Lo nunca visto. El precio medio del mercado mayorista de electricidad, que determina una parte de la factura, va a alcanzar este jueves, 12 de agosto, la cifra récord de 115,83 euros el megavatio hora (MWh), encadenando su cuarto máximo histórico consecutivo y pulverizando el récord de 113,99 euros/MWh registrado este miércoles.
Esta sucesión de récords sin precedentes llega con España ya sumida en la primera ola de calor del año, que va a impulsar la demanda de aire acondicionado, y aupada por los elevadísimos precios de los derechos de emisión de CO2 y del gas natural.
Los permisos para contaminar superan ya los 57 euros por tonelada, frente a los 30 euros de diciembre, y la cotización del gas en el mercado Mibgas (la referencia en la Península Ibérica) está cerca de máximos, en un contexto de fuerte demanda de Asia y problemas de suministro desde Rusia.
No obstante, es la hidráulica, y no las centrales de ciclo combinado (que usan gas como combustible), la tecnología que está marcando el precio de la electricidad estos días en la mayoría de las horas en el mercado mayorista. De acuerdo con los datos del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE), entre el lunes y el miércoles, con tres récords consecutivos en el pool, fue la fuente que fijó el precio el 75% de las horas. El lunes llegó a hacerlo durante 22 horas.
El precio fijado para este miércoles casi triplica el del segundo jueves de agosto de 2020 (40,5 euros el MWh) y es un 1,61% superior al anterior máximo de este mismo martes. Es el quinto récord histórico que se alcanza en el último mes, desde que el pasado 21 de julio el denominado pool se situó en 106,57 euros el MWh, superando el anterior máximo de enero de 2002.
En los doce primeros días de agosto, el pool se ha situado en más de 99 euros/MWh de media diaria, frente a los 36,2 euros del mismo periodo de 2020 y los 92,41 euros de julio, hasta ahora el mes más caro de la historia. La espiral del mes pasado ya convirtió a 2021 en el año con el pool más caro de la historia. El precio medio en lo que va de 2021 ya supera los 65 euros/MWh, frente a los poco más de 30 euros de hace un año (inusualmente bajos por la pandemia) y los 60,18 euros del mismo periodo de 2008, el año más caro hasta ahora. Las previsiones apuntan a precios altos para lo que queda de año.
El descontrol de precios, con el Gobierno de vacaciones, ha provocado una tormenta política y este miércoles el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha elevado el tono contra el Ejecutivo y ha instado al presidente, Pedro Sánchez, a dimitir si no presenta ya un “plan de choque” frente a esta “escandalosa” subida. El martes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, culpó de la escalada a los anteriores gobiernos del PP.
4 euros al mes
En una nota difundida este miércoles, la patronal eléctrica Aelec, formada por Iberdrola, Endesa, Viesgo y EdP, asegura que las empresas “no se están beneficiando de la subida del precio en el mercado mayorista. Por el contrario, la actividad gasista es la que se ha visto beneficiada por la actual situación del mercado”.
También afirma que la generación sin emisiones, “donde destacan las compañías de Aelec principalmente, contribuye a bajar los precios del pool”. Añade que esta situación está afectando al resto de mercados europeos pero el modelo de tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) “traslada volatilidad al cliente residencial”, con un impacto que estima en “unos 4 euros al mes”.
El precio del pool tiene un peso que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifraba recientemente en torno al 24% en la factura de la luz de los más de 10 millones de consumidores acogidos al PVPC, aunque ese porcentaje se ha incrementado con las subidas de las últimas semanas. Los 17 millones de suministros que están en el mercado libre no se ven directamente afectados por las oscilaciones al alza del pool, pero tampoco se benefician cuando se producen a la baja, como ocurrió el año pasado.
Pese a la publicidad de las eléctricas que insta a contratar sus ofertas, todos los expertos recomiendan a los clientes domésticos el PVPC, porque a la larga es menos caro. Recientemente, Iberdrola y Endesa reclamaban cambios en la tarifa semirregulada para, según Endesa, “proteger” al consumidor de las fluctuaciones del pool. Petición a la que se ha sumado este miércoles la propia Aelec, a la que pertenecen las dos grandes del sector: “La revisión de la tarifa regulada vinculándola a precios estables, tal y como se hace en los países europeos, permitiría evitar la volatilidad en la factura que pagan los hogares”, asegura.
La espectacular escalada se ha comido el efecto de las medidas aprobadas por el Gobierno hasta ahora: rebaja del IVA del 21% al 10% en la factura eléctrica y suspensión temporal en el tercer trimestre del impuesto a la generación eléctrica (7 %). El Ejecutivo ha planteado a la Comisión Europea una reforma del mercado marginalista, que retribuye todas las tecnologías al precio de la más cara, para rebajar el impacto en el bolsillo de los consumidores. Las otras dos medidas que ha propuesto, vía proyecto de ley, para abaratar la factura (un fondo para sacar las primas a las renovables de la tarifa y un mecanismo para recortar los beneficios extra del CO2 de hidraúlica y nuclear) van a tardar meses en entrar en vigor.
Esta semana, la asociación de consumidores Facua reclamaba al Gobierno de coalición que “emprenda de una vez nuevas medidas para poner freno a la especulación en la fijación de las tarifas eléctricas” con un decálogo de peticiones, entre ellas un cambio en las reglas de la subasta del mercado mayorista, la bajada del IVA de forma permanente, el control de “ofertas fraudulentas” de las eléctricas y la aprobación de un nuevo modelo de bono social que represente al menos un 50% de descuento en la factura y del que se puedan beneficiar las familias que cobren no más de 2 salarios mínimos, que aumentarían hasta 3 en función del número y características de los miembros.
La asociación también exige una recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen, como lleva años reclamando Podemos y rechaza la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “para integrarlas en una empresa pública de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz”.