Gobierno, entidades de gestión, productores, editores e industria digital han presentado hoy, cuando se cumplen 25 años de la Ley de Propiedad Intelectual, el Observatorio de la Propiedad Intelectual que nace con el objetivo de adaptar la industria cultural a la realidad digital.
Con este motivo, representantes de todos los sectores integrados en este sector han suscrito un manifiesto en el que apuestan por el consenso entre las industrias culturales, de contenidos y creativas a través de este observatorio, que tendrá carácter internacional.
La Ley de Propiedad Intelectual de 1987, recuerda el manifiesto, puso a España en la vanguardia normativa y dotó de “dignidad y respeto” a los derechos económicos y morales de los creadores y empresarios de la industria cultural.
Pero, como ha indicado en el acto de conmemoración de este aniversario la directora general de Industrias Culturales y del Libro, María Teresa Lizaranzu, hay que adaptar esta norma a la realidad digital, proceso que debe hacerse de forma consensuada para alcanzar un equilibrio entre los diferentes actores.
Para ello es necesario incentivar la oferta legal de contenidos y potenciar nuevos modelos de negocio que permitan un acceso más amplio a la cultura, ha señalado Lizaranzu.
El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Antón Reixa, se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de incrementar la oferta de contenidos culturales legales a través de internet y ha recalcado que, al igual que las negociaciones iniciadas sobre los desahucios, el pacto sobre la nueva regulación de la propiedad intelectual “sea el primer instrumento para no tener que hablar sobre el desahucio cultural”.
Antonio Guisasola, presidente de Promusicae (Productores de Música de España), ha explicado que la ley española no se reforma desde 2006, mientras que otros países europeos han seguido actualizando su regulación de la propiedad intelectual.
La lucha contra la piratería, el hecho de que la conocida como “Ley Sinde” haya tenido una implementación “poco cercana al éxito”, la necesidad de un esfuerzo pedagógico y la búsqueda de soluciones extrajudiciales a los conflictos son algunos de los temas pendientes, ha sostenido Guisasola.
Pedro Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoleas (Fapae), ha puesto de manifiesto que pese a que el Gobierno “ha tomado decisiones contra el mundo de la cultura”, todos los sectores saben que lo que prevalecerá es el interés general.
Por parte de Google, su directora de Políticas Públicas, Bárbara Navarro, ha recalcado la necesidad de que la reforma tenga como resultado una ley de propiedad intelectual “fuerte y que funcione” durante los próximos 25 años y ha animado a crear un marco que permita nuevos modelos de negocio y que España lidere la industria de los contenidos.
El observatorio cuenta también con el apoyo de Francia, país que, según ha señalado el consejero cultural de la Embajada gala en España, Alain Fohr, apuesta por los derechos de propiedad intelectual, un tema que ha considerado “crucial para el futuro” del continente europeo.
Dar a conocer las industrias culturales como los “nuevos yacimientos de empleo y desarrollo económico”, impulsar la presencia de la formación en materias de derecho de autor y del “copyright” en los ámbitos pedagógicos, y la promoción del talento “como arma y alma contra la vulneración de las obras, marcas, derechos y patentes”, son algunas de los objetivos que guiarán la labor del nuevo observatorio.