Con las disertaciones de la Cumbre del Clima de París de fondo y las elecciones del 20 de diciembre en el horizonte, la economía sostenible y la social cobran especial importancia a la hora de confeccionar un nuevo modelo de crecimiento, alejado de lo hecho hasta ahora. En este sentido, son varias las organizaciones que reivindican el cambio que implique un giro en la manera de hacer las cosas, convirtiendo las próximas elecciones en la oportunidad de introducir propuestas como las siguientes:
Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles
Una de las peticiones reiteradas por parte de todas las organizaciones y que Ecologistas en Acción lleva por bandera es la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Sus peticiones pasan por aumentar los impuestos sobre los hidrocarburos y eliminar todas las ventajas fiscales para los medios de transporte más contaminantes, favoreciendo paralelamente los medios más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.
Impulso al sector pesquero sostenible
En Greenpeace señalan la pesca sostenible como una de las claves tanto para crecer económicamente como para cuidar el medioambiente. Según la organización, entraría dentro de un plan contra el cambio climático basado en las energías renovables. Los datos que manejan hablan de que se generarían tres millones de empleos, subirían dos puntos porcentuales el PIB y reduciría las emisiones de CO2 un 75%.
Fomento de consumos sociales y colaborativos
Fuhem apuesta por la creación de una ley de urbanismo comercial. A través de esta medida consideran que se potenciaría el comercio de proximidad frente a las grandes superficies comerciales. Están basados en ideas como el coste medioambiental que supone trasladarse hasta un gran centro comercial, generalmente situado en las afueras y que generalmente requiere el uso del vehículo personal. A su vez, defienden el comercio de proximidad por el menor coste para el medioambiente y sobre todo porque genera más empleo.
Crear una instancia de alto nivel político de Economía Social
Desde la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) exigen la creación de una instancia de alto nivel con competencia en Economía Social. Una medida que consideran necesaria porque ayudaría a prestar una mayor atención a las medidas destinadas a garantizar un nivel adecuado de recursos, así como la supervisión y la elaboración de políticas a favor de las empresas de Economía Social. Con la puesta en marcha de esta nueva institución, CEPES espera que se incluya la Economía Social de forma trasversal en todas las políticas relacionados con el desarrollo económico.
Desarrollar la figura del emprendedor social
Vivergi Fund, el primer fondo de impacto social en España registrado ante la CNMV, apuesta por la creación de la figura del emprendedor social. El fondo considera que hace falta legislar para que se cree esta figura que ya existe en otros países europeos, enfatizando que el problema es que ahora existe una alta barrera de entrada para el pequeño inversor, que ya empieza a organizarse y concentrarse en pequeños grupos. Lo ideal sería que existieran beneficios fiscales para ellos, como ya sucede en Inglaterra.
Ley de fiscalidad a la contaminación y al consumo excesivo de recursos
Crear una ley de fiscalidad que desplace la carga fiscal desde el trabajo hacia la contaminación y el consumo excesivo de recursos. Esta medida, propuesta principalmente por Greenpeace, pasaría por establecer impuestos que estimulen los comportamientos respetuosos con el medio ambiente, así como destinar la recaudación a compensar el impacto negativo de las actividades sobre los recursos naturales.
Incentivar a las cooperativas
Otra de las propuestas en la que varias organizaciones coinciden es en dar un impulso al modelo de las cooperativas, uno de los pilares de la economía social al ser los propios trabajadores los que gestionan la compañía. Para promover este modelo proponen incentivar desde el Gobierno este formato y dar todas las facilidades necesarias para su creación.
Creación de cláusulas sociales
Potenciar la aplicación de las cláusulas sociales para el acceso a los concursos públicos es una de las medidas más ambiciosas para la economía social. Organismos como CEPