Nuevo varapalo de la Comisión Europea al PP en su enésimo intento por desacreditar al Gobierno de Pedro Sánchez en Bruselas. En esta ocasión, los de Alberto Núñez Feijóo pusieron en cuestión el cumplimiento del compromiso relativo a la segunda parte de la reforma de pensiones en una pregunta parlamentaria dirigida al comisario de Economía, Paolo Gentiloni. “¿Ha solicitado el Gobierno de España que se modifiquen o aplacen los hitos 408, 409, 410 y 415, relativos a la sostenibilidad del sistema público de pensiones de jubilación, que deberían haberse cumplido durante el segundo semestre de 2022 para solicitar el pago del cuarto tramo de financiación?”, interrogaron cuatro eurodiputados conservadores, entre ellos las españolas Dolors Montserrat e Isabel Benjumea.
La pregunta la formularon el 7 de febrero, cuando el Gobierno estaba en plenas negociaciones de la reforma de pensiones con la Comisión Europea. De hecho, unos días antes, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, había viajado a la capital comunitaria para abordar el asunto con sus colegas europeos y había planteado la inclusión de una “cuota de solidaridad” que mejorara la capacidad de recaudación del sistema. El Ejecutivo abordaba la negociación a tres bandas: en Bruselas, con los agentes sociales y los aliados parlamentarios. El principal escollo estaba en la negativa de los socios y de los sindicatos a ampliar el periodo de cómputo.
“El Gobierno español no ha solicitado que se modifiquen o aplacen los hitos 408, 409, 410 y 415 relacionados con la sostenibilidad del sistema público de pensiones de jubilación”, responde con contundencia Gentiloni una vez que el Gobierno ha aprobado la reforma con el visto bueno de la Comisión Europea. Los hitos por los que se interesaba el PP eran los relativos al periodo de cómputo, al mecanismo de equidad intergeneracional, la sostenibilidad del sistema a largo plazo y la revisión del sistema de pensiones complementarias.
Pero el comisario de Economía va un paso más allá y recuerda al PP que “España es uno de los estados miembros que han presentado de forma más oportuna las solicitudes de pago correspondientes”, según figura en la respuesta por escrito remitida a los eurodiputados.
España es el país que más avanzado lleva el plan de recuperación y resiliencia dado que es el único que ha recibido el tercer desembolso por un valor de 6.000 millones de euros. Con ese pago, superó la mitad de los fondos previstos a través de la herramienta multimillonaria ideada para dar respuesta a la crisis que dejó la pandemia. Italia es el siguiente estado en mejor situación, pero Bruselas ha congelado ese desembolso por las dudas que le suscitan algunas de las reformas que tenían que poner en marcha. El Gobierno de Giorgia Meloni culpa, no obstante, a su antecesor de la situación.
El PP lleva toda la legislatura intentando desacreditar al Ejecutivo en Bruselas. No es la primera vez que lo intenta en el caso de la reforma de las pensiones. El propio Feijóo la puso en cuestión, una vez cerrada con el ejecutivo comunitario, tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, e incluso defendió lo que estaba haciendo Emmanuel Macron, que tiene incendiadas las calles de Francia desde hace semanas. El propio responsable de Economía de la Comisión, que es de la familia socialista, le reclamó que hiciera una oposición “constructiva” tras reunirse con el líder del PP y que criticara abiertamente el plan del Gobierno.
El aval de Bruselas a la reforma de las pensiones, que tendrá que ser oficial cuando España solicite el cuarto pago de los fondos europeos previsiblemente este verano, supone un cambio de paradigma respecto a la manera en la que se ha enfrentado a otras crisis ya que no pasa por recortar el gasto ni retrasar la edad de jubilación, algo a lo que sí obligó con la hecatombe financiera. Ni siquiera decreta la ampliación generalizada del cómputo de años para la pensión, como había estado defendiendo hasta hace poco. La reforma se centra en aumentar los cotizaciones de quienes más ganan, es decir, de quienes más cobran, los cuales, a su vez, se verán beneficiados de un aumento de las pensiones más altas.
No ha sido el PP el único partido que ha cuestionado el desarrollo del plan de recuperación ante las instituciones europeas. Esta misma semana, durante una comparecencia en la Eurocámara, la eurodiputada de Ciudadanos Eva Poptcheva interrogó a Gentiloni por las conclusiones críticas con la reforma, especialmente sobre la sostenibilidad del sistema, por parte de la AIRef.
“Nuestra idea es que estos análisis no se basan probablemente lo suficiente en el impacto de reformas estructurales, la reforma laboral que es muy importante, y el impacto de la cláusula de revisión automática que el Gobierno quiere incluir”, respondió el comisario, que es necesario tener en cuenta todos los elementos a la hora de valorar la reforma de pensiones.