El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros pasar la gorra en el sector financiero para que entre todos paguen el problema con las preferentes que afecta a los bancos nacionalizados (NovaGalicia Banco y Catalunya Banc). Mediante Real Decreto se ha dispuesto que será el Fondo de Garantía de Depósitos, al que aporta todo el sector financiero, el que en último término permita que los preferentistas obtengan liquidez por la venta de sus instrumentos financieros.
Los inversores en preferentes podrán canjear estos complejos instrumentos financieros por acciones de las entidades que los emitieron, algo que será liquido, es decir, que se podrá convertir en dinero solo en el caso de Bankia que cotiza en bolsa. Si un preferentista de Bankia acepta el canje del instrumentos por títulos de la entidad, luego puede acudir al mercado y venderlos. Esta posibilidad no existe en el caso de los afectados por NovaGalicia o Cantalunya Banc que no cotizan y aunque den acciones a estos clientes no podrán venderlas.
El Fondo de Garantía de Depósitos (el que garantiza que en caso de impago los depositantes de menos de 100.000 euros recuperen todo su dinero) se hará cargo de estos títulos y se los cambiarán a los preferentistas por dinero. Para ello, Economía ha dispuesto una derrama extraordinaria para incrementar el Fondo, al que están obligados a nutrir todos los bancos. La derrama se calculará con una tasa que suponga el tres por mil de los depósitos en cada entidad financiera.
La derrama comenzará a operar en enero de 2014 donde se pedirá que abonen ya el 40% del montante total que, según ha anunciado el ministro Luis de Guindos después del Consejo de Ministros, ascenderá a una cifra entre 1.500 y 2.000 millones de euros.
Economía ha previsto que varias entidades financieras estén exentas de pagar parte de esta aportación. En primer lugar se eximen las nacionalizadas, cuyo accionista mayoritario es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Pero más llamativa es la decisión de reducir en las aportaciones de los bancos que han decidido entrar en el capital del banco malo, denominado Sareb. Indirectamente, esta decisión penaliza a BBVA, el único banco de cierto tamaño en España (también se exime en parte de pagar a los de menos de 5.000 millones de euros), que se declaró en rebeldía y no entró en la entidad promovida desde el Ejecutivo.
Con todo, hasta esta tarde no se conocerá una de las cuestiones más importantes en el canje de las preferentes, que es el precio por el que se podrán materializar estas operaciones. Se da por descontado que el precio supondrá una importante quita de la inversión de estos usuarios.
Además, se ha aprobado también la puesta en marcha de una comisión de control de los procedimientos de arbitraje, que ya fue anunciada el pasado mes de enero. Como ya se comentó, esa comisión estará presidida por la presidenta la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y también estarán representados el Banco de España, la Secretaría general del Tesoro, el consejo de consumidores entre otros. Entre sus tareas estará, analizar los factores por los que se están haciendo las reclamaciones de arbitraje, la elaboración de un informe anual para remitir al Congreso de los Diputados. Además, fijará los criterios básicos que deben aplicarse en los procedimientos de arbitraje. Se hará especial hincapié en definir una serie de criterios para apoyar a los clientes que se consideran más vulnerables. “Habrá un procedimiento 'ad hoc' express para atender a los colectivos con menos conocimientos o más vulnerables”, según ha explicado Guindos.
El Ministro de Economía ha puntualizado que el objetivo de lo aprobado hoy “es hacer frente a un problema real. Ya que estamos ante un montante de productos híbridos de 8.000 millones de euros y más de 300.000 afectados”. Y ha recordado que la mayoría de esos productos, alrededor del 80%, fueron comercializados entre 2008 y 2009 en España. Y que frente a lo que ocurría en otras partes del mundo aquí los destinatarios no fueron clientes institucionales sino que “fueron colocados a clientes minoristas que desconocían el riesgo que suponían unos productos que ofrecían tanta rentabilidad”. Además, el Ministro ha insistido en que aquí “no se explicaron adecuadamente todas las características de lo que se estaba vendiendo”.