La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha congregado este miércoles frente al Tribunal Supremo bajo el lema “si nos movemos, cambiamos todo”. El motivo de la manifestación –secundada por unas 200 personas– es la rectificación del Alto Tribunal en relación a la sentencia del pasado 18 de octubre que dictaminaba que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo.
“El Tribunal Supremo está más interesado en defender a los grandes poderes de este país que al ciudadano”, sostiene Mercedes Revuelta, activista por el derecho a la vivienda y miembro de la PAH. Revuelta se muestra contraria a la notificación del tribunal, en la que deja sin efectos la sentencia hasta que los 31 magistrados del pleno de la sala decidan si deben ser los bancos o los clientes los que deban pagar dicho impuesto. “La repercusión económica y social que ha tenido esta sentencia la vemos en la calle hoy”, subraya Revuelta, mientras el colectivo grita “algo huele mal en ese Tribunal”.
El pleno para decidir sobre el impuesto de las hipotecas será el próximo 5 de noviembre y el colectivo de Afectados por la Hipoteca no descarta movilizarse ese día delante del Alto Tribunal. “Los bancos han ejercido presión, la ciudadanía también”, afirma Angelines Diáz, coordinadora de la PAH en Madrid centro. En este sentido se manifiestan en el mismo suelo de las inmediaciones del Supremo los pensionistas, que han mostrado su apoyo al colectivo de vivienda porque “esto es una lucha de todos”.
Ricardo Rosado, portavoz de la PAH en Parla, explica a eldiario.es que el colectivo ha manifestado su “profundo malestar” ante la Fiscalía General del Estado y han registrado un escrito dirigido a la institución en el que solicitan que “actúe en los recursos del Tribunal Supremo para defender los derechos de los consumidores y de la ciudadanía”. Además, exigen que se garantice “un castigo o sanción pública a las entidades bancarias”.
En esta misma línea, Rosado sostiene que “la decisión de suspender la tramitación de los recursos genera una enorme alarma social y cuestiona la apariencia de independencia e imparcialidad de las decisiones judiciales” y lamenta que “gobierne quien gobierne, los poderes fácticos del Estado están haciendo presión a la democracia en beneficio propio”.
La documentación dirigida a la fiscalía –a la que ha tenido acceso eldiario.es– recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ya corrigió la doctrina del Supremo en 2016 en relación a las cláusulas suelo. El TJUE falló en contra del uso de estas cláusulas y supuso un impacto para el sector financiero, que tuvo que devolver miles de millones de euros cobrados indebidamente a sus clientes. En base a esto, el colectivo espera que el Supremo “le pare los pies a una banca que no deja de movilizar los hilos que se mueven alrededor de la democracia”.