Nacho Álvarez: “Los votantes progresistas no entenderían que Biden sea más ambicioso que el Gobierno de coalición con los Presupuestos”

“Vamos a un Gobierno más político”. Así lo cree el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, (Madrid, 1977) tras la crisis de gobierno que ha dado un vuelco a los ministerios socialistas del Ejecutivo de coalición. Álvarez no entra a valorar los cambios que ha aprobado el presidente Pedro Sánchez y se limita a señalar que las personas “deben estar al servicio de los proyectos”. Con esta premisa, abunda en la necesidad de que la segunda parte de la legislatura se cumpla “con el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con Bruselas, que respeta y cumple con el programa de Gobierno pactado entre Unidas Podemos y el PSOE”.

Como principal negociador por parte de Unidas Podemos de los Presupuestos Generales de 2022, Álvarez se pone como objetivos unas cuentas públicas que afiancen la recuperación económica, apuntalen la creación de empleo y permitan “desplegar en esta segunda mitad de su legislatura la agenda social que en algunos aspectos todavía está pendiente de completar”. Para el secretario de Estado de Derechos Sociales no sería entendible para la ciudadanía, “especialmente la ciudadanía progresista, los votantes de izquierdas”, que en un momento de recuperación con un crecimiento de la economía al 6% “este Gobierno no sea capaz de ser más ambicioso en los Presupuestos”. Álvarez apunta que hay elementos como el impuesto mínimo del 15% a las empresas que se podrían poner en marcha inmediatamente, pero retrasa la imposición de una fiscalidad verde “mientras no garanticemos que existan subvenciones dirigidas específicamente a los colectivos de menor renta” que se vean afectados por la transición ecológica.

¿Cuándo se han enterado de la crisis de Gobierno?

Desde el primer momento la vicepresidenta, Yolanda Díaz, en nombre de Unidas Podemos, ha mantenido la interlocución y negociación con el presidente sobre este tema. Desde Unidas Podemos considerábamos que debíamos mantener los cinco ministerios, y así lo hemos conseguido. 

¿Qué le parecen los cambios en los ministerios de su socio de Gobierno?

En política, las personas deben estar al servicio de los proyectos. Y creo que este gobierno tiene un reto muy claro para la segunda mitad de la legislatura: afianzar una recuperación justa que permita salir de la crisis con menos desigualdades, con las fuerzas del feminismo y las mujeres, así como impulsar la transición ecológica y desplegar una ambiciosa agenda social.

¿Cómo interpretan el ascenso de Nadia Calviño a vicepresidenta primera cuando ha sido la persona que ha frenado iniciativas como la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy o la subida del salario mínimo?

Las tres primeras Vicepresidencias mantienen las mismas competencias que tenían antes de la remodelación del gobierno. Además, el programa de gobierno para el resto de la legislatura está claro que debe pasar por cumplir con el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con Bruselas, que respeta y cumple con el programa de Gobierno pactado entre Unidas Podemos y el PSOE. 

¿Cree que el Gobierno en temas económicos va a ser más tecnócrata que hasta ahora?

No, vamos a un Gobierno más político. Eso implica que en los próximos meses debemos leer la política económica en clave de Economía Política. Durante la pandemia la gestión del gobierno ha estado orientada a garantizar la protección de hogares y empresas (a través de los ERTE, del escudo social…). Ahora debemos asegurar que la recuperación llega a todos los hogares del país, y que permite movilizar las voluntades políticas necesarias para articular un proyecto verdaderamente progresista de modernización económica.

A partir de aquí empiezan las preguntas de la entrevista que se hicieron el jueves, cuando no se conocía la crisis de Gobierno que ha afectado a los socios del PSOE en el Ejecutivo.

El Gobierno acaba de cerrar el primer acuerdo social en pensiones en una década, ¿qué es lo que más destacaría de este primer paquete de modificaciones?

El elemento más relevante en el acuerdo de pensiones es el cambio de enfoque: se puede reformar sin recortar. Somos capaces de revertir recortes muy duros que hizo el Partido Popular en 2013 como son la desconexión del crecimiento de las pensiones al IPC y el factor de sostenibilidad. A partir de ahora las pensiones crecerán con el IPC y se garantiza su capacidad adquisitiva. Y estas reformas se hacen mejorando y reforzando la sostenibilidad y los ingresos del sistema de pensiones. Reformar ya no es recortar.

