estudia el Ministerio prácticamente acabarían con el déficit actual del sistema, de unos 18.000 millones de euros.

A largo plazo, en las próximas décadas, sí hay un reto importante de carácter temporal: la jubilación de la numerosa generación del baby boom, que aumentará notablemente el gasto en pensiones, mientras que la población trabajadora que lo afrontará se prevé que sea más reducida. 

El ministro ha defendido que este reto “es manejable, abordable” con algunos ajustes, entre los que figuran el incremento de la población en edad de rabajar a través de la inmigración. Escrivá ha apostado también por impulsar “una palanca muy importante, que no hemos explotado, los incentivos positivos para que la edad efectiva de jubilación se acerque a la legal”.

La edad ordinaria de jubilación llegará a los 67 años en 2027, para lo que se está aumentando de manera progresiva. En 2020 es de 65 años y 10 meses. La edad real a la que se jubilan los ciudadanos en España, en cambio, es “mucho más baja”, ha recordado Escrivá, por lo que su Ministerio trabajará para impulsar el retraso de estas salidas del mercado laboral. “Existen instrumentos de la Seguridad Social para propiciar de forma voluntaria jubilaciones más largas que no se están utilizando o que incluso no son conocidos”, ha destacado.

Ingreso Mínimo Vital contra la pobreza en 2021

Del lado de la inclusión, José Luis Escrivá ha recordado que su Ministerio desarrollará el Ingreso Mínimo Vital contra la desigualdad y la pobreza, que prometió el PSOE en su programa electoral. Uno de cada tres niños en España está en riesgo de pobreza y exclusión en España y los índices de pobreza severa de la población en general son de los más altos de Europa, situaciones que asombraron al relator de la ONU sobre pobreza en su reciente visita a España. 

Fuentes de la Seguridad Social apuntan que la intención del ministro es que este ingreso mínimo a nivel estatal pueda despegar a partir de 2021, plasmado en sus Presupuestos Generales, mientras que este 2020 la idea es aumentar solo las ayudas por hijo a cargo para las familias sin recursos.

El ministro ha afirmado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estará “bien diseñado” y será “muy preciso”. Escrivá ha explicado, algo que ya defendió en su etapa al frente de la AIReF, que las políticas españolas contra la desigualdad son en la actualidad ineficaces, con una incidencia muy limitada en la reducción de la desigualdad, solo por detrás de Italia en el entorno europeo. 

La voluntad del nuevo equipo del Ministerio, de alto perfil técnico y con varias incorporaciones procedentes de la Autoridad Fiscal Independiente, pasa por detectar los perfiles concretos que necesitan esta ayuda estatal y configurar un ingreso mínimo que sea efectivo y logre realmente reducir la desigualdad. Aunque aún debe desarrollarse, la intención inicial del Ministerio pasa por que este ingreso pueda ser compatible con la recepción de otras rentas y de un salario, con la idea de alcanzar a los trabajadores pobres. 

El objetivo, ha destacado José Luis Escrivá en el Congreso, consiste en crear un sistema de políticas inclusivo menos orientado hacia la mera asistencia y más enfocado en la “movilidad social”, que las personas puedan mejorar su situación de partida. Lo fundamental, ha insistido el ministro, es “romper el círculo vicioso” de la desigualdad, que lleva a muchas personas a la desafección respecto al sistema y las instituciones públicas y a la marginalidad social.