El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha asegurado hoy que el Ministerio de Fomento está estudiando que las nueve autopistas de peaje con problemas se transmitan a una sola sociedad pública de forma que cuando ésta esté “más o menos” organizada y funcionando se pueda privatizar.
En una rueda de prensa previa a la Junta de Accionistas de OHL, ha subrayado que estas concesiones van a tener que pasar por una fase de ser activos de una empresa pública con mayoría del Estado y que posteriormente el departamento que dirige Ana Pastor ya estudiará la posible privatización de esa sociedad.
“El tema tiene muchas dificultades, ya que la mitad de las nueve autopistas se encuentran en concurso de acreedores”, ha indicado Villar Mir, quien ha reconocido que planteó a Pastor una solución “directamente” privada para su autopista de acceso a la terminal de Barajas T4 y que creían que era aplicable a todas las demás.
“Como consecuencia, la ministra de Fomento, con un criterio que respeto, y después de estudiarlo, ha llegado a la conclusión de que las autopistas acabarán siendo privadas pero que tienen que pasar antes por una etapa de ser públicas”, ha explicado el empresario.
En un primer momento OHL propuso al Ministerio de Fomento que fusionase el acceso a la Terminal T-4 de Barajas a través de la autopista de peaje M-12 con la salida de Madrid por la A-2, a fin de evitar que el Estado asuma la carretera del aeropuerto, lo que le generaría un coste patrimonial “muy importante”.
En una entrevista concedida a EFE el pasado año, Villar Mir, aseguró que esta posibilidad era la mejor medida para solucionar los problemas económicos que atravesaba la M-12 tras la construcción de una serie de accesos al aeropuerto libres de peaje que no estaban previstos inicialmente.
En este contexto, Fomento negocia con constructoras, concesionarias y entidades financieras la creación de una entidad similar a la extinta Empresa Nacional de Autopistas (ENA).
Inicialmente, el valor residual de estas concesiones estaba previsto que representase el 20 % del capital de la empresa, en tanto que el 80 % restante será controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa). Sin embargo, las concesionarias reclamaron a Fomento controlar cerca del 49 % del capital de la sociedad.
Por el momento, está pendiente de definirse el valor de la sociedad, que dependerá de lo que determine la administración concursal en cada una de las vías en situación de insolvencia, y que deberá ser respaldado por el Ministerio de Hacienda.