El factor de sostenibilidad se va a sustituir por un índice de equidad intergeneracional. El ministro José Luis Escrivá dijo que supondrá "un pequeño ajuste" en la pensión de los baby boomers. ¿Cuál es su posición respecto a este índice?

En el marco del diálogo social se tiene que negociar en qué consiste el mecanismo de equidad intergeneracional. Lógicamente no vamos a admitir un cambio de nombre a un mecanismo similar al factor de sostenibilidad. Esperamos una negociación transparente sobre cómo ha de ser este mecanismo de equidad intergeneracional. Todo el mundo sabe que con Unidas Podemos en el Gobierno no va a haber recortes en el sistema de pensiones. Los 35 diputados de Unidos Podemos no van a avalar en ningún caso un recorte sobre las prestaciones presentes o futuras.

En un documento del Gobierno que se envió a Bruselas se apuntaba a un aumento del periodo de años para calcular la pensión, aunque posteriormente se negó que existiera.

Los 35 diputados de Unidos Podemos no van a aprobar un recorte de las pensiones, ni presentes ni futuras, y por tanto, hay que descartar la ampliación del periodo de cómputo, como se planteó hace unos meses. Este posible incremento de 25 a 35 años cotizados supondría una merma en las prestaciones para la mayor parte de las carreras laborales y, por lo tanto, no forma parte de la agenda ni del debate. Pablo Iglesias ya fue muy claro en su momento descartando esta opción.

En este acuerdo de pensiones hay un compromiso importante también de financiación del sistema de pensiones desde los Presupuestos, que asumirán partidas por un valor de unos 21.000 millones a anuales de los llamados “gastos impropios” de la Seguridad Social. ¿Se debería incrementar vía impuestos la financiación del sistema de pensiones?

Como decía antes en este acuerdo de pensiones hay un cambio de enfoque. No sólo hay que garantizar la sostenibilidad del sistema sin recortes, también hay que garantizar la suficiencia de las prestaciones incrementando los ingresos de la Seguridad Social. Lo empezamos a hacer ya en este acuerdo y hay que seguir haciéndolo en el futuro. Ahora se llevan a Presupuestos Generales los llamados gastos impropios de la Seguridad Social, pero además se inicia la reforma del RETA, el régimen de trabajadores autónomos, para que coticen en función de sus ingresos reales; en este acuerdo se introduce un sistema de incentivos y desincentivos para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Son medidas que van en la dirección de reforzar los ingresos de la Seguridad Social. Faltan elementos porque en los próximos años habrá que abordar el tope de las bases máximas de cotización. Pero si es necesario cubrir el déficit de la Seguridad Social con los Presupuestos Generales del Estado habrá que hacerlo.

El Gobierno ha anunciado que dejará la gran reforma fiscal para 2023. ¿Es necesario retrasarla cuando estamos viendo la buena evolución de la economía y se están llegando a acuerdos internacionales sobre una imposición mínima del 15% a las empresas?

Efectivamente el gobierno debe tomar nota de lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras. Más de 130 países han alcanzado un acuerdo en el marco de la OCDE, por el que se incorpora un tipo efectivo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades. Así las empresas, en particular las grandes compañías, no van a poder reducir mediante mecanismos de elusión fiscal su tributación por debajo de este mínimo. Tomemos nota de lo que se está haciendo fuera de nuestras fronteras, porque en realidad esta es una medida establecida en el acuerdo de coalición del Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Ese acuerdo lo firmamos hace dos años y hoy vemos que en el marco de la OCDE se refrenda una medida que ya estaba en nuestro acuerdo. El Gobierno debe trasladar con carácter inmediato a nuestra legislación en los próximos Presupuestos Generales del Estado esta medida, que supondría un avance muy importante en materia de recaudación.

El Gobierno debe trasladar con carácter inmediato a nuestra legislación en los próximos Presupuestos Generales del Estado el impuesto mínimo del 15% a las empresas

Desde el Ministerio de Hacienda, dirigido por la socialista María Jesús Montero, se aboga por esperar al informe del comité de expertos.

