Acabar con un abuso arraigado, y normalizado, de nuestro mercado laboral. Este es el reto que afronta el Gobierno en una de las múltiples patas de la reforma laboral que aprobará este año, la reducción de la temporalidad. En el último mes, las miradas se han centrado en una de las últimas medidas incorporadas al borrador legal sobre la mesa: el límite máximo del 15% de trabajadores temporales en las empresas. Pero el debate es mucho más amplio y alcanza medidas que generan más tensión entre las partes, como la restricción de las causas que justificarán legalmente la contratación temporal y las sanciones que se impondrán a las empresas que incumplan. Todas las medidas, explican fuentes del diálogo social, están aún muy abiertas y pendientes de una nueva propuesta del Gobierno para el próximo miércoles.
El último encuentro de la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral, el día 3, incorporó por primera vez a los ministerios de Economía y Seguridad Social. Trabajo siguió liderando la negociación con las patronales y sindicatos mayoritarios, en la que se siguió debatiendo sobre estrategias para reducir la temporalidad con el mismo borrador legislativo que había hasta la fecha. Esto “sorprendió” a los empresarios, como ha reconocido públicamente su líder, Antonio Garamendi, que creían que el Ejecutivo llevaría a la mesa otra propuesta una vez que se habían incorporado los equipos de Nadia Calviño y otros ministerios socialistas.
Tras este comentario del dirigente empresarial se asoman las –conocidas– diferencias entre la vicepresidenta económica y Trabajo. Las hay más sonadas, como las que afectan a la “derogación de la reforma del PP”, pero también existen divergencias relevantes sobre qué medidas tomar para poner coto a la temporalidad excesiva de nuestro mercado de trabajo. España es la campeona del trabajo temporal en la UE, con más de un 26% de trabajadores temporales.
La propuesta del 15% de temporalidad
Aunque los socios del Gobierno han enterrado públicamente la batalla interna sobre la reforma laboral, se siguen evidenciando algunas tensiones, como ha ocurrido este jueves respecto a la temporalidad. El diario El País abría su portada con la noticia de que el Gobierno “renunciaba” al límite máximo del 15% de trabajo temporal en las empresas, que se incluyó en el último borrador que Trabajo llevó a la mesa de negociación hace un mes. La reunión con los agentes sociales de este miércoles había terminado con la voluntad del Gobierno de revisar esta (y otras) iniciativas que no conseguían consenso en la mesa, sobre todo por el lado de los empresarios. Pero la medida del 15% no se levantó formalmente de la mesa en ese encuentro, según explican a este medio varias fuentes del diálogo social.
En medio del silencio de las partes negociadoras, Nadia Calviño anunciaba este jueves a mediodía que el Ejecutivo llevaría una “nueva propuesta” sobre temporalidad. La vicepresidenta económica no comparte ni el límite del 15% ni las sanciones que se están planteando en la negociación al abuso de la temporalidad, según fuentes conocedoras de estos desencuentros. Unas horas después de las palabras de Calviño, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzaba un mensaje velado que señalaba a la vicepresidenta económica. Díaz pidió “discreción” a los actores presentes en la negociación y que no se hicieran públicas cuestiones abordadas en la mesa, como no lo hacía ella misma, ni los líderes de sindicatos, ni los de las patronales, destacó. “Aquí lo dejo”.
Todo indica que el límite general del 15% quedará modificado en la próxima propuesta del Gobierno, pero aún no está concretado cómo. Ante la polémica generada por este techo de temporalidad, Yolanda Díaz ha puntualizado que la medida no había salido inicialmente de su Ministerio, sino que fue propuesta por “los agentes sociales”. Fuentes sindicales explican que la iniciativa no partió de UGT ni de CCOO, sino que respondió a una sugerencia de las patronales. Los empresarios tienen más reparos a restringir las causas legales que permiten firmar contratos temporales, que es lo que estaba realmente sobre la mesa, por lo que trasladaron la posibilidad de incluir límites a la temporalidad a cambio de relajar este otro punto, explican estas fuentes.
