Los movimientos por la vivienda reclaman un acuerdo a los partidos antes del 28A: “Esto no es juego de tronos, es una emergencia”
Semana importante para los movimientos por la vivienda digna. Con el reloj de las elecciones puesto en marcha, representantes de los sindicatos de inquilinos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han reunido con todos los grupos parlamentarios excepto PP y PNV (que declinaron la invitación) para reclamarles un decreto de alquiler que revierta las leyes que a su juicio han dado lugar a una nueva burbuja. El Gobierno y Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea han retomado las conversaciones con la intención de poder sacar adelante un nuevo acuerdo, tras la derogación del primer decreto.
En la misma semana se han ejecutado los desahucios de cuatro familias, que hasta ahora se habían logrado evitar, en el emblemático bloque de Argumosa, 11, símbolo de la especulación inmobiliaria en Madrid, donde los nuevos dueños han subido un 300% los precios de alquiler. Mientras, en Barcelona las inmobiliarias y constructoras han llevado a los tribunales el plan de Ada Colau para destinar un 30% de nueva vivienda a uso protegido.
“Ahora es el momento de impulsar unas medidas que son insoslayables, urgentes. Estamos en un estado de emergencia habitacional”, resume el portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera. Junto a representantes de sindicatos de inquilinos de otras ciudades y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Palomera se reunió el pasado miércoles con portavoces de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu. PP y PNV declinaron mantener una reunión con ellos, explican.
La impresión que obtuvieron los movimientos por la vivienda es que hay margen para una mayoría capaz de aprobar un nuevo decreto que pueda ser convalidado en la diputación permanente, que es el órgano de representación parlamentaria que sustituye al pleno del Congreso en periodos inhábiles, como el que comenzará cuando se disuelvan las Cortes el día 5 de marzo.
“Les dijimos que los 'juegos de tronos' y la competición preelectoral no puede ser excusa para no tomar medidas urgentes”, explica Palomera en referencia a una serie televisiva en la que abundan las intrigas políticas.
Tanto los sindicatos de inquilinos como las plataformas de afectados por la hipoteca consideran que la principal ausencia del decreto que aprobó el PSOE y que no fue convalidado en el Congreso, con los votos en contra, entre otros, de Unidos Podemos, es la regulación de precios y el límite a las revalorizaciones excesivas de renta. “A las familias desahuciadas de Argumosa les exigían subidas de precios del 300%, una vergüenza democrática”, afirma Palomera. “Estos límites son urgentes y ya se aplican en muchas ciudades de Europa”.
Según afirma, a las asociaciones de inquilinos “llegan familias de toda condición”, en un contexto en el que los desahucios se han disparado a 165 al día. Por ello, su segunda reclamación central es que en el nuevo decreto se incluya la obligación de dar una alternativa habitacional a las familias más vulnerables en caso de desahucio.
Subidas interanuales por IPC
Además de estos dos asuntos “centrales”, el límite de precios y la solución para desahuciados vulnerables, los movimientos por la vivienda plantearon otras cuestiones, entre ellas volver a vincular al IPC las subidas interanuales de precios dentro de un mismo contrato. Se trataría de recuperar el límite de las subidas anuales a la variación de la inflación. En la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 se estableció que estas subidas, de darse, serán las pactadas entre las partes. En caso de salir adelante un nuevo decreto, la duración de los contratos podría ser de hasta siete años (en el caso de propietarios personas jurídicas, cinco en el de las físicas) y se podría dar el caso de que se pretendieran practicar revalorizaciones de la renta abusivas. De este modo, solo se podrá elevar el precio lo que haya variado el IPC de un año a otro, protegiendo al inquilino y evitando subidas arbitrarias dentro del mismo contrato.
También reclamaron que el derecho de tanteo y retracto, aquel que da prioridad a las administraciones públicas frente a los fondos para adquirir edificios de vivienda siempre que estén dispuestos a igualar el precio, se extienda más allá de los ayuntamientos. Su petición es que otras administraciones, así como asociaciones, entidades, cooperativas u ONG, puedan disfrutar de esta prerrogativa frente a los fondos especulativos.
Otro de los ejes de sus reivindicaciones es la vivienda vacía: pretenden que se promueva la movilización de casas desocupadas a través de multas. “Por cada persona en el país hay una vivienda y media: no hay necesidad construir sino que sean puestas en manos de las administraciones”, afirma Palomera.
Revertir los privilegios fiscales de las socimis, las sociedades que se dedican al alquiler, y hacer que sean los propietarios quienes paguen los honorarios de los intermediarios, y no los inquilinos, son otras de sus reivindicaciones.