Empecemos por los puntos en los que hay consenso. Es muy evidente que sobre un tipo efectivo mínimo del 15% en Sociedades hay un fortísimo consenso a nivel internacional. España forma parte de los países que han alcanzado este acuerdo y es una medida que está en el acuerdo de coalición, trasladémoslo de inmediato a la legislación.

Teniendo en cuenta que la fiscalidad verde está tan poco desarrollada en España, ¿están a favor de equiparar los impuestos de diésel y gasolina, aumentar la fiscalidad del transporte aéreo, revisar los impuestos de circulación y matriculación o el peaje en las autovías?

El debate en torno a la fiscalidad verde hay que afrontarlo de forma sosegada en los próximos años. Es necesario desincentivar algunos consumos que efectivamente son nocivos por las emisiones que producen, pero en este debate no podemos avanzar si no lo hacemos de la mano de una transición justa para todos los colectivos que se puedan ver afectados por esta fiscalidad. Mientras no se garanticen subvenciones dirigidas específicamente a los colectivos de menor renta no podremos completar avances en fiscalidad verde porque no se asegura una transición energética justa. Ambas medidas deben venir de la mano.

Mientras no garanticemos que existan subvenciones dirigidas específicamente a los colectivos de menor renta no podremos completar avances en fiscalidad verde porque no se garantiza una transición energética justa

Su formación se ha posicionado en varias ocasiones por bajar el IVA de determinados productos, como los productos de higiene femenina (compresas, tampones, etc), ¿Veremos estas rebajas en los próximos Presupuestos?

Démosle tiempo a la negociación. Unida Podemos siempre ha planteado que era necesario reducir el IVA de los productos de higiene femenina y el de los productos veterinarios. Efectivamente, en nuestros programas electorales también ha figurado la rebaja del IVA de la factura de la factura eléctrica, una medida que ya se ha adoptado y que desde Unidas Podemos queremos que se mantenga.

Hablando de la factura eléctrica, estamos bajo una ola de calor que va a tener un impacto, ¿Realmente no se puede hacer nada más para bajar los precios de la energía?

Este es un Gobierno que escucha y que actúa adoptando medidas muy relevantes, aunque pueden tardar todavía unos meses en entrar en vigor. Me refiero a que este gobierno ha regulado los llamados beneficios caídos del cielo para que sean las grandes empresas energéticas las que asuman esa parte de la factura eléctrica, además se ha adoptado el llamado Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que va a permitir también sacar de la factura eléctrica más de 7.000 millones de euros con cargo a las primas a las renovables. Ahora bien, estas dos medidas van a tardar todavía unos meses en entrar en vigor y por eso el Gobierno ha aprobado con carácter inmediato la reducción del IVA sobre la factura eléctrica. El Gobierno es consciente de la situación que están viviendo los hogares y muchas pymes en el país y por lo tanto se están adoptando medidas ambiciosas para que las subidas que vemos en el mercado mayorista no afecten a los ciudadanos.

Usted va a liderar por parte de Unidas Podemos en el Gobierno la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. ¿Cuáles son los hitos más importantes para su formación?

Estos presupuestos deben servir para tres cosas: en primer lugar, deben servir para afianzar la recuperación económica; en segundo lugar, deben de apuntalar la creación de empleo; y en tercer lugar, deben servir para que el gobierno pueda desplegar en esta segunda mitad de su legislatura la agenda social que en algunos aspectos todavía está pendiente de completar. PSOE y Unidos Podemos tenemos posiciones muy distintas en muchos temas, es evidente, y en la negociación de presupuestos se ve claramente, pero yo estoy seguro de que llegaremos a un nuevo acuerdo.

¿Hay algunas líneas rojas que no están dispuestos a traspasar en la elaboración de los Presupuestos?

Vamos a la negociación sin líneas rojas, con voluntad de escuchar, pero también con convicciones muy claras. Tienen que ser unos presupuestos que atiendan a las necesidades que tiene el país en este momento: el despliegue de la agenda social y apuntalar la creación de empleo.

