“Cuando conocí la noticia, me pareció una broma pesada”, lamentó este martes la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en referencia al anuncio del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, sobre la eliminación del impuesto de Patrimonio, que solo pagan los más ricos en España, con la excepción de Madrid y ahora de la comunidad del sur de la Península. “Va en contra del marco global y europeo”, continúo.
Y tanto desde su Ministerio como distintos expertos aseguran que, además, es una postura incoherente con la alarma que ha creado el propio PP en los últimos meses respecto a la sostenibilidad de la deuda pública. “Es irresponsable bajar impuestos en plena subida de los tipos de interés y ante un histórico esfuerzo en el gasto por la salida de la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética”, añaden desde Economía.
Efectivamente, por una parte, tanto la Comisión Europea como instituciones internacionales como el FMI o la OCDE vienen planteando la necesidad de aumentar la recaudación gravando a las grandes empresas y fortunas. Y Calviño y otros cargos del Gobierno inciden en que con la decisión de Moreno “se ha revelado el modelo fiscal del PP: una carrera fiscal a la baja [en este caso con Madrid] que nos empobrece a todos, y que repercute en los servicios públicos: educación, sanidad...”
Por otro lado, también es cierto que la factura de la deuda —lo que cada año paga España en intereses— está creciendo tras años de unas extraordinarias condiciones de financiación. Y justo es el momento de equilibrar el impacto de la crisis energética y de inflación “sin dañar los servicios públicos, ni la capacidad de pago de la deuda”, continúan.
“Frente a nuestro modelo de nuevos gravámenes temporales [a la banca o las empresas energéticas, o incluso a las grandes fortunas] y de bajar los impuestos concretos a la energía para seguir apoyando a las familias y empresas golpeadas por la inflación, y para subir el Salario mínimo interprofesional (SMI), garantizar unas pensiones dignas y mejorar el mercado laboral, el modelo del PP es bajar los impuestos a los ricos”, concluyó la misma Nadia Calviño.
La incoherencia de bajar impuestos
Sobre la incoherencia de bajar impuestos en el momento actual hay resaltar distintos hechos. En primer lugar, pese a que la inflación favorece mayores ingresos del Estado por las subidas de precios y, por tanto, de los gravámenes indirectos, España y el resto de la eurozona afrontan un frenazo de la recuperación económica por la guerra y por la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de incrementar los tipos de interés para “enfriar” la actividad económica y luchar así contra la inflación.
Así, menor crecimiento, incluso riesgo de recesión, aumento del coste de la deuda y la previsión de un déficit todavía cercano al 5% en 2022 (lo que el gasto supera a los ingresos) y del 3,9% en 2023, tras los máximos de 2020 y 2021 por la pandemia, no establecen el mejor panorama para bajar impuestos, sobre todo a ricos o a empresas que están mejorando sus beneficios, según confirmó este jueves el Banco de España.
De hecho, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reiteró este lunes que no es el “momento de iniciar ahora la reducción o el proceso de consolidación fiscal”, mientras abogaba por poner en marcha un pacto de rentas entre empresas y trabajadores ante la merma de renta nacional.
En un informe publicado recientemente, Jesús Javier Reglero, profesor de OBS Business School, fuerza la comparación de España con el límite de endeudamiento que no debería sobrepasar una familia hipotecada (el gasto financiero no debe superar el 30% de los ingresos) para explicar la situación del Estado (ver esquema que sigue a continuación, extraído del documento de la OBS y la Universitat de Barcelona).
“Ante estos datos, se podría argumentar que el Estado tiene unos ingresos mucho más seguros que una familia. Incluso puede aumentarlos subiendo impuestos o introduciendo tasas. [...] La otra opción es pedir más deuda para poder pagar los déficits y, por tanto, seguir aumentando el problema y complicando la solución”, reflexiona el profesor.
Reglero, entre otras propuestas, señala la necesidad de “aprovechar los ingresos extra” por la inflación para pagar deuda, por un lado. Y, por otro, “hacer un cálculo del coste de la pandemia, tanto del gasto sanitario, de los ERTE, ayudas públicas o cualquier otro gasto relacionado que se ha financiado con más deuda y proponer un impuesto one-off según las rentas y los patrimonios más altos”.
Deuda barata, pero ya no tanto
Por supuesto, todas las grandes economías de la eurozona han incrementado su deuda en términos absolutos y en relación al PIB desde 2019. Incluso practicantes convencidos de la disciplina fiscal, como Alemania, la han elevado para financiar los ERTE, las ayudas o subvenciones para contrarrestar la escalada de la energía, para apoyar directamente a las empresas o para financiar medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
De hecho, pese a haber recuperado ya la actividad económica previa a la pandemia, en Alemania la deuda frente al PIB se acerca al 70%, desde el 58,9% de 2019. Y en Francia al 114%, desde el 97,4% de 2019. Mientras que en Italia esta ratio, una de las principales para medir la sostenibilidad de la deuda, se alzaba hasta el 150%, desde el 134,1% prepandemia.
En España, la recuperación completa no se prevé hasta 2023 o 2024 por el frenazo que ha supuesto la invasión rusa de Ucrania y la inflación desbocada. La economía española sufrió un mayor golpe en 2020, su reconstrucción depende del turismo y de otros servicios que han tardado más en sacudirse las consecuencias del Covid. La deuda cayó en junio por debajo del 117% del PIB por primera vez desde septiembre de 2020.
El endeudamiento se situó exactamente en el 116,8% por el rebote de la actividad económica en los últimos trimestres y la inflación. Y el Gobierno confía en que “la tendencia es compatible con la previsión de una ratio de deuda pública del 115,2% del PIB realizada en el Programa de Estabilidad el pasado mes de abril”.
Por último, nuestro país emitió en junio —teniendo en cuenta todos los plazos— a un coste superior al tipo de interés medio de toda la deuda en circulación, que en los últimos años ha caído a mínimos históricos, según las estadísticas del Tesoro. En julio y en agosto, volvió a emitir por debajo de ese coste medio, pero en el actual ciclo de subida de los tipos de interés de referencia será algo anecdótico y desde septiembre se elevarán las nuevas colocaciones de deuda.
Pese a este encarecimiento del coste de financiación, las condiciones siguen siendo muy buenas. Entonces, la factura de intereses a la que hace frente el Estado cada año se incrementará, pero las expectativas apuntan a que esta factura apenas se despegará del 2% respecto al PIB, y que se quedará lejos del 3,5% de 2013, tras la crisis del euro.
Apoyo del BCE
El BCE intensificó la política monetaria expansiva con el shock de la pandemia de Covid, pero la institución se ha visto obligada desde finales de 2021 a ir retirando este estímulo extraordinario, que consistió en bajar los tipos de interés oficiales a mínimos históricos y en crear miles de millones de euros para comprar deuda de los estados y empresas para garantizar la demanda en el mercado, según ciertas condiciones.
Así, ahora afronta el difícil reto de endurecer las condiciones de financiación de forma generalizada para dejar de alimentar la inflación desbocada sin perjudicar especialmente a los países con más desequilibrios fiscales. Entre ellos, siguen la propia España, y Portugal, Grecia e Italia. Para ello, el BCE está desplegando nuevos mecanismos (aquí se explican), de momento sin condicionalidad. Es decir, el apoyo monetario continúa.
De llegar la condicionalidad para mantener este respaldo, se fijaría según los objetivos de déficit, claves también para la evolución del endeudamiento.