El Gobierno de Ayuso deja fuera del chequeo médico al 90% de sus empleados cada año

“Los reconocimientos médicos son obligatorios cuando sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores”, según el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En la Comunidad de Madrid, la gran mayoría de los trabajadores públicos no tienen acceso a un chequeo médico anual.

Concretamente, la Consejería de Hacienda, encargada de la prevención de los riesgos laborales de los 102.215 empleados públicos y funcionarios de la Justicia, Educación y administración general autonómica –los sanitarios no entran en el grupo y tienen sus chequeos aparte– hace reconocimiento médico al 10% de la población que tiene derecho cada año. Es decir, cada año quedan fuera el 90% de sus trabajadores. En 2023, por ejemplo, se hicieron 10.025 chequeos. El año anterior, 9.703.

El servicio está externalizado desde 2014. El último contrato que salió a concurso fue en 2021 y la ganadora fue Quirón Prevención, que también ganó la licitación en 2018. El sistema no es que la administración pública hace un llamamiento general a sus trabajadores, como sucede por ejemplo en empresas privadas. En la Comunidad de Madrid son los trabajadores los que se ponen en contacto con las Secretarías Generales para solicitar el reconocimiento, según una respuesta enviada por el Gobierno de Ayuso a través del Portal de Transparencia. Normalmente hay un aviso de su unidad (por ejemplo, la secretaría de un colegio). Quien está interesado, lo manifiesta por correo.

A partir de ahí, la administración centraliza las peticiones y las reenvía a la empresa contratada, Quirón Prevención –conocida mediáticamente por ser filial de Quirón, el principal proveedor sanitario de Madrid, además de la principal pagadora de la pareja de Isabel Díaz Ayuso–. ¿Qué pasa si hay más peticiones que chequeos previstos? “El cribado lo hace la empresa en función de todas las solicitudes recibidas, priorizando a las personas que llevan más tiempo sin hacerse el reconocimiento médico”, explican fuentes de Hacienda.

El motivo por el que habría que cribar es que la Comunidad de Madrid ha calculado presupuesto para hacer 10.000 pruebas a razón de 469.000 euros anuales, como recoge el contrato publicado en el portal de contratación oficial: “Desde 2014, que fue el primer contrato de reconocimientos médicos, se ha visto que el número de pruebas se ajusta razonablemente a las solicitudes recibidas. En el caso de que haya más peticiones, se puede aumentar pero no se ha dado el caso”, rematan las mismas fuentes. Algunas fuentes, como la sección de enseñanza de CCOO, no lo ven igual. De hecho, lanzaron un comunicado en el que se quejaban de que los reconocimientos no llegaban a todos los trabajadores de la enseñanza, los más numerosos junto a los sanitarios. Desde Quirón Prevención apuntan a que no se suele llegar a los 10.000 (en 2021 sí se rebasó esa cifra) y puntualizan que, cuando un trabajador es citado y no se presenta, no se factura el servicio.

“El problema es que a veces ni te enteras de que hay que pedirlo, hay años que mandan aviso y años que no. De hecho yo lo he solicitado algún año y no me han respondido y he tenido que insistir”, cuenta un trabajador de Educación de la Comunidad en contacto telefónico. Otros trabajadores en distintas etapas educativas consultados por elDiario.es coinciden en que no se incentiva la petición del chequeo médico, que es cambiante o que muchas veces no se recibe respuesta.

Los sindicatos de enseñanza en la Comunidad de Madrid denuncian la aleatoriedad en la gestión de los reconocimientos. Desde la delegación de Enseñanza de CCOO Madrid explican que hay “centros en los que se ha ofertado y realizado durante al menos dos años consecutivos e incluso más, mientras que otros llevan incluso cinco años sin que se haya citado a su personal”. 

Por su parte, Teresa Jusdado, secretaría de Educación de UGT Madrid, señala que han recibido un par de docenas de quejas de sus afiliados porque “pasan muchos años sin que reciban cita”. En la misma línea, Miguel Ángel González, responsable de enseñanza de CSIF, afirma que no está extendido en su sector hacerse estas pruebas. 

Para abordar esta cuestión, el nuevo acuerdo de la mesa sectorial para los funcionarios de la Comunidad de Madrid establece que “una vez al año se realizará un reconocimiento médico para todo el personal que lo solicite”. Asimismo, para cumplir este objetivo, la administración se compromete a adoptar “las medidas informativas y de divulgación precisas”. Aunque el texto fue publicado este lunes en el boletín autonómico, este párrafo ya estaba incluido en el convenio anterior. 

Otro de los problemas de que solo se liciten pruebas para el 10% de la plantilla son los tiempos de espera, según apunta González. En su caso, tras haber pedido cita, tuvo que esperar alrededor de diez meses para poder hacerse las pruebas. 

Para Encarnación Abascal, secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, el porcentaje de la plantilla que cubre la Comunidad con su licitación “es una proporción muy baja”. Tanto ella como otros especialistas consultados por elDiario.es defienden que aquellos trabajadores a los que no se les esté ofertando este servicio tienen el derecho de reclamarlo a la administración. También recuerdan que con un plan de vigilancia de la salud más extendido entre su personal, la Comunidad “podría tener más herramientas para saber si las condiciones de trabajo de su plantilla son óptimas”, según concluye Rubén Elizalde, profesor de Economía de la Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.