La Seguridad Social ha asumido parte de las reivindicaciones de personal investigador y sindicatos. Tras la mala recepción y las críticas de la orden que regulaba la forma en la que las personas que hubieran sido becadas podían recuperar ese tiempo para el cómputo de jubilación, la ministra del ramo, Elma Saiz, ha recogido el guante. La nueva propuesta que el ministerio ha trasladado este lunes a la mesa del diálogo social incluye que la base de cotización tomará como referencia la del año que se realizó la actividad y un margen mayor para abonar las cantidades, que con la primera propuesta ascendía a 290 euros por cada mes que se quisiera recuperar. Sin embargo, asociaciones de investigadores rechazan estos cambios como un “avance”: “Corrigen lo que habían empeorado ellos”.
Esos 290 euros que pretendía imponer el ministerio tomaban como base la cotización para la jubilación vigente en 2024, algo inasumible para los colectivos científicos y para los sindicatos, porque las becas se disfrutaron hace años. La nueva propuesta toma como referencia las condiciones del 'rescate' de dos años que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó en 2011. Unas condiciones que, según el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, “no generó ninguna controversia”.
En concreto, según los cálculos de los sindicatos, que han lamentado las “prisas” del ministerio por cerrar la modificación de una orden, que se publicó inicialmente sin el visto bueno de las organizaciones, las nuevas cuantías oscilaran alrededor de los 40 euros al mes por actividades realizadas a principios de los años 80 y unos 140, para aquellas efectuadas en 2006, año a partir del cual empezaron a cotizar. La cuota de 1997 será de 101 euros. En cualquier caso, y en función de la renta de cada beneficiario, las cuantías se pueden desgravar.
Los representantes de Comisiones Obreras y UGT en esta mesa del diálogo social, Carlos Bravo y Cristina Estévez, respectivamente, han valorado de forma positiva el nuevo plan, que incorpora algunas de sus reivindicaciones, aunque han coincidido en que faltan otras. Por ejemplo, la orden ministerial publicada permitía ahora recuperar cinco años —dos comprometidos y tres más por el retraso en la tramitación—, pero excluía esos dos de hace más de una década para quien ya se hubiera acogido a ellos. Los sindicatos habían reclamado que no hubiera un límite temporal o que, al menos, esos dos años no fueran excluyentes.
“Un avance sustancial”
El ministerio, que ha percibido un “avance sustancial”, no atendió la primera petición, pero sí la segunda. “Mirando hacia atrás y con el tratamiento que se le ha dado, extenderlo a cinco años, con la particularidad de hacer posible acumular los dos años que se hubieran rescatado en 2011, en su conjunto es una cuestión más que razonable y generosa”, ha señado Suárez, que ha indicado también que se ampliará el periodo para satisfacer el importe del 'rescate' durante cinco años. Una medida que, a falta del desarrollo del nuevo texto, que han reclamado los sindicatos, beneficiaría a quienes necesiten recuperar menos de cinco años. Además, el proceso para solicitar este nuevo derecho se amplía hasta el 31 de diciembre de 2027.
La ministra había mantenido reuniones con las organizaciones que representan al grueso de los investigadores la pasada semana para conocer sus reivindicaciones de primera mano. Antonio Martínez Ruiz, de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH) y la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), presente en el encuentro del pasado martes, ha valorado la nueva propuesta como una “rectificación”, pero lamenta que se trate de una vuelta “a las condiciones de 2011, que ya se criticaron entonces”. “Es volver a la sensación anterior a que sacaran la orden ministerial, a que nosotros tengamos que asumir las cuotas empresariales”. “Corrigen lo que habían empeorado ellos”, ha lamentado.
Lo cierto es que la cuantía de los convenios especiales no incluye una cuota obrera y otra empresarial. “Hay un coeficiente”, ha explicado Suárez, que ha aclarado que “no es el total de la cuota, sino que tiene un porcentaje de reducción”, en este caso del 23%. No obstante, los sindicatos señalan que hay otras fórmulas para bonificar aún más ese pago, teniendo en cuenta que “ahora la cuota empresarial para becarios si tiene una subvención del 95%”.
“Acabar con este agravio”
Tras el anuncio, 12 asociaciones nacionales e internacionales de investigadores consideran “insuficiente” la modificación, mientras que la COSCE, que agrupa 88 sociedades científicas diferentes agradece la “receptividad” del ministerio y considera “muy positiva la rectificación sobre” la cotización. Sin embargo, añaden: “La mera vuelta a las condiciones del convenio de 2011 no es aceptable”.
También el viernes se reunieron las asociaciones con el equipo ministerial, entre ellas la plataforma Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID). Alejandra Gámez Abascal, portavoz de la plataforma y presente en las reuniones con el ministerio, confiaba este lunes por la mañana en que después de la mesa de diálogo social de hoy se tomen nuevas decisiones para “acabar con este agravio”, aunque temen “mensajes triunfalistas”.
Martínez Ruiz considera que el Ministerio no busca “una solución específica para la investigación”. “No sé hasta qué punto las reuniones han servido para el diálogo”, ha lamentado porque, aunque “agradece la rectificación”, afirma que “si la ministra asocia volver a 2011 como algo reparador, no lo es”. La asociación que representa había trasladado por escrito la propuesta de que se pudiesen recuperar “cinco años por cada beca realizada”, en lugar de en total. Una reivindicación que han traslado los sindicatos y otras organizaciones. Gámez indica que la media de años perdidos para la jubilación de la mayoría de los investigadores es de 8.
El representante del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos y presente en las negociaciones, Francisco J. del Castillo, aplaude que el Ministerio haya tomado la decisión de rectificar y reconoce que estos cambios “se aproximan” a lo que piden en parte, aunque insiste en su rechazo a que se pague la parte correspondiente al empleador. “Vamos a intentar hacer entender que se debería bonificar en parte esa cuota”, ha explicado a elDiario.es
Aunque no hay una estimación de cuántas personas se podrán acoger a esta fórmula, que tanto el gobierno como los sindicatos califican de nuevo “derecho”, la referencia está en 2011. Aquel año pudieron añadir al cómputo de su jubilación tiempo trabajado pero no cotizado unas 25.000 personas.