La propuesta del Gobierno de un defensor del consumidor financiero acumula meses de retraso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió este miércoles en rueda de prensa con dos mensajes tras la decisión del Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados: el gravamen lo pagará la banca por ley y “en las próximas semanas” se presentará la nueva autoridad de defensa del consumidor financiero.
La segunda no es una medida nueva, ni tan siquiera propuesta inicialmente por este Gobierno. Se trata de una proposición incluida en una ley (7/2017) del pasado año que, a su vez, era la transposición de una directiva comunitaria relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. En su artículo 18 se apuntaba a la creación de “una entidad de resolución alternativa” que viese la luz ocho meses después de la publicación de la ley.
Como ha ocurrido en repetidas ocasiones en el sector financiero, esta ley comunitaria también se trasladó a la normativa española con años de retraso. En concreto, la directiva data de 2013 y no se aprobó definitivamente en España hasta hace un año. Esta situación se ha reproducido con otras leyes que el Gobierno está comenzando a dar salida con cuentagotas, como la conocida como MiFid II, la ley de medios de pago o, la próxima en la agenda, la nueva regulación de crédito hipotecario.
Los ocho meses que planteaba la ley para la creación de esta autoridad de defensa del consumidor vencieron antes del verano. El actual Gobierno, que accedió a la Moncloa justo cuando vencía este periodo, busca ahora acelerar los trámites y que se apruebe antes de final de año. “En las próximas semanas” se presentará, según aseguró Sánchez en su intervención de este miércoles. Este organismo, aseguró “reforzará la protección ante posibles abusos y mejorará capacidad de resolver”.
En concreto esta institución supondría aunar bajo un único paraguas los sistemas de reclamaciones que tienen el Banco de España, la Dirección General de Seguros (DGS) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este nuevo ente tendría la capacidad de recibir y dar respuesta a las quejas por parte de los consumidores, reforzando una vía alternativa a la judicial. Casos como el de las cláusulas suelo y otros, que han saturado los juzgados especializados, han impulsado todavía más la necesidad de este nuevo organismo.
Sin embargo, el proceso todavía no está en su última fase. La ley que plantea la creación de este organismo apunta que se debe hacer a través de un proyecto de ley que se tiene que tramitar en las Cortes, algo que todavía no se ha producido. Pese a ello, la ministra Nadia Calviño ha repetido en distintas ocasiones que el objetivo es que salga antes de final de año.
Sin funcionamiento claro
Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que todavía es pronto para conocer algunos puntos del funcionamiento de esta autoridad, como si se incluirán finalmente las tres normativas de los reguladores (Banco de España, DGS y CNMV), tal y como plantea el Gobierno, o si se tratará de un organismo independiente o que se encuentre bajo el paraguas de su ministerio. Preguntados por eldiario.es, ni el Banco de España ni la CNMV han valorado este posible cambio en la tramitación de las reclamaciones.
Las asociaciones de consumidores ya han visto este anuncio como un avance. Manuel Pardos, presidente de Adicae, apunta que, al menos, la decisión del Supremo ha tenido “algo bueno” que es el anuncio del Gobierno de su intención de acelerar esta medida de protección del cliente bancario. Pardos asegura que es una reclamación por la que su organización lleva una década luchando.
Este tipo de organismos defensores de los consumidores financieros existen en otros países. Pardos destaca especialmente el caso de EEUU, donde el expresidente Barack Obama lo instauró en plena crisis financiera. “Logró paralizar desahucios pese al alto número de hipotecas subprime”, apunta. Además, otros países como Reino Unido o los nórdicos también cuentan con defensores de este tipo.
La creación de este tipo de organismos en algunos países europeos se ha basado en la idea conocida como Twin Peaks. Este planteamiento se basa en la propuesta de crear dos supervisores en el sector financiero. Uno de ellos aunaría la supervisión de todas las empresas del sector, incluyendo bancos, aseguradoras o emisoras de valores, supervisando sus riesgos y su negocio. Otro, estaría centrado en la defensa del consumidor financiero y vigilancia de las conductas de mercado.
Carácter sancionador
Otro de los interrogantes que todavía no se ha respondido sobre este futuro defensor del consumidor es el carácter que tendrán sus decisiones, si serán meras recomendaciones o si tendrán carácter sancionador. Se trata de un debate que viene de lejos, incluso en los actuales servicios de reclamaciones que tienen los organismos supervisores.
Un ejemplo que se suele dar es el del Banco de España. Su servicio de reclamaciones recibe miles de quejas al año, especialmente por cláusulas abusivas. Sin embargo, su potestad solo permite que sus conclusiones tengan carácter de propuesta, por lo que depende de las partes asumirlas o no. “El sistema del Banco de España no ha servido de nada, y el de la CNMV, de poco”, apunta Pardos, de Adicae.
La propuesta de crear en España una entidad de solución de conflictos fuera de la vía judicial ha contado en el pasado con el respaldo de los distintos partidos políticos. Se presentó en la tramitación de la citada ley como un acuerdo entre PP y Ciudadanos y ahora el PSOE busca hacerla efectiva. También Unidos Podemos ha planteado su apoyo a la creación de esta autoridad. Era uno de los escasos puntos en común en las propuestas de los partidos en las conclusiones de la comisión de investigación de la crisis financiera.
