El PNV maniobra en el Senado para descafeinar más el impuesto a las energéticas y dejar fuera del gravamen a Repsol, la mayor petrolera española, y con un fuerte peso en Euskadi a través de su filial Petronor.
Tal y como avanza El Mundo, los nacionalistas vascos han presentado una serie de enmiendas en la Cámara Alta que, entre otras cosas, proponen que el pago que deban asumir los grupos energéticos sujetos al nuevo impuesto temporal sea el resultado de aplicar una tasa del 33% sobre la diferencia entre los beneficios obtenidos en 2022 y “el resultado de multiplicar por 1,2 la media de las bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades de los cuatro años anteriores”.
“En el caso de que la referida media sea negativa, se tomará un valor cero”, dice el texto presentado por los nacionalistas.
Con ello, Repsol, cuyo primer ejecutivo es el expresidente del PNV Josu Jon Imaz, se quedaría fuera del nuevo impuesto. Pese a los beneficios récord de 3.222 millones obtenidos hasta septiembre de este año, la compañía no ha compensado todavía los más de 7.100 millones de euros de pérdidas que declaró en los ejercicios 2019 y 2020, por los deterioros que realizó en esos años, primero, para convertirse en una compañía con cero emisiones netas y, luego, a causa de la pandemia.
El socio prioritario del Gobierno argumenta que la enmienda permitiría adaptar el impuesto al Reglamento europeo del Consejo de 6 de octubre de 2022 relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía.
En otra de las enmiendas, y para “evitar comprometer la viabilidad de las industrias que necesitan transformarse en el contexto de la transición energética”, los nacionalistas vascos también proponen un tratamiento diferenciado a las inversiones en hidrógeno verde y renovables.
Así, plantean minorar el tributo “en el 20% del importe de las inversiones en activos fijos y tecnologías que se comprometan en proyectos industriales que contribuyan a la transición energética y a la descarbonización”. Aquí entraría la producción de hidrógeno renovable, pero también los gases renovables a partir de residuos, plantas de generación renovable y almacenamiento, y proyectos de eficiencia energética, siempre que las inversiones excedan la media del periodo 2019-2021.
Primera rebaja
El PNV, junto al PDeCAT, ya logró en la tramitación inicial del texto en el Congreso introducir dos enmiendas transaccionales para excluir del impuesto a las actividades reguladas y que el gravamen se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España. Con
ello, se estima una merma en la recaudación de unos 2.000 millones de euros en el impuesto planteado por el Gobierno a través de una proposición de Ley de PSOE y Unidas Podemos que persigue minorar los beneficios extraordinarios que están obteniendo las empresas del sector como consecuencia de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.
Con ese cambio aprobado en el Congreso hace unas semanas, el impuesto no afectará a las empresas en las que el suministro sea a precio regulado: el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, y el butano y el propano: los gases licuados del petróleo (GLP) envasado y por canalización.
También se incluyeron en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos los ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.