¿Cree que esta negociación de Presupuestos será más fácil que la anterior? Con la excusa de la recuperación parece que hay determinadas medidas del acuerdo de gobierno de coalición que se van a retrasar o simplemente no se van a aprobar.

El acuerdo de coalición se firmó antes de que llegara la pandemia. Nos hemos tenido que enfrentar a una crisis sanitaria, social y económica que ha sido durísima, pero estamos viendo la luz al final del túnel. Estamos saliendo de la crisis. Tenemos hoy ya una recuperación de la afiliación a la Seguridad Social similar a la que teníamos antes de la pandemia; la economía no solo está creciendo a un ritmo importante, sino que lo va a hacer a tasas del 6% en el próximo año. Es el momento de retomar todos aquellos aspectos que estaban pendientes en el acuerdo de coalición para plasmarlos en los próximos Presupuestos. Creo que la ciudadanía, especialmente la ciudadanía progresista, los votantes de izquierdas, no entenderían que en un momento de recuperación económica este gobierno no sea capaz de ser ambicioso en los Presupuestos, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sea más ambicioso que este gobierno de coalición .

Se lo pregunto porque uno de los aspectos que parece que se está retrasando es el de la nueva reforma laboral. ¿Cree que las medidas que se plantean en una reforma que va más allá de derogar la norma que implantó el Gobierno de Mariano Rajoy son tan perjudiciales para el empleo como señala la CEOE?

En absoluto. Al contrario, creo que este país tiene la experiencia de varias décadas de reformas que se supone que iban a solucionar problemas que no han solucionado. Tenemos problemas laborales que están enquistados en nuestro mercado de trabajo y tenemos aquí un compromiso muy claro del conjunto del Gobierno. El Gobierno se ha comprometido a una hoja de ruta con Bruselas que tiene que estar aprobada antes del 31 de diciembre de 2021. Para entonces hay tener una reforma laboral, en la que ya trabaja el Ministerio de Trabajo, y que tiene una serie de elementos clave que deben de ayudar a que se crea empleo y que, además, sea de calidad. Y esto pasa por limitar la temporalidad excesiva para reducir la precariedad, por garantizar la prevalencia del convenio sectorial, por acabar con la unilateralidad que la reforma de Rajoy introdujo en lo relativo a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Y también por aprender de las lecciones de esta pandemia y ver qué ha funcionado. Por ejemplo, debemos mantener los mecanismos de flexibilidad interna como los ERTE, que han mostrado un enorme éxito para garantizar el empleo y ayudar al al tejido empresarial. Se tienen que incorporar como un mecanismo estructural que permanezca en nuestra legislación para crisis futuras.

¿Por qué cree que sus socios de Gobierno se oponen a una subida del salario mínimo del 0,9% este año como ha propuesto la ministra de Trabajo?

No sé por qué el PSOE se opone con esa firmeza a la subida del salario mínimo. Creo que es un error en un contexto. Ya vemos una fuerte creación de empleo, que se mantendrá a buen ritmo hasta final de año 2022. La comisión de expertos sobre el SMI ha sido muy clara: ha fijado el objetivo de converger, como plantea la Carta Social Europea, con el 60% del salario medio en los próximos años. Y para eso, lógicamente, el salario mínimo debe seguir creciendo, aunque puede ser a un ritmo pausado pero constante. De no ser así, nos estaríamos alejando del objetivo que plantea la Carta Social Europea.

Además, es difícil de entender que, en un contexto en donde los salarios que están en convenio colectivo crecen al 1,5%, y el sueldo de los de los empleados públicos o las pensiones suben casi al 1%, dejemos desprotegidos a ese millón y medio de trabajadores que están fuera de la negociación colectiva. Creo que sería inexplicable e incomprensible para los votantes progresistas.

¿Cómo valora la ejecución hasta ahora del ingreso mínimo vital? El ministro José Luis Escrivá ha dicho que considera que se ha alcanzado el ritmo esperado, pero la realidad es que solo llega un tercio de los hogares previsto un año después.

