La OCDE pasa revista a la política del Gobierno para combatir el desempleo y no sale bien parada. “España gasta poco en formación y en asistencia en la búsqueda de empleo para desempleados, en comparación con otros países, pese al elevado y persistente desempleo”, sostiene la OCDE en su informe 'Getting Skills Right: Spain', que ha presentado este jueves Montserrat Gomendio, directora general adjunta del departamento de Educación de la OCDE. Es una de las conclusiones que ponen en cuestión varias de las medidas aplicadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
El organismo internacional defiende que la formación que se ajusta a la demanda por parte de las empresas es clave a la hora de acceder a un puesto de trabajo en el largo plazo y, sobre todo, beneficia a aquellos que han estado desempleados durante más de un año. Por ello, la OCDE advierte a España que “deberían reducirse las ayudas a la contratación”, una de las medidas fundamentales del Gobierno en materia de empleo, para liberar recursos que fomenten esa formación. El organismo considera que a través del aprendizaje se podría aumentar las competencias de los parados, así como “mejorar su empleabilidad en el largo plazo”.
En España, el número total de desempleados se sitúa en las 3.796.100 personas y la tasa de paro ha ascendido en el primer trimestre de 2018 al 16,74%. El país, al igual que muchos otros de la UE, afronta un grave problema de pobreza entre la población sin empleo: la mitad de los parados en vive en riesgo de pobreza, según los últimos datos publicados por Eurostat, de 2016.
El camino que dibuja la OCDE al Ejecutivo es contrario a la senda de los Presupuestos de 2018. El Gobierno incluye 1.936 millones de euros en el proyecto de Presupuestos para bonificar a las empresas que contraten, 110 millones más que el año pasado. Si realizan contratos de formación a jóvenes, las compañías tendrán doble premio: por un lado, estos empleados tendrán un complemento salarial que saldrá del dinero público y por otro, si les convierten en indefinidos, obtendrán una bonificación en la cuota que pagan a la Seguridad Social durante tres años. Los PGE –que ya han superado el primer trámite para su aprobación con el voto favorable de 176 diputados– determinan que las empresas solo podrán beneficiarse de esta ayuda una vez.
Las críticas a las ayudas a las empresas no solo parten del organismo internacional. Expertos y sindicatos aseguran que, salvo en casos muy concretos, tiene un efecto “peso muerto”, es decir, que se destina dinero público a apoyar una contratación que las empresas harían igualmente sin contar con esa ayuda.
Precariedad en el SEPE: trabajadores “sobrecargados”
La OCDE también advierte al Gobierno sobre la precaria situación de los trabajadores del Servicio Público de Empleo de España (SEPE): cada uno de ellos tiene asignados una media de 721 demandantes de empleo, en comparación con los menos de 50 en Alemania, indica el informe. Los trabajadores españoles deben afrontar una carga de trabajo 14 veces mayor que la de los empleados alemanes.
Por ello, la institución considera que al contar con trabajadores “sobrecargados”, el sistema español “no da prioridad a los perfiles de desempleados más desfavorecidos” y padece “largos” tiempos de espera en las oficinas.
El organismo sugiere que se introduzcan herramientas de evaluación de perfiles para orientar mejor los servicios de empleo, como ya han hecho Irlanda y Australia, entre otros países.