No todo está perdido. O, al menos, se atisba un mínimo halo de luz en la urgente y deslavazada odisea de ralentizar un reloj climático, que lo científicos se afanan cada año en adelantar ante las alarmantes señales de que la transición hacia las emisiones netas cero de CO2 sufre retrasos casi irreversibles. Hay sectores claves para neutralizar la bomba del clima como el energético, el del transporte o el manufacturero aún muy lejos de difuminar sus huellas de carbono.
Más de un centenar de eurodiputados y 39 congresistas de EEUU han suscrito una carta dirigida al sorprendente delegado de la COP28, Sultan Ahmed Al Jaber, para declarar personas jurídicas non gratas a las majors y supermajors de los combustibles fósiles −petróleo y gas−. Pretenden que se prohíba a los consejeros delegados de estas compañías su asistencia al máximo órgano ejecutivo de los pactos globales sobre el clima. Al Jaber fue directivo con mando en plaza de la Abu Dhabi National Oil (Adnoc), la firma petrolífera estatal de Emiratos Árabes Unidos (EAU), decimosegunda por capacidad productiva combinada de oro negro y gas de todo el mundo.
Jaber era ministro de Industria y Tecnologías Avanzadas cuando asumió la representación de la cita anual del clima de Naciones Unidas que se celebrará en su país a finales de noviembre. El Alto Comité Nacional, encargado de su organización, está presidido por el jefe de la diplomacia, Sheikh Abdulá bin Zayed y del que Jaber es su número dos. La jerarquía emiratí, en manos del jeque Mohamed bin Zayed, siempre ha aducido la capacitación de Jaber para el cargo por proceder del negocio de renovables, en alusión a su periplo presidencial en la también estatal Masdar, supuestamente verde, ya que aplicó una gestión exclusiva de fuentes limpias.
Su designación levantó suspicacias desde noviembre, cuando EAU recogió el testigo de Egipto, anfitrión de la COP27. Sin embargo, es ahora, con la misiva de los legisladores de uno y otro lado del Atlántico, cuando las críticas están cobrando una intensidad excepcional. La carta también ha sido enviada al presidente estadounidense, Joe Biden; a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al secretario general de la ONU, António Gutérres; y a su responsable climático Simon Stiell.
“Para miles de millones de personas, las negociaciones de la COP28 y de las siguientes cumbres del clima marcarán la diferencia entre la vida y la muerte, entre el caos o la solidaridad”, remarcó Manon Aubry, eurodiputada francesa del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea y una de las signatarias, a Bloomberg, para enfatizar este rechazo colectivo.
Aubry habla abiertamente de “la codicia de las corporaciones” y de las “mentiras de los grupos lobistas” como causantes del “empeoramiento de la crisis climática”, motivo por lo que −dice− “estamos en la obligación de prescindir de los intereses privados que interfieren en la toma de decisiones políticas y se apropian de nuestro futuro”.
No es la primera vez que Jaber ha sido puesto en entredicho. En enero ya hubo dos docenas de congresistas que exigieron a John Kerry, enviado de la Casa Blanca sobre cambio climático, que iniciara una queja diplomática con presiones oficiales para lograr su reemplazo. Un mes después, los eurodiputados verdes mandaron una carta con planteamientos similares a Stiell.
A estas iniciativas les precedió otra, de más de 450 organizaciones sociales y medioambientales, con Greenpeace a la cabeza, en la que se acusa a Jaber y a EAU de promover falacias. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha confirmado que la petrolera estatal emiratí ha reactivado su producción de gas y petróleo, al tiempo que alerta de que su estrategia corporativa contribuye a “sobrepasar los límites de emisiones” con lo que atenta contra las advertencias científicas y que lesiona el espíritu de las COP de alentar la neutralidad energética.
La denuncia política podría caer en saco roto, ante la defensa a ultranza que Abu Dabi hace de su “líder industrial”, al que identifican como un “activo de EAU” capaz de “transformar la COP28 y la estructura productiva” del país con su “dilatada experiencia como ingeniero y en el espectro energético mundial”.
Pero el affaire Jaber abre el melón del daño moral de las petroleras, convertidas en agentes dobles: verdes por fuera, con el lustre de sus inversiones renovables, pero fósiles por dentro, al sufragar a lobbies que buscan perpetuar el petróleo y el gas como energías preferenciales.
