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Las pensiones entran en campaña: recortes del 40%, blindaje en la Constitución y acusaciones de mentir

Imagen de archivo de pensionistas durante una concentración en Bilbao el pasado lunes.

Laura Olías

Las pensiones han irrumpido y acaparado la primera línea de la precampaña electoral. Unas declaraciones de Daniel Lacalle, gurú económico del PP y fichaje de Pablo Casado, este fin de semana han situado al Partido Popular en el centro de la polémica: tanto PSOE como Unidas Podemos consideran que retratan la intención de los populares de recortar las pensiones. Los de Casado lo desmienten y han desatado una campaña en redes sociales que tacha de “mentiroso” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras los ataques e insultos, por el momento los partidos han introducido solo breves líneas generales de sus propuestas para el futuro del sistema público de pensiones.

“España es el único país que, con respecto a otros países que han estado en una situación similar, han crecido las pensiones. Los demás las han reducido hasta el 40%. Por tanto, el debate no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan. Un 20%, un 30% o un 40%. Todos los países que han ido por el camino impositivo han aumentado la edad de jubilación y reducido el porcentaje de reemplazo”. Estas son las declaraciones de Daniel Lacalle, en una entrevista en El Economista, que han puesto todos los focos sobre la política de pensiones del PP.

El PSOE, y expresamente el presidente del Gobierno, han acusado al Partido Popular de querer implantar esa reducción en la cuantía de las pensiones en España. Los beneficiarios de la pensión mínima, “con ese recorte del 40% que está proponiendo el PP” –criticó Pedro Sánchez este fin de semana–, “empezarían a cobrar poco más de 400 euros al mes”. El responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, también lo ha tomado como un mensaje para los futuros pensionistas si gobierna el Partido Popular tras el 28A.

Según Lacalle, sus palabras han sido “tergiversadas y manipuladas” por sus adversarios políticos y asegura que el debate sobre los recortes de hasta el 40% se refiere a aquellos países en los que se han reducido las pensiones en estos años de crisis, no a España.

Debido al revuelo generado, El Economista publicó la transcripción de la entrevista más amplia, en la que Lacalle concretaba que no queria bajar las pensiones: “Todos los países que han ido por el camino impositivo de aumentar la presión fiscal, todos han aumentado la edad de jubilación, han reducido las pensiones y han reducido el porcentaje de remplazo. Entonces, yo, que no quiero que se bajen las pensiones estoy en contra de eso, porque no funciona. Entiendo que hay entes regulatorios, me acabas decir tres, que lo que quieren es recaudar más y entonces siempre presionan con subidas de impuestos para recaudar más”.

Después de que el economista lo advirtiera también a través de Twitter el domingo, este lunes en el PSOE insistían en que la voluntad del PP no quedaba clara y el ministro Ábalos emplazó a Pablo Casado a aclarar su compromiso con el sistema público de pensiones. Así, el mensaje del PP se ha endurecido con una campaña en redes sociales con la etiqueta SánchezMentiroso: “Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno mienten sin pudor con un único objetivo: mantenerse en el poder. Lo último, mentir sobre las pensiones”. Además, Lacalle y Pablo Casado han atacado a los socialistas con la hemeroteca, recriminándoles haber congelado las pensiones en 2010.

La Constitución como garantía de las pensiones

Las declaraciones de Daniel Lacalle han servido el PSOE para anunciar su propuesta de “blindar el Pacto de Toledo en la Constitución”. El artículo 50 de la Carta Magna ya recoge que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”, pero desde la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) defienden una reforma que prohíba expresamente cualquier medida que rebaje el poder adquisitivo de las pensiones o permita la privatización, parcial o total, del sistema.

Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y experto económico del PSOE, explica que “blindar el Pacto de Toledo tiene como consencuencia mantener el poder adquisitivo de las pensiones públicas y garantizar que el sistema público sea sostenible”.

Esta garantía en la Constitución también es otra de las promesas de la candidatura de Unidas Podemos para las elecciones generales, según explica Nacho Álvarez a eldiario.es: en su caso, consideran necesario garantizar que la subida anual esté vinculada al IPC. Además, ambas formaciones han defendido la derogación del actual índice de revalorización de las pensiones (IRP), que provocó las subidas anuales del 0,25% y llevó a miles de jubilados a masivas manifestaciones en las calles. Las dos candidaturas apuestan por que las pensiones aumenten anualmente según el IPC de cara al 28A.

