PP, Vox y, en menor medida, el PNV han maniobrado en el Congreso para torpedear el proyecto de ley presentado el pasado verano por el Gobierno para atajar los denominados “beneficios caídos del cielo” que las centrales nucleares e hidroeléctricas reciben por la subida de la cotización del CO2. Una medida calificada en junio de “confiscatoria” por el Foro Nuclear pese a que tiene el aval del Consejo de Estado, que cree que permite eliminar “ganancias inmerecidas” de las empresas.
Este organismo determinó en julio, tras los cambios en el texto inicial, que el proyecto recoge “una solución equilibrada que pondera adecuadamente los intereses en juego”, “no tiene carácter expropiatorio” y elimina lo que la jurisprudencia europea ha calificado de “ganancias inmerecidas” para las empresas del sector. Se trata de los beneficios derivados del diseño marginalista de este mercado, que hace que todas las generadoras se beneficien de la internalización de la cotización del CO2 en las ofertas de las centrales de gas, que son las que suelen determinar el precio y sí pagan por emitir.
El PP intentó hace un par de semanas tumbar el mecanismo propuesto por el Gobierno que, según aseguró su diputado Diego Gago, “pretende gravar un impuesto al agua, al viento y a la nuclear”. Los populares, que plantearon una iniciativa muy similar días antes de que lo hiciera el Gobierno, presentaron una enmienda a la totalidad a la que se adhirió Vox y que fue rechazada por una amplia mayoría del Congreso al recibir 198 votos en contra.
Entre las formaciones que se opusieron a tumbar el proyecto de ley estaba el PNV, que sin embargo ya entonces advirtió de que el texto necesitaría de “matizaciones y mejoras”.
Según avanzó La Información, la formación nacionalista ha presentado una enmienda al texto para que el recorte se limite a las instalaciones “cuya retribución se fije con referencia al precio determinado en el mercado mayorista eléctrico”. Con ello quedarían excluidos del recorte todos los contratos bilaterales (conocidos como PPA), sin distinción entre si son con terceras empresas o con las comercializadoras de las propias eléctricas. Y la norma quedaría muy desnaturalizada.
En su informe, el Consejo de Estado incluyó una alusión a los PPA sugiriendo “reconsiderar o justificar de forma adecuada” el tratamiento de estos contratos, pero sin entrar en detalles al respecto. El órgano consultivo emitió una valoración global favorable al texto, “sin margen de duda”, apuntó el 14 de febrero la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, al defender que, de acuerdo con ese dictamen, “el carácter marginalista del mercado no quiere decir que no se puedan producir intervenciones, siempre que estén justificadas y no sean discriminatorias, como ocurre en este caso”.
El organismo que preside la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega rechazó que la norma suponga una ayuda de Estado por imponer diferencias de trato entre tecnologías de generación, como argumentaban las empresas, o que sea contrario al Derecho de la UE, aunque sí recomendó entablar conversaciones con las autoridades europeas por ser un mecanismo pionero en el continente; también rechazó que vulnere el principio de igualdad que recoge la Constitución.
Mecanismo “adecuado”
El informe alababa el “detalle y claridad” de la memoria y la exposición de motivos del texto, aplaudía la introducción de un precio mínimo del CO2 a partir del cual se activa la minoración y entendía que el mecanismo respeta el principio de rentabilidad razonable. “Tampoco puede considerarse que se produzca vulneración del derecho de propiedad o de la libertad de empresa, dado que la medida no tiene carácter expropiatorio”, afirmaba.
“El mecanismo previsto de minoración de los sobreingresos percibidos es adecuado, tanto por la finalidad perseguida (disminuir el precio de la energía eléctrica y favorecer la electrificación de la economía), como en cuanto a las líneas generales de su diseño y justificación”, concluía el Consejo de Estado.
La primera versión del texto trascendió hace 150 días, dando inicio a una guerra entre las eléctricas y el Gobierno en paralelo al incremento exponencial del mercado mayorista de electricidad y las medidas del Ejecutivo para intentar contener su impacto en los consumidores.
Este mecanismo es una de las propuestas que ha planteado el Ejecutivo para minorar la retribución de las compañías y abaratar el recibo final. Y en el Ministerio para la Transición Ecológica defienden que el esquema del CO2 es parecido al que inspira el recorte del Real Decreto-Ley que aprobó en septiembre, ya con el megavatio/hora (MWh) por encima de los 150 euros (ahora supera ya los 200 euros), para reducir la sobrerretribución que, según el Ejecutivo, reciben las compañías por la subida del gas y su efecto en el mercado mayorista.
Este otro recorte fue aprobado a la espera de medidas europeas que reclama España junto a otros países como Francia, y que rechaza otro bloque liderado por Alemania y Holanda. Ya lo ha convalidado el Congreso tras comprometerse Ribera a matizarlo para no perjudicar a la industria.
Este martes, el Consejo de Ministros prevé aprobar un nuevo Real-Decreto Ley que, según anunció el pasado fin de semana Pedro Sánchez, destinará 100 millones de euros a los hogares vulnerables, recogerá medidas para “ayudar a las industrias y a las empresas a proteger su contrato ante el alza de precios de la energía” y permitirá “incorporar transparencia, y por tanto control, en la formación de los precios de la tarifa eléctrica”. Ribera avanzó hace unos días que el Gobierno congelará las subidas del recibo de los 1,2 millones de consumidores domésticos que tienen concedidos los descuentos del bono social.
Si el recorte aprobado en septiembre para minorar los beneficios extraordinarios por la subida del gas tiene carácter transitorio (hasta marzo), el del CO2 sería estructural. En agosto, el Gobierno cifró en 625 millones la reducción de ingresos para las empresas, tras establecer un umbral mínimo de 20 euros en el precio de la tonelada de carbono (ahora ronda los 60 euros) a partir del cual se activa la minoración.
Además, se estableció que el recorte afectara a las plantas no emisoras de CO2 puestas en marcha antes del 25 de octubre de 2003 (fecha de la directiva por la que se creó el mercado europeo de derechos de emisión), y no 2005, como señalaba el proyecto inicial. El texto contempla destinar el 90% de lo recaudado a recortar los cargos (parte regulada del recibo que fija el Gobierno) y el restante 10%, a combatir la pobreza energética severa.