El Gobierno de Pedro Sánchez sube su apuesta por las renovables con una fuerte revisión al alza del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), cuyo borrador se ha presentado este miércoles y fue aprobado por el Consejo de Ministros del martes, un día después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmase su intención de prorrogar la vida útil de las nucleares si llega a Moncloa, promesa que está por ver que pueda cumplir.
La propuesta de actualización del PNIEC remitida a Bruselas es un documento de más de 600 páginas, anexos incluidos, que actualiza el plan elaborado hace tres años. Pandemia, guerra y crisis energética mediante, el Ejecutivo plantea que las energías limpias cubran el 81% del consumo de electricidad en 2030 (ahora su cuota es del 50%), frente al 74% fijado en el vigente PNIEC. Todos los objetivos se revisan al alza, con 107 medidas que actualizan o complementan las 78 del PNIEC inicial. Las emisiones de gases de efecto invernadero se recortan un 32%, frente al 23% planteado inicialmente. La penetración de las renovables en el consumo de energía final se fija en el 48% en 2030, por encima del 45% que plantea la Comisión Europea y del 42% fijado hasta ahora España.
Hay más ambición, según el Gobierno, porque así lo establece la ley climática, por los nuevos objetivos del paquete Fit for 55 de la Comisión Europea, por el nuevo escenario energético y estratégico que ha abierto el conflicto en Ucrania y por el impacto de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El documento no deja de ser un borrador, a consulta pública hasta el 4 de septiembre y que puede quedarse en papel mojado. La versión definitiva debe aprobarse en junio de 2023. Pero con la propuesta, remitida a Bruselas antes de la fecha tope del 30 de junio, se fija la hoja de ruta energética para la próxima década del actual gobierno. El maremágnum de cifras y objetivos contrasta con la indefinición de Núñez Feijóo en energía, que ha provocado cierta inquietud en el sector de las renovables. Sobre todo de cara a un posible acuerdo de gobierno con la ultraderecha negacionista de Vox.
El lunes, Feijóo prometió que España será “potencia mundial” en “energías limpias”, ya que “tenemos capacidad para producir energía más barata que el resto”, al tiempo que confirmaba que abortará el cierre nuclear escalonado previsto por el actual Gobierno para evitar una subida “exponencial” del coste de la energía y porque “la transición energética no pasa por cambios abruptos y repentinos, sino por un periodo de acomodación paulatina”.
El gallego confirmó así que quiere anular el plan que pactó el gobierno de Pedro Sánchez en 2019 con las eléctricas para un cierre escalonado entre 2027 y 2035. Esa decisión implicaría reducir la tarta de generación disponible para las renovables. Y la incógnita es cómo sería el PNIEC cuando el PP tiene como posible aliado a la formación ultra de Santiago Abascal, que ha abogado no ya por prorrogar las nucleares sino por construir mini reactores atómicos de coste muy incierto, vistos los astronómicos sobrecostes de los planes nucleares en desarrollo.
La promesa de Feijóo, cuyo rédito electoral está por ver fuera de las áreas de influencia de los pueblos nucleares y del propio lobby que defiende este sector, se la puede llevar el viento, como pasó con el fiasco de Mariano Rajoy con la central de Garoña o el “renacer nuclear” que propugnaba en 2011 FAES, la entonces fundación del PP, justo antes del desastre de Fukushima.
Que se materialice esa promesa de prórroga de Feijóo está en realidad en manos de las empresas. Y no sería gratis: hace unas semanas, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se mostró dispuesto a ese alargamiento, que requeriría inversiones multimillonarias para garantizar la seguridad de los reactores, solo si se cambia la retribución a las plantas, que actualmente les aboca a pérdidas, según la primera eléctrica española. Este miércoles, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, instó a Feijóo a explicar quién va a pagar esa prórroga, qué coste tendrá y cuánto tiempo durará. En su opinión, los paganos serán el presupuesto público o los consumidores de electricidad.
“Plenas garantías”
El nuevo borrador del PNIEC sostiene que el sistema eléctrico puede afrontar con “plenas garantías” la progresiva desconexión hasta 2030 de tres de los siete grupos nucleares disponibles en la actualidad gracias al respaldo de las centrales de gas y al fuerte aumento de las renovables y el almacenamiento.