Aunque en estas medidas coinciden, los partidos de izquierdas se distancian en otras cuestiones. A falta del programa electoral detallado de PSOE y Unidas Podemos, los de Sánchez ya avanzan que no derogarán el factor de sostenibilidad de las pensiones que aprobó el PP –que vinculará a partir de 2023 la pensión inicial de los nuevos pensionistas a la esperanza de vida en el momento de su jubilación– sino que lo modificarán con el consenso de los sindicatos y la patronal. En el caso de Unidas Podemos, el grupo se ha inclinado hasta el momento por derogar este factor, pensado sobre todo para afrontar el aumento del número de pensionistas de la generación del baby-boom que se producirá en los próximos años.

Sobre cómo abordar el actual déficit de la Seguridad Social de unos 18.000 millones de euros, el PSOE deslizó algunas ideas generales en sus '110 compromisos con la España que quieres': que las cotizaciones sociales soporten primordialmente gastos de naturaleza contributiva y que se incremente progresivamente la aportación del Estado para sufragar las pensiones.

En Unidas Podemos apuestan por apoyarse en la creación de empleo para llenar las arcas de la Seguridad Social y, además, por destopar las bases máximas de cotización (para aumentar la recaudación de los sueldos más altos) y acabar con las bonificaciones en las cuotas.

Indefinición de la derecha y llamadas al ahorro privado

Aunque todos los partidos políticos coinciden en subrayar las pensiones como un tema clave, ya que las reciben de manera directa 8,8 millones de personas en España, y reclaman una reforma del actual sistema para garantizar su sostenibilidad en el futuro, en la práctica escasea la definición de las propuestas al respecto de cara a las elecciones. Especialmente en las formaciones de derecha.

Daniel Lacalle ha rechazado la voluntad de reducir las pensiones un 40%, pero no detalla las propuestas de los de Casado para el sistema público de pensiones. El economista ha destacado este lunes su “defensa de un sistema de reparto, financiado, sostenible”, pero no ha concretado si su formación derogará el actual índice del 0,25% y hace unas semanas esquivó responder a si el PP es partidario de revalorizar las pensiones según el IPC, aunque afirmó que “casi ningún país” vincula exclusivamente las pensiones a los precios.

Lo mismo ocurre con Pablo Casado. El líder del PP ha apuntado de manera genérica este lunes que “nosotros queremos que ese sistema (público de pensiones) funcione”, pero sin aportar ninguna medida al respecto. En cambio, Casado sí ha detallado los incentivos fiscales que el PP pretende aprobar si gobierna para impulsar el ahorro privado y las pensiones complementarias.

“Nosotros lo que queremos es que las pensiones sean sostenibles para mis hijos y por eso estamos planteando sistemas en paralelo al propio sistema de reparto público”, ha afirmado el presidente del PP. Entre las medidas, apuesta por desgravaciones de hasta 8.000 euros en los planes de ahorro, que no existan costes de transferencias entre diferentes modalidades privadas de ahorro y eliminar la imposición fiscal al rescatar el dinero de estos planes. “Eso es lo revolucionario, lo que a la gente le hace poder capitalizar más los esfuerzos de su trabajo”, ha destacado Casado.

En Ciudadanos tampoco concretan apenas sus propuestas para el sistema público de pensiones. Fuentes del partido sostienen que “es un imperativo mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y la sostenibilidad del sistema para nuestros padres y para nuestros hijos. Somos partidarios de un sistema público de pensiones transparente y predecible”. Para alcanzarlo, en la formación de Albert Rivera explican que “necesitamos empleo estable y de calidad, políticas que ayuden a las familias y fomentar la natalidad”.

Pedro Saura subraya que “ahora es más importante que nunca” el blindaje de las pensiones en la Constitución, “porque lo que dice el PP en materia económica ha ido más allá de lo que la derecha ha dicho públicamente hasta ahora”. El economista del PSOE considera que con las medidas de ahorro del PP “se está privatizando el sistema y encima no garantizan el poder adquisitivo de las pensiones”.

Mientras, la reforma del PP de 2013 sigue en vigor aunque aplazada temporalmente y el próximo Ejecutivo deberá afrontar una reforma sin que el Pacto de Toledo haya concluido sus recomendaciones. De aplicarse la legislación del PP, se producirá una reducción de la tasa de sustitución –es decir, la pensión que cobra un jubilado respecto al salario medio– en las próximas décadas, según los estudios del Banco de España y de la OCDE.

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