El Congreso ha aprobado este martes por unanimidad la puesta en marcha de la Proposición de Ley de Unidos Podemos de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, pagados sobre el 100% del sueldo. Después de que el Gobierno de Rajoy vetara la misma iniciativa en dos ocasiones -marzo y en mayo de 2017- alegando incremento en el gasto, esta vez el PP la ha apoyado desde la oposición y ha salido adelante en la Cámara por consenso.
Los grupos tenían diferentes propuestas pero finalmente la que ha salido adelante es la que se ha encargado de defender Pablo Iglesias. Fue la primera en ser registrada y cuenta con la asesoría de varios organismos, destacando entre ellos la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA). En este modelo, los permisos consistirían en 16 semanas para cada progenitor que no pueden cederse de uno a otro al ser asumidos como un derecho individual, como lo son las vacaciones.
Las dos primeras de esas 16 semanas serán obligatorias y deben disfrutarse justo tras el parto o la adopción. Las siguientes cuatro son obligatorias también, pero pueden cogerse en cualquier momento del primer año y, por tanto, ser alternadas entre ambos. Las diez semanas restantes son voluntarias durante ese mismo periodo, pero en ningún caso traspasables.
Esto difiere de la situación actual, que continuará hasta que la Ley que ahora ha dado los primeros pasos sea efectiva: 16 semanas para la madre, 6 de ellas obligatorias y 10 voluntarias y transferibles; y 4, a las que se sumaría una tras la ejecución de los Presupuestos de 2018, para el padre. En el caso de las parejas homosexuales es igual: un progenitor tiene 16 y el otro 4. Además, deben cogerse inmediatamente después del parto o adopción, por lo que los progenitores no pueden turnarse como sería posible tras la aprobada este martes tras los primeros 14 días.
Según datos de la Seguridad Social, en el primer trimestre de 2018 61.733 prestaciones correspondieron a mujeres y 1.099 a hombres. En 2017 y según la misma institución, solo un 2,04% de parejas compartieron las 10 semanas traspasables del permiso de maternidad. Muy poco más que en 2016, que fueron el 1,87%.
El PSOE tenía otra propuesta para conseguir también permisos intransferibles e iguales de 16 semanas, con las 6 primeras voluntarias y el resto obligatorias. La principal diferencia con la que este martes se ha votado es que la baja se tendría que coger justo después del parto o la adopción y no sería en un momento elegible a lo largo del año. Han de ser por tanto simultáneas, pega que le ponía la PPiiNA ya que veían positivo que exista la opción de que los hombres se queden solos en el cuidado porque es como “dejan de ser espectadores o ayudantes para convertirse en protagonistas de los cuidados”.
La que llevaba Ciudadanos era más compleja y no implicaba que las bajas fueran totalmente no traspasables. Se trataba de 10 intransferibles a las que se sumaban otras 10 repartibles entre dos; concebían también un bonus de otras 4 semanas si estas eran efectivamente compartidas, 5 y 5. Es decir, cada progenitor podía acumular 17 semanas, pero también se podía dar la situación de que uno se quedase con 20 y el otro con 10. La PPiiNA la criticaba porque consideraba que todo lo que no sea intransferibilidad produce que recaiga más peso de la crianza sobre las mujeres, como demuestran los porcentajes de cesión de semanas que aporta la Seguridad Social.
El PP no había presentado ninguna propuesta, aunque en los últimos Presupuestos el Gobierno de Rajoy aceptó la enmienda de Ciudadanos de ampliar los permisos para padres de las cuatro a las cinco semanas.
Hasta un año para ser efectiva
Tras la aprobación a trámite en el Congreso comienza un periodo de enmiendas de al menos 15 días en los que se espera que salten estas diferencias y la Ley sufra modificaciones. El Gobierno ya se ha prestado a dialogar al tener varios puntos en común con Unidos Podemos. El tiempo para que sea efectiva puede variar: en una legislatura “normal” se podría tramitar “en seis meses”, explicaba este martes a El País la diputada socialista Esther Peña.
Con la actual situación, con un partido de Gobierno con 84 diputados, los grupos podrían alargar el periodo de debate de enmiendas hasta un año. Patricia Reyes, portavoz de Igualdad de Cs, ya ha avanzado que deberán “debatirlo”, en alusión a las 10 semanas que ellos planteaban como transferibles.
La diputada del PP María del Carmen Dueñas Martínez ha asegurado durante el debate previo que su partido “siempre se mostró favorable a los permisos iguales e intransferibles”, a pesar de los vetos que ha achacado a que cualquier revisión que afectara al sistema de Seguridad Social o supusiera un aumento del gasto debía ser revisada por el Pacto de Toledo. “Es importante dialogar y consensuar. Espero que en un futuro próximo estas situaciones estén normalizadas en nuestra vida diaria”, ha dicho la diputada.
Según cita también El País, la PPiiNA estima que la medida costaría 1.200 millones de euros de aumento en los presupuestos, aunque el cálculo no tiene en cuenta las variaciones que sufre la prestación cuando los nacimientos son múltiples. El Gobierno del PP justificó los bloqueos a las anteriores iniciativas aprobadas y también presentadas por Unidos Podemos en la alteración en los presupuestos. En su segundo veto, en mayo de 2017, habían calculado 560,59 millones de sobrecoste el primer año, otros 879,04 millones que hubiesen sido en 2018, y así sucesivamente hasta los 2.020 millones en 2022.
“Políticas que obliguen a los hombres a cuidar y a hacernos corresponsables”
Pablo Iglesias ha defendido el proyecto de ley argumentando que “históricamente se han aplicado políticas de conciliación dirigidas solo a las mujeres, algo que solo conseguía reproducir una estructura patriarcal que reproducía roles de género”. “No quiero 'ayudar' a mi compañera a cuidar a mis hijos, los hombres debemos compartir esa responsabilidad al 50%”, ha tuiteado luego.
“¿Es transferible el derecho a la sanidad, a la educación pública, a las vacaciones? Los derechos no deben ser transferibles”, ha señalado el dirigente de Podemos en la tribuna. La diputada y portavoz de Igualdad Sofía Castañón decía algo parecido en enero de 2017, cuando sacaron adelante la anterior tramitación que luego el Gobierno bloqueó: “Ningún derecho es transferible, ¿por qué este sí?”.
Igualar los permisos de paternidad y maternidad fue una de las demandas transversales del 8M. El proyecto de la PPiiNA en el que se ha basado Unidos Podemos era uno de los más aceptados en el movimiento feminista. El objetivo: evitar que las mujeres sean penalizadas laboralmente por cuidar. Es decir, que una empresa vea por igual a un hombre y a una mujer, y no existan diferencias de cara a tener un hijo.
El cambio legal busca incidir en el reparto del trabajo de cuidados y provocar que no sean las mujeres las que lleven el peso de la crianza durante las primeras semanas, algo que además se traduce en una inercia que se alarga en el tiempo.