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La OIT critica la reforma laboral por castigar a los trabajadores sin aumentar la protección social

Las tasas de paro de jóvenes e inmigrantes, muy por encima de la media. EFE

Ana Requena Aguilar

Madrid —

España no solo bate récords de paro, también de precariedad. En su último informe mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) critica que la reforma laboral aprobada el año pasado tomara medidas para flexibilizar los salarios sin tener en cuenta otras para mejorar la protección social. Eso, en un contexto en el que España ha llegado a su techo de desempleo, una tasa del 27,1%, y la temporalidad no deja de crecer.

En el primer trimestre del año -cuando el paro tocó el máximo de 6,2 millones de personas desempleadas-, España registró un aumento de trabajadores con contrato temporal del 22,1% respecto al mismo periodo de 2013, uno de los valores más altos de Europa. La OIT destaca que más del 90% del empleo temporal en España es de carácter involuntario.

El informe subraya que uno de los objetivos de la reforma laboral aprobada el año pasado era aumentar la flexibilidad salarial, algo que en el contexto actual “supone un riesgo añadido de deprimir aun más la demanda agregada y el empleo, dificultando en último término el ajuste fiscal e incrementando la pobreza”. La OIT critica que estos cambios legales se hayan aplicado sin poner en marcha al mismo tiempo “medidas de apoyo adicionales” para las personas en paro. La organización apunta dos cambios fundamentales: fortalecer los servicios públicos de empleo y las políticas activas de empleo.

Precisamente, la desigualdad salarial ha disminuido durante la crisis debido a la fuerte pérdida de empleo entre las clases trabajadoras con salarios más bajos. Sin embargo, la desigualdad en la distribución de la renta se ha incrementado. El informe subraya que ya hay casi un millón y medio de personas que viven en hogares en los que no entran ingresos laborales (salarios, pensiones, prestaciones o subsidios por desempleo), el doble de los que había en el primer trimestre de 2007.

La OIT señala que el 27,1% de paro se ceba con los trabajadores jóvenes y con los inmigrantes, cuyas tasas de desempleo son del 57,2% y del 39,1%, respectivamente. Además, prácticamente la mitad de las personas en paro -el 46,8%- llevan ya más de un año buscando empleo, es decir, son paradas de larga duración.

“Los importantes recortes en los salarios (en el sector público pero también en el privado) y en la inversión pública han continuado en 2012. Todas estas medidas contractivas, junto con la reestructuración del sector bancario y la mala situación de la economía mundial, han tenido un impacto muy negativo sobre la economía española”, dice la organización, que desgrana algunos datos sobre la economía española, como la caída del PIB o el aumento de la deuda pública.

Esta situación ha hecho que España sea uno de los países de la Unión Europea donde más ha crecido el índice de descontento social entre 2010 y 2012, junto a Chipre, República Checa, Grecia, Italia, Portugal y Eslovenia.

La OIT recomienda que las políticas encaminadas a reducir el déficit y buscar la estabilidad fiscal se combinen con otras que promuevan la creación de empleo: “Lograr unas cuentas públicas saneadas tiene una importancia fundamental. No osbtante, la economía española necesita un diseño más amplio de su política económica, poniendo el empleo al mismo nivel de relevancia que el resto de objetivos macroeconómicos”.

Advierte también la organización que la recuperación económica será imposible hasta que el crédito vuelva a fluir a las pequeñas y medianas empresas. Es exactamente la misma recomendación que ya le hizo la OIT a España el año pasado: que el dinero llegue a las pymes, que se incentive la inversión y que la reforma del sistema financiero contemple de manera explícita medidas para que se restaure el crédito. Y pone sobre la mesa algunas ideas, como aumentar el número de “mediadores” -como el ICO- que se dediquen a considerar peticiones de crédito que han sido desestimadas por los bancos o proveer de liquidez a las entidades para que vaya dirigida directamente a las pymes.

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