Estamos por debajo de los objetivos que estaban previstos y es necesario que el Gobierno, en su conjunto, tome nota. En este momento la ley se encuentra en trámite parlamentario y tenemos la oportunidad de incorporar mejoras que garanticen que el ingreso mínimo vital llega a todas las familias que lo necesiten. Hacen falta tres cambios fundamentales: en primer lugar, es necesario que la renta con la que se calcula el ingreso mínimo vital sea del año en curso y no la del año pasado. En este sentido, hace poco publicasteis en elDiario.es un caso extremo que puede tener sobre las personas que entran en una circunstancia de pobreza sobrevenida. Además, es necesario revisar algunos criterios de acceso a la prestación para flexibilizarlos y se facilite esta prestación a las familias vulnerables. En tercer lugar, es muy importante para agilizar la prestación construir pasarelas ágiles con las comunidades autónomas. Con estos tres elementos podemos ayudar a que el ingreso mínimo vital, que ha sido un indudable paso adelante, avance a buen ritmo el resto de la legislatura.

En diciembre de 2020, una persona que pedía una ayuda de dependencia todavía tenía que esperar 435 días a que se gestionara su expediente, ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio para que no se tarde tanto tiempo en atender a personas en situaciones dramáticas?

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene un papel de liderazgo para impulsar que las autoridades competentes, que son las comunidades autónomas, avancen en la reducción de las listas de espera. Hemos alcanzado con todas las autonomías un acuerdo en el Consejo Territorial, un plan de choque en materia de dependencia, refrendado en el marco del diálogo social, que contempla medidas concretas y específicas para reducir esas listas de espera. También estamos alcanzando acuerdos bilaterales con las comunidades autónomas para que la financiación adicional que hemos incorporado en el sistema de dependencia de 600 millones de euros este año se concreten en medidas específicas de reducción de lista de espera. Son acuerdos que estamos firmando en este mes de julio y esta financiación está condicionada a una reducción de las listas de espera.

El Gobierno acaba de aprobar un proceso de estabilización de puestos públicos ocupados por interinos, ¿no se debería hacer un esfuerzo para que haya más personal público dedicado a dependencia?

Durante el último año el Gobierno ha hecho un esfuerzo en contratación, en particular, en el sistema educativo y en el sistema sanitario y también en los cuidados de larga duración de dependencia. Hay un reto que queda por abordar para garantizar que ese personal que se contrata pueda ser estabilizado. Es necesario eliminar o flexibilizar las tasas de reposición que tenemos en este momento para garantizar que las Administraciones Públicas cuentan con el personal necesario, en condiciones laborales estables, para poder acometer las tareas que tenemos entre manos.

¿Cómo interpreta la posición del PSOE respecto a la ley de vivienda? Hemos pasado en poco tiempo de anunciar que se congelaban los precios del alquiler en zonas tensionadas a admitir subidas del 10%. ¿Habrá ley de vivienda en 2021?

Estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo y que habrá ley de vivienda en 2021. Pero creo que a nadie se le escapa que permitir subidas anuales del 10% en zonas tensionados obviamente no cumple con lo que se firmó en el acuerdo de coalición, en donde está muy claro que se plantea la necesidad de regular el mercado de alquiler en zonas tensionadas y se cumpla con el mandato constitucional de que el acceso a la vivienda sea un derecho garantizado.

Plantear subidas anuales del alquiler del 10% en zonas tensionadas no es cumplir ni con ese mandato constitucional ni con el propio acuerdo de coalición

¿Cree que se nota lo suficiente el marchamo de Unidas Podemos en el plan de recuperación y los fondos europeos? 

El marchamo de Unidas Podemos se nota en toda la acción de gobierno. Creo que no tendríamos una regulación de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas ni un acuerdo en materia de pensiones sin recortes si no fuera por la presencia de unidad Podemos en el Gobierno. Creo que no veríamos como pienso que vamos a ver una subida del Salario Mínimo Interprofesional en 2021 o la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de Mariano Rajoy si no fuera por Unidas Podemos. Lo mismo ocurre con el Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Hay un acuerdo sólido de la coalición para dedicar una parte muy relevante de los fondos europeos a la transición ecológica, a reforzar los sistemas educativos y de salud además del bienestar social y desplegar una agenda social en el ámbito de los servicios sociales. El marchamo de unidad Podemos con solo 35 diputados se está notando en este Gobierno.