El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha abierto la puerta este miércoles a retirar los controles de máximos impuestos a Catalunya en aplicación del artículo 155 de la Constitución: “Lo iremos viendo”, ha dicho en un foro organizado por El Economista. En todo caso, sí ha garantizado que mantendrá “al menos” los controles mensuales establecidos en 2015 sobre los presupuestos de la comunidad autónoma.
Montoro ha expresado su sorpresa por el hecho de que el nuevo presidente catalán Quim Torra haya anunciado que tan pronto tome posesión del cargo enviará una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle que fije “día y lugar” para celebrar una reunión, en la que le exigirá poner fin al 155 y al control de las finanzas catalanas.
“No he entendido bien por qué pide que se levante ¿a quién le estorba que exista un control de legalidad?”, se ha preguntado. “Lo primero que pide es 'que me dejen sin control'. Pues va a ser que no, porque con lo declarado hasta ahora está creando un elemento de desconfianza de primer orden”, ha advertido.
Para Montoro, lo que puede hacer Torrá es “poner en riesgo la calificación soberana del reino de España”, como ya ocurrió en 2015 cuando se estableció el control mensual sobre las cuentas catalanas cuando se destinó una partida del presupuesto al referéndum independentista, que fue declarado inconstitucional. “Ese control, mientras sigan empecinados en presentarse en actitud desafiante frente la legalidad vigente, va a seguir”, ha recalcado.
Ha recordado que este control consiste en exigir al Gobierno de la Generalitat que dé testimonio mensual de que destina los presupuestos a los que efectivamente están programados (sanidad, educación, inversión, etc). “Es el control que evita que se usen recursos públicos a actividades que no son legales”, ha recalcado.
En cuanto a la intervención según el artículo 155, el ministro ha recalcado que el sistema, que implica que la intervención de la Generalitat debe ir reclamando al Banco de España los pagos que normalmente están a cargo al sistema de financiación, “ha sido funcional, operativo y de legalidad”. “Iremos viendo esa retirada de controles”, ha destacado.
En lo que se refiere a las cuentas de TV3, ha subrayado que “están controladas” y ha añadido que “lo que no puedes hacer desde servicios públicos es promoción de actividades ilegales, como si hiciéramos campaña de los beneficios del consumo de drogas o del contrabando de tabaco”.
Nuevo impuesto a las tecnológicas
Además, Montoro se ha referido, sin concretar tampoco demasiado, al nuevo impuesto a las empresas tecnológicas con el que se pretende financiar la subida de pensiones. Ha insistido en que dará tiempo a implantarlo este mismo año (se supone que recaudará 600 millones este ejercicio) gracias a la “digitalización” de la función pública. Montoro ha comparado las dudas sobre su aplicación con las que suscitó la implantación del Sistema Integrado de Información (SII) en el IVA de las empresas que finalmente está perfectamente en vigor.
Sobre quiénes serán los objetos de este impuesto, ha hablado de “los que menos contribuyen actualmente” que “están perfectamente identificados”, ha dicho. Suele hablarse de operadores como Google, Amazon o Facebook y sus técnicas de elusión fiscal. “Los operadores digitales pagan pocos impuestos en España y otros países”, ha recordado.
Consejo de Política Fiscal y Financiera
El ministro ha explicado que se convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) inmediatamente después de la votación en pleno de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 en el congreso (finales de mayo o primeros de junio).
En esta reunión de Hacienda con los consejeros del ramo de la comunidades autónomas se tratará la reforma de la financiación regional. “La intención es llevar adelante esta reforma de la financiación, pero no podremos sin el PSOE”, ha advertido. Ha recordado que los socialistas gobiernan en siete comunidades, y ha tachado su apoyo de fundamental. “No sería conveniente con la mayoría de los presupuestos, no tendía sentido”, ha dicho en referencia a los apoyos con los que contarán para esta ley (Ciudadanos, el PNV, las formaciones canarias y varios partidos regionalistas más).
Dentro de esta reforma, que debería ir en paralelo a la local, ha subrayado, se incluiría una reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas. “Aspiramos que las comunidades vayan saliendo al mercado a financiarse, el mercado debe valorar la gestión presupuestaria que hacen”, ha añadido.