Sin embargo, la cifra que incorporó el Ministerio a su borrador –el 15%– generó un gran malestar en las patronales. El dato es muy inferior a la temporalidad actual (26%), por lo que consideran que es una meta difícil de alcanzar y, además, piden una mayor flexibilidad para que el tope se adapte a los sectores de actividad mediante la negociación colectiva. Además, el enfado empresarial responde a que la intención del Ejecutivo sigue siendo la de restringir de manera sustancial las causas de temporalidad, para que se reduzca realmente su utilización. En 2019, se registraron 27 millones de bajas en la Seguridad Social. Una de cada cinco bajas correspondía a contratos de un solo día. Más de cinco millones de relaciones laborales que no sobrevivieron a la noche.
El meollo está en las causas y en las sanciones
La propuesta del Gobierno pasa así por establecer la presunción de que los contratos deben ser, en general, indefinidos y limitar más qué causas pueden justificar un contrato temporal. Básicamente, Trabajo plantea que solo se permita contratar de manera temporal por causas productivas y organizativas. Es decir, ante un pico de trabajo “ocasional e imprevisible” que las empresas no puedan atender, en los que no se podrían incluir campañas; y para sustituir a otro trabajador cuando sea necesario. Y aquí está el meollo de los problemas.
Este enfoque del Gobierno pretende tumbar de facto los contratos por obra y servicio, los más numerosos en estos momentos en España y bajo los que se encubren muchos abusos. También quiere que se contrate con la modalidad de fijos discontinuos a gran parte de los trabajadores hoy dependientes de contratos temporales. Por ejemplo, aquellos que participan en campañas de la hostelería y el comercio (navidad o verano), algo que rechazan frontalmente en las patronales. Los fijos discontinuos son trabajadores que están vinculados a una empresa, pero que solo trabajan en determinadas épocas del año, cuando se produce la actividad estacional. Una modalidad contractual bastante extendida en el turismo, especialmente en regiones como Baleares.
Además hay también problemas específicos en algunos sectores, como la construcción, uno de los que más recurren a la contratación temporal en España. En su caso, a través de un contrato específico, el “fijo de obra”, que ha sido rechazado por la justicia europea por permitir el abuso de la temporalidad. Este tipo de contrato es particular, porque ha sido pactado en el convenio sectorial entre empresas y sindicatos desde hace años con la garantía de ciertas condiciones a la plantilla, sin que ninguno de los actores lo considere conflictivo. Aquí las posiciones en la mesa de negociación parecen algo más cercanas, con la intención de modificar ligeramente el contrato para que se parezca a una modalidad utilizada en Francia, similar a la española pero que computa en las estadísticas como si fuera un contrato fijo.
Otra de las últimas propuestas que se incorporaron al borrador de Trabajo el mes pasado fue tratar de impulsar la contratación fija a través de las ETT, que también está en discusión. La idea es que las empresas de trabajo temporal pudieran tener plantilla de carácter indefinido que enviaran a diferentes empresas para trabajos “ocasionales”, pero habría que definir bien cómo.
Por último, otro foco importante de resistencias por parte de la patronal reside en las sanciones que se establecen a la contratación temporal irregular. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha insistido este jueves en la necesidad de incrementar las sanciones y aumentar la capacidad de acción de la Inspección de Trabajo ante los abusos. La ley actual, ha recordado, ya impide gran parte de la temporalidad que existe en estos momentos, por lo que cree que las medidas punitivas ante los incumplimientos tienen que ser más elevadas para que la nueva legislación no quede en agua de borrajas.
La propuesta de Trabajo en este sentido consiste en establecer como despido nulo aquellos vinculados con la temporalidad injustificada o abusiva. La medida es muy relevante dado que, cuando los tribunales resuelven que un despido es nulo, obligan a la empresa a readmitir a esa persona en su puesto. Este volvería a la empresa y con un contrato indefinido.
Todas las partes negociadoras, Gobierno, sindicato y empresarios, han asegurado su voluntad de tratar de llevar a un acuerdo. Aunque es complicado dadas las posturas alejadas en varios puntos de la reforma laboral, Yolanda Díaz confió este jueves en que al final será posible, como ha ocurrido en otras muchas negociaciones difíciles que concluyeron en pacto, como la ley Rider o de teletrabajo. Los agentes sociales tienen apenas un mes para tratar de ponerse de acuerdo.