El Gobierno se ha ahorrado, de momento, el trámite de dar a conocer el patrimonio de decenas de altos cargos nombrados o cesados en el último ejercicio, entre los que están los exministros Alberto Ruiz-Gallardón (Justicia), Ana Mato (Sanidad) o José Ignacio Wert (Educación), que se han despedido en los últimos meses de sus responsabilidades en la primera línea política. A poco más de dos meses de las elecciones generales, un vacío legal ha permitido al Ejecutivo esquivar la publicación, antes del 30 de septiembre, del patrimonio de los altos cargos cesados o nombrados entre el 1 de julio del año pasado y el 30 de junio de este ejercicio.
La explicación está en la entrada en vigor en abril de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. La norma, cuyo anteproyecto presentó el Gobierno en febrero de 2014 para, según dijo entonces la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, “cubrir un vacío legal” y completar el programa de “regeneración democrática” del Ejecutivo, ha dejado sin efecto la normativa anterior (un Real Decreto de 2009 que ha quedado derogado) que estipulaba la publicación de esas declaraciones antes del citado plazo, el 30 de septiembre de cada año.
Esta cuestión está pendiente del desarrollo reglamentario de la nueva ley, recogido en un borrador de Real Decreto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el 773/2015, que está en su última fase de tramitación. Este mismo jueves, la norma ha pasado el trámite del Consejo de Estado y, tras el envío del preceptivo informe del órgano consultivo al Ministerio de Hacienda, ya sólo necesita la luz verde del Consejo de Ministros. A preguntas sobre este asunto, fuentes de Hacienda aseguran que el reglamento estará en vigor antes de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre, aunque de momento, dicen que no hay una fecha concreta.
Entretanto, y a diferencia de lo que sucedió en 2012, 2013 y 2014, este año todavía no se han publicado esas declaraciones, que muy probablemente afecten a más de un centenar de altos cargos. Los últimos datos disponibles, de hace un año, permitían cifrar en 151,3 millones de euros el patrimonio de 172 altos cargos de la Administración General del Estado, entre inmuebles y otro tipo de bienes, incluyendo los heredados. Pero es sólo una pequeña parte del total. Un porcentaje importante de esas declaraciones todavía no se ha publicado, por los plazos que fijaba la Ley de Transparencia de diciembre de 2013 y la legislación anterior a esta norma, más laxa en esta materia.
Hasta 2013, sólo se hacían públicas las declaraciones de los ministros y los secretarios de Estado nombrados o cesados en el año en curso. Pero, tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, esa exigencia se extendió al resto de altos cargos de la Administración General del Estado: subsecretarios, directores generales embajadores, jefes de gabinete de los ministros o ejecutivos de las empresas públicas, entre otros. Hace algo más de un año, cuando el BOE publicó por primera vez las declaraciones de todos los altos cargos cesados o nombrados en ese ejercicio, el Ministerio de la Presidencia aseguró en un comunicado que “la publicación se seguirá realizando antes del 30 de septiembre de cada año”. Este año, a unos meses de la cita con las urnas, no ha sido así.
72 nombramientos y 52 ceses
Según datos del Ministerio de Hacienda, a 30 de junio de 2015 había en activo 649 altos cargos obligados a formular declaración. Sólo en el primer semestre de este año se presentaron 72 declaraciones de bienes a la toma de posesión y 52 al cese. Entre las que no se han publicado están las del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso; Justicia, Rafael Catalá; y Educación, Íñigo Méndez de Vigo.
Entre los cesados, destacan, entre otros, los nombres de Wert, recolocado este verano como embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, y su esposa, la millonaria exsecretaria de Estado de Educación Montserrat Gomendio, que declaró 14,5 millones de patrimonio al tomar posesión; Ana Mato, que dimitió tras ser acusada por el juez Ruz de lucrarse por el caso Gürtel; o Gallardón, que dimitió en septiembre del año pasado y un mes después comunicó al Congreso que, tras más de tres décadas en política, dejaba su escaño con su única cuenta corriente en números rojos.
Otros ceses de los últimos meses han sido los de Jaime Pérez Renovales, el exnúmero dos de Sáenz de Santamaría, que en junio abandonó la subsecretaría de Presidencia para reincorporarse al Santander (el banco le ha ascendido como alto directivo) y cuyo patrimonio nunca se ha hecho público; el expresidente de la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa), el dimitido exalcalde de Ciudad Real Francisco Gil-Ortega Rincón, o los de Óscar Moreno Gil y Cándido Creis Estrada, que fueron hasta este año jefe de Protocolo e interventor de la Casa Real, respectivamente.