La tensión política desencadenada por la convocatoria del 1-O en Catalunya aleja cada día más la posibilidad de aprobar a tiempo los Presupuestos Generales del Estado para 2018. La falta de apoyos políticos ha llevado al Ejecutivo a retrasar su aprobación, prevista para el 22 de septiembre. Pero el recrudecimiento del tira y afloja a cuenta de la situación en Catalunya ha obligado al Ejecutivo a prepararse a la posibilidad de que las cuentas de 2017 se tengan que prorrogar, al menos por un corto espacio de tiempo.
“Este viernes no llevaremos el proyecto de Ley de presupuestos generales al consejo de ministros porque no tenemos seguridad en los apoyos. Seguimos trabajando en las negociaciones para conseguir los apoyos y confiando en que los presupuestos estén definitivamente aprobados a comienzos de 2018”, ha declarado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este martes en el Senado.
Aunque el Gobierno ya ha rubricado un acuerdo con Ciudadanos, necesita el apoyo del PNV (y de las formaciones minoritarias de Canarias) para sacar adelante los Presupuestos. Según el Ejecutivo, el PNV les pidió retrasar las cuentas a que pasara el 1-O pero la prolongación de la tensión en días posteriores ha llevado al Ejecutivo a ponderar retrasar aún más la aprobación a la espera de que se despeje el panorama político.
El Ejecutivo tiene que jugar con los tiempos parlamentarios, ya que la Constitución recoge en el artículo 134.2 que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Este precepto constitucional, en teoría, obliga al Gobierno a presentar las cuentas públicas el 30 de septiembre.
Sin embargo, fuentes del Ejecutivo explicaban la pasada semana que si las cuentas se presentan más tarde no se prorrogarían las del año anterior, ya que la Constitución solo prevé que se prorrogue si “la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente”, es decir, el 1 de enero de 2018. A través de este vericueto legal, el Gobierno se había puesto como margen primeros de noviembre para llevar las cuenta a la Cámara Baja ya que su tramitación suele prolongarse alrededor de 80 días.
Sin embargo, y ante la escalada de tensión, desde el Ejecutivo ya no ven factible ni siquiera cumplir con este calendario y ya se plantean que para el 1 de enero haya que prorrogar los presupuestos por algunas semanas con la vista puesta en que se aprueben los de 2018 para el 20 de enero.
El ministro Montoro ha rebajado la importancia de que las cuentas de 2018 entren en vigor algo más tarde y durante un periodo de tiempo se prorroguen las cuentas de 2017. “En otras ocasiones se han aprobado presupuestos con el ejercicio ya comenzado, como en 2017. La Constitución eestablece que en caso de que no haya presupuestos el año que viene queda automáticamente prorrogado el presupuesto anterior, esto una garantía para todos. No se puede producir en España un vacío presupuestario. Pero teniendo en cuenta que lo podamos aprobar en las próximas semanas queda tiempo para su tramitación y que el proyecto de presupuestos entre en vigor en enero de 2018, todo eso cabe”, ha remarcado Montoro.
Esto no tiene un gran efecto a nivel práctico (cabe recordar que los presupuestos de 2017 se aprobaron en junio y entraron en vigor a 1 de julio) pero sí a nivel político. Por un lado, emite un mensaje de debilidad del Ejecutivo y por otro consume la posibilidad de recurrir al comodín de la prórroga para alargar la legislatura.
En público, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha admitido que el Gobierno no tiene todavía los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos de 2018. “Estamos trabajando en la negociación, los traeremos cuando nos permitan vislumbrar que puedan ser aprobados. Nosotros seguimos negociando y queremos traer unos presupuestos a las Cámaras que sirvan para crear empleo y afianzar la recuperación para el conjunto de los españoles pero también para que salgan adelante”, ha señalado Sáenz de Santamaría.