Para ello, se plantea aumentar un 34% la potencia del parque de generación eléctrica, que en 2030 pasaría a tener 214 gigavatios (GW) instalados, frente a los 160 GW del PNIEC vigente. Las renovables coparían 160 GW, frente a los 113 GW del PNIEC actual, con 105 GW de nueva potencia a lo largo de la década (frente a los 59 GW del plan anterior).
Con la fotovoltaica consolidándose como la fuente de generación más barata, el nuevo escenario es contar en 2030 con 76 GW de esta tecnología (37 GW más que en el plan anterior), incluyendo 19 GW de autoconsumo, frente a los 9-14 GW que hasta ahora contemplaba la hoja de ruta del Gobierno. Además, se contemplan para 2030 un total de 62 GW de eólica (50 en el PNIEC anterior), incluyendo 3 GW offshore. El viento se mantendría como primera fuente de generación en 2030. Y el parque actual de ciclos combinados se mantiene.
El documento considera “esencial” la reforma del mercado eléctrico a escala europea que la presidencia española de la UE se va a marcar como prioridad, con una propuesta por parte de España que las empresas y el PP rechazan. Propone contar en 2030 con 22 GW de almacenamiento energético, frente a los 20 GW del plan vigente. Esta cifra incluye bombeo, baterías, vehículos eléctricos y la energía termosolar, cuyos objetivos se rebajan, con la expectativa de alcanzar ya al final de la década 4,8 GW, frente a los 2,3 GW actuales y los 7,3 GW que prevé el PNIEC todavía vigente.
Además, se adelanta el cierre del carbón a 2025, por “la dificultad” de las plantas “para continuar siendo rentables en un entorno fuertemente condicionado por la respuesta europea al cambio climático en el que el precio de la tonelada de CO2 será, como mínimo, de 76 euros”.
En el caso de otra tecnología incipiente, el biogás, el objetivo es contar con 440 MW, frente a los 241 MW que se contemplaban hasta ahora, y muy lejos de las peticiones del sector gasista.
Más demanda
El plan, con “escasa ambición”, según el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha sido bien recibido por las patronales del sector. La fotovoltaica UNEF “celebra” el aumento de los objetivos para esta tecnología, pero reclama agilizar los trámites administrativos para la masiva nueva potencia prevista y pide “estabilidad regulatoria” de cara al 23J. La patronal de renovables APPA incide en que España tiene pendiente una importante asignatura, electrificar usos fósiles, para reanimar una demanda que está en mínimos de 20 años.
José María González Moya, director general de APPA, valora “positivamente que se hayan revisado al alza los objetivos”, en consonancia “con la madurez de las tecnologías y su competitividad económica”. Pero “para alcanzar esos niveles de penetración renovable son muchos los sectores que deben impulsar su electrificación y descarbonización”. Y reclama impulsar “de forma decidida el vehículo eléctrico, la bomba de calor, el almacenamiento de energía renovable y la flexibilidad de la demanda”.
“El objetivo de autoconsumo parece alcanzable si ponemos todos de nuestra parte simplificando las tramitaciones y liberando el 10% de los puntos de evacuación previstos”, señala Jon Macías, director de Autoconsumo de APPA. El director general de la patronal advierte de que el PNIEC “prevé que la demanda de electricidad aumente un 12%”, en contraste con las caídas de los últimos años. “Es crucial que busquemos el equilibrio entre demanda y generación”.
El borrador incrementa la ambición de objetivos en rehabilitación de viviendas, con 1,38 millones de unidades para 2030, frente a los 1,2 millones del PNIEC vigente. Introduce nuevos objetivos, como alcanzar 11 GW de electrolizadores para producir hidrógeno verde. Menciona el hidroducto España-Marsella, pero sin mayores detalles.
El objetivo de dependencia energética sería del 51% en 2030, frente al 73% de 2019 y el objetivo del 61% recogido en el plan anterior. Con ello, se espera un ahorro en importaciones de combustibles fósiles de 90.700 millones de euros. En cuanto al impacto socioeconómico, las inversiones estimadas se cifran en 294.000 millones, un 27% más frente a los 231.000 millones del plan anterior.
