Bruselas quiere recuperar la confianza de los ciudadanos a base de transparencia tras los escándalos de los excomisarios José Manuel Durao Barroso y Neelie Kroes. La Comisión Europea ha propuesto hacer el Registro de Transparencia obligatorio para todas las instituciones, una medida considerada “cosmética” por las ONG y recibida con paradójico entusiasmo en la Eurocámara. Los eurodiputados, que no han sido capaces de reforzar sus propias normas de conducta, la tachan de poco ambiciosa y piden que se exija más al tercero en discordia, el Consejo.
La propuesta, presentada a finales de septiembre y debatida el pasado miércoles en la Eurocámara, es la medida estrella de la Comisión Juncker en este ámbito y aunque se esperaba desde hace tiempo no podía llegar en un momento más oportuno, en plena crisis de credibilidad. Pero su futuro, que depende de la voluntad institucional, es incierto.
En el Registro de Transparencia de la Unión están inscritas 10.000 entidades, en su mayoría empresas y asociaciones de negocios, pero también ONG o consultorías. Casi la mitad, 4.000, se registraron desde que en 2014 la Comisión Europea prohibió a sus funcionarios reunirse con cualquier grupo de presión que no figurase en la lista. Ahora el Ejecutivo quiere extender esta exigencia a los altos cargos del Parlamento Europeo, incluidos los eurodiputados, y del Consejo.
Bruselas propone además que se endurezcan los criterios para inscribirse y que se refuerce el control sobre la información introducida por los lobbies. Las organizaciones que incumplan podrían quedar excluidas temporalmente de cualquier reunión o ser eliminadas de la lista. El objetivo es que los ciudadanos, que pueden consultar este registro en Internet, sepan quiénes influyen en el proceso legislativo de la Unión.
Pero la Comisión deja fuera del futuro acuerdo a un actor fundamental de este juego político, los Estados miembros, ya que no puede obligar a las Representaciones Permanentes de los países en Bruselas a que publiquen o restrinjan los encuentros de sus embajadores.
El Parlamento Europeo aprovecha esta coyuntura para intentar pasar la pelota al Consejo.
Los eurodiputados ven con buenos ojos una propuesta, que consideran “necesaria” y “un paso adelante”, pero creen que hay que cerrar flecos. Quieren que se defina con claridad el concepto de “grupos de presión” y sus actividades, que se proporcionen los medios económicos y humanos para que el registro funcione con garantías y que se prevean sanciones duras. Pero sobre todo, quieren que el Consejo no escurra el bulto.
“Esta institución necesita que el Consejo arrime el hombro. Los Estados miembros deben asumir su parte de responsabilidad. Hasta ahora no hemos visto un movimiento real por su parte”, dijo la diputada española Maite Pagazaurtundua, del grupo de los Liberales y Demócratas.
“También se legisla cuando se representa a un Estado. Creemos que en lo que respecta al Consejo la propuesta es moderada y deberíamos ampliar la cantidad de personas que entran en su registro”, apuntó en el mismo sentido la diputada socialista italiana Mercedes Bresso.
El Parlamento no da ejemplo
Este nivel de exigencia choca con la realidad de la institución, que no ha logrado endurecer sus propias normas. A mediados de septiembre se pospuso de forma indefinida por la presión de los grandes grupos el voto sobre el “Informe de Transparencia en las instituciones” elaborado por el diputado de los Verdes Sven Giegold. El Partido Popular Europeo, los Socialistas y los Liberales y Demócratas introdujeron hasta 400 enmiendas para rebajar el tono de la propuesta.
El informe abogaba por mejorar el registro de lobbies del Parlamento, dar más poderes al Comité de Ética para revisar las declaraciones de bienes de los eurodiputados, reformar el código de conducta para que estos no pudiesen tener otros trabajos mientras ocupan un escaño o fijar en tres años el periodo de espera para aceptar un puesto en un grupo de presión tras dejar su cargo.
“Usted propone lo que yo no he conseguido hasta ahora” le dijo Giegold al vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, durante el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Aunque a renglón seguido añadió que “debe haber margen para encontrarse con personas no registradas por la libertad de mandato, no se puede someter todo al principio de transparencia violando esta libertad”. “Ese equilibrio es el que hay que buscar”, dijo el diputado alemán, buen conocedor del argumento al que se agarran y agarrarán sus compañeros para no ceder.
Un plan cojo
Con este telón de fondo, Transparency Internacional es “bastante escéptica sobre la supervivencia de la propuesta durante las negociaciones den la Eurocámara”, según su responsable del Área de Integridad, Daniel Freund.
“En el Parlamento no hay reglas para evitar las puertas giratorias, cuando un eurodiputado termina su mandato puede ir donde quiera, cuando quiera. En la Comisión al menos hay un periodo de espera”, apunta.
Pero “el niño problemático” en transparencia es el Consejo, dice. Hasta ahora los gobiernos nacionales no se han unido al registro voluntario y han dejado claro que no debatirán ninguna propuesta que incluya a las representaciones de los países. “Muchos gobiernos culpan a Bruselas de antidemocrática pero cuando se trata de hacer algo son ellos quienes bloquean”, opina.
La presión institucional será un escollo para un acuerdo que supone un progreso pero nace débil, a juicio de las ONG que defienden la transparencia. “Es increíblemente decepcionante. No solo porque no es legalmente vinculante para los lobbies, sino porque los incentivos que da para registrarse no son suficientes” dice Margarida Silva, del observatorio europeo de lobbies Corporate Europe.
“Casi da risa cuando la Comisión lo presenta como su respuesta a los conflictos de intereses cuando no tiene nada que ver”, dice esta activista, que insiste en que el Ejecutivo tendría que reformar completamente sus normas de conducta para controlar las actividades de sus comisarios.
Si Barroso se limita a aconsejar a Goldman Sachs, como ha dicho que hará, ni siquiera estaría cubierto por el registro, explica, porque este no contempla el lobby indirecto, sino solo a quienes acuden en persona a reunirse con funcionarios, algo que rara vez hacen los antiguos altos cargos.
Las organizaciones critican que cubre escasamente a un 1% de los funcionarios de más alto nivel, dejando fuera a figuras tan influyentes como el negociador del TTIP o al personal técnico que redacta las leyes. El asunto es especialmente sangrante entre los países, que solo estarán sometidos a escrutinio cuando ejerzan la presidencia de la Unión, es decir, una vez cada 14 años.
Esperan, no obstante, que se cumpla la promesa de destinar más medios para velar por la calidad el registro. Según un informe de 2015, más de 4.000 entradas son falsas o incorrectas, pero la verificación resulta difícil porque hay menos de tres personas trabajando en él. En Canadá, cuyo registro tiene unas 3.000 entradas, son 28.
Para que el acuerdo entre en vigor tiene que ser aprobado por el Parlamento y el Consejo.