Varios think tanks han puesto negro sobre blanco algunas de estas tácticas de doble rasero. Uno de los más activos es InfluenceMap, dedicado a investigar grupos de presión. Desde hace décadas en sus informes anuales incide en que las compañías de crudo y, muy en especial, las llamadas supermajors, gastan cientos de millones de dólares en lanzar hitos y mensajes positivos sobre su transición energética y sus planes de sostenibilidad, mientras financian los lobbies que garantizan la pervivencia de los combustibles fósiles.
Seis de cada diez mensajes corporativos de las cinco grandes −BP, Shell, Chevron, ExxonMobil y TotalEnergies− contenían el término verde, mientras que sólo el 23% de ellos promocionaba sus negocios de gas o petróleo. Con unos gastos combinados en 2021, último año fiscalizado por sus bases de datos, de 750 millones de dólares en colocar su propaganda en la opinión pública de sus mercados de influencia. Esta cifra representa, en cualquier caso, una mínima fracción del 12% del gasto de capital presupuestado en inversiones de bajas emisiones.
Faye Holder, directora de Programas de InfluenceMap, alerta de que “estas multinacionales han empleado ingentes cantidades de dinero en instaurar sus credenciales verdes, pero sus flujos de capital, sus negocios y sus desembolsos en actividades de lobby apuntan a una historia distinta”. Son −a su juicio− “compañías que hablan de recortar emisiones y de impulsar la transición de sus mix energéticos, aunque sin desvelar sus inversiones en tecnología limpia y ocultando sus cotas de financiación real que mueven sus negocios fósiles”.
Este diagnóstico concede credibilidad a las palabras de Jeff Currie, estratega de Goldman Sachs, que apeló al inicio de la crisis energética del otoño de 2021 a “la revancha” que, en su opinión, había emprendido la Vieja Economía −en alusión a la industria energética fósil− en la era post-Covid.
En EEUU, entre 2008 y 2018, las compañías de gas y petróleo −citando una investigación de Internal Revenue Code− y asociaciones como la opaca Global Climate Coalition (GCC), que esconde bajo su blanqueada nomenclatura un club integrado por la Asociación Nacional de Manufactureros, el Instituto Eléctrico Edison o el mucho más relevante y enigmático Americano del Petróleo, fueron capaces de movilizar más de 2.000 millones de dólares en contribuciones a políticos y a actividades de lobby. Mientras, las empresas del sector emplearon otros 1.300 millones adicionales. De lejos, el segmento productivo que más dinero destinó a tareas de presión sobre las esferas de poder político.
Tuvieron bastantes éxitos: la proliferación de las licencias de fracking, técnica de extracción por fractura hidráulica, durante la Administración Trump. Este Gobierno también abrió al final el acceso a las reservas de Alaska y elevó a EEUU al estatus de exportador neto de petróleo, comodín que puede emplear cuando Washington desea activar sus recursos estratégicos de crudo.
Accountable.US, otro centro de análisis que dice vigilar a los lobbies que pululan por Washington, precisa que las 27 energéticas de mayor dimensión global anunciaron beneficios conjuntos superiores a los 451.000 millones de dólares en 2022, un 89% más que en 2021. Con BP, ExxonMobil, Shell y Chevron duplicando con creces su cifra interanual y varias pequeñas como Southwestern Energy o Murphy con repuntes del 1.410% y del 7.496%, respectivamente. Las rentabilidades obtenidas por todas ellas exceden los ingresos fiscales de todos y cada uno de los estados de EEUU y el PIB de 153 naciones.
El trasfondo que subyace tras las petroleras no invita al optimismo. De ahí que la carta del largo centenar de legisladores europeos y americanos contra el dirigente de la COP28 y las críticas a su país, un petro-estado que ha ganado influencia global, exija cumbres climáticas sin mensajes de sus acróbatas dialécticos. Una de las últimas investigaciones, del Global Systems Institute de la universidad británica de Exeter, advierte que una de cada tres personas vivirá en áreas peligrosamente calurosas en 2080, con un incremento promedio de la temperatura global de 2,7 grados en dos décadas y zonas por encima de los 29 grados de media anual.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.