El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, criticó este domingo la propuesta de reformas tributarias del Gobierno de Nicaragua y opinó que las mismas niegan el “bien común”.
“Toda reforma al sistema tributario tiene que buscar el bien de toda la población, y no solamente un fin recaudatorio, no nos olvidemos que aquí el problema en Nicaragua es político”, dijo el obispo a periodistas.
El Gobierno nicaragüense presentó el pasado lunes ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria que eleva el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias.
La reforma fiscal fue propuesta por el Gobierno para aumentar la recaudación dada la caída de la economía a raíz de la crisis sociopolítica que estalló en abril pasado.
“No se puede arreglar de esta manera, aquí hay que afrontarlo a la cara”, sentenció Báez un crítico del Gobierno.
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) ha afirmado que dichas reformas “tendrán un efecto negativo en la economía” de Nicaragua, mientras que la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) advirtió que el precio del 70 por ciento de los productos de la canasta básica podría dispararse hasta un 50 por ciento.
Báez, uno de los personajes más influyentes de Nicaragua, también criticó las reformas a la seguridad social vigentes desde el pasado viernes, las mismas que el presidente Daniel Ortega había derogado tras el estallido de la crisis del que el país todavía no se recupera.
Las recientes modificaciones a la seguridad social elevan las tasas de cotización para empleadores y trabajadores, y bajan el monto de las pensiones, en un país que perdió más de 400.000 empleos en los últimos 9 meses.
“Son soluciones que no benefician la población, entonces la iglesia tiene como principio que brota del evangelio para las cuestiones sociales la búsqueda del bien común, no solamente parches que beneficien a unos pocos”, resaltó.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
La CIDH ha señalado al Gobierno de Ortega de practicar crímenes “de lesa humanidad”, y la Organización de Estados Americanos (OEA) ya inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por rompimiento de orden constitucional.