Operación contra un presunto fraude en ayudas europeas al sindicato agrario COAG

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de un Procedimiento de Investigación de la Fiscalía Europea, bajo la tutela de un juez de garantías de la Audiencia Nacional y tras unas pesquisas iniciadas por un Juzgado de Instrucción de Sevilla, han destapado un fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural a través de un sindicato agrario de ámbito nacional. Fuentes de la investigación han precisado a elDiario.es que se trata de COAG.

Según la Policía Nacional, hay 42 personas investigadas no detenidas y se han realizado dos registros en la sede nacional de Madrid y en la regional de Andalucía. Asimismo, se han solicitado siete requerimientos de información en las sedes regionales de Aragón, Baleares, País Vasco, Comunitat Valenciana, La Rioja, Murcia y Catalunya.

El exhaustivo análisis de tres ejercicios económicos a nivel nacional ha revelado la existencia de múltiples supuestas irregularidades en la justificación de ayudas mediante el empleo de documentos falsos y un sofisticado sistema de imitación de firmas, según los investigadores.

La investigación, que ha contado con la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado, constituye la primera explotación operativa de este tipo en España desde la creación de la Fiscalía Europea.

Las pesquisas se iniciaron a requerimiento de un Juzgado de Instrucción de Sevilla, que posteriormente remitiría las actuaciones a la Fiscalía Europea por haber solicitado la investigación; y a raíz de la denuncia contra el sindicato agrario de ámbito nacional, en la que se hacía referencia al empleo de documentos falsos para justificar actividades no realizadas, cuya ejecución se encontraba subvencionada.

Con el avance de las pesquisas, los agentes destaparon un presunto fraude en subvenciones, con cargo a presupuestos europeos, en la justificación de las ayudas prestadas por la Dirección General de Migraciones entre los años 2018 y 2020. Las ayudas estaban destinadas a la atención de ciudadanos extranjeros en España en materia de organización y coordinación de contrataciones, asesoramiento en información sociolaboral y visita a alojamientos.

La complejidad de la investigación ha radicado en la extensión temporal del fraude, así como en su extensión a nivel nacional, el colectivo afectado y la naturaleza de los fondos implicados. Además, la Intervención General de la Administración del Estado ha colaborado en el cotejo exhaustivo de documentos y el análisis de datos.