Ese importe se reparte entre renovables (40%), ahorro y eficiencia energética (29%), redes (18%) y electrificación (12%) y otras (1%). El 85% de la inversión la realizaría el sector privado. Gracias a los fondos del Next Generation EU y al PRTR una parte importante de las inversiones públicas se financia con fondos europeos (el 11% del total). Esas inversiones generarían un aumento en el PIB del 2,5% y un impacto económico de entre 25.200 y 34.700 millones entre 2025 y 2030.
El plan, según Transición Ecológica, permite “reforzar la cadena de valor industrial y la autonomía estratégica del país, crear más de 500.000 empleos y mejorar la salud de los ciudadanos”, evitando la mitad de las muertes prematuras asociadas a la contaminación atmosférica al final de la década con respecto a 2019.
Las inversiones en renovables e hidrógeno verde generarían hasta 196.000 empleos/año, mientras que las inversiones en ahorro y eficiencia energética generarían hasta 143.000 empleos/año. Las inversiones en redes generarían hasta 62.000 empleos/año y la electrificación, entre 47.000 y 53.000 empleos/año. Finalmente, el cambio en el mix energético generaría indirectamente hasta 101.000 empleos en 2030, según el Gobierno.
“Continuidad” de las subastas
El borrador plantea dar “continuidad” a las subastas de renovables (se han celebrado 4 hasta ahora que han permitido adjudicar 6.380 MW) e incrementa un 10% el objetivo de vehículos eléctricos en el parque móvil, que pasa de 5 millones a 5,5 millones en 2030.
Ante el creciente rechazo a la instalación de grandes plantas, apuesta por implicar más a las comunidades autónomas, que autorizan los proyectos más pequeños, y les aconseja elaborar sus propios planes de energía y clima. Aboga por un despliegue “compatible con el territorio y el desarrollo rural” para lograr la “aceptación” de los proyectos, visto el “debate en la sociedad sobre el proceso, ritmo y naturaleza de esta transformación, incluyendo un mejor reparto de los beneficios y costes de la transición energética”.
En línea con la nueva planificación hidrológica, se estudiará el uso de almacenamiento mediante “nuevas centrales hidroeléctricas reversibles utilizando embalses de titularidad estatal”, que “ofrecen una magnífica oportunidad para servir de depósito inferior en nuevas instalaciones”. Un capítulo sobre repotenciación de instalaciones menciona una “regulación del fin de concesión de las centrales hidroeléctricas”.
El Gobierno recuerda que, de acuerdo con el Eurobarómetro de 2022, España es el país más preocupado por el cambio climático de la UE, con un 90% de la población que lo considera “un problema muy serio”.
Para impulsar la compra de energía renovable, se plantea que la Administración firme acuerdos de compra de energía verde a largo plazo “que incentiven nuevas instalaciones” e incentiven el autoconsumo. Se pone como ejemplo el plan fotovoltaico de Aena, que quiere cubrir en 2026 un 70% de su demanda con sus propias plantas.
En materia de movilidad, se insiste en una posible reforma fiscal en el sector automóvil que analizará el Ministerio de Hacienda. “Podría considerar entre otros la reforma del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) o impuesto de matriculación para actualizar los umbrales de emisiones de CO2 a partir de los cuales se abona”. El objetivo sería “adelantar la paridad de precio entre vehículos de combustión y vehículos eléctricos, lo que contribuiría a acelerar la penetración de estos últimos, orientando al ciudadano hacia la compra de vehículos de cero emisiones”.
El borrador cree “factible” reducir el tráfico urbano un 41,3% hasta 2030 (frente al 35% del plan actual) gracias a la implantación de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más 50.000 habitantes, el teletrabajo, el vehículo compartido, el uso de medios no motorizados y el transporte público.
El documento es el resultado de más de 2.000 observaciones recibidas en la consulta pública previa y tres reuniones técnicas de trabajo. Algunos sectores creen que no ha habido suficiente diálogo de cara a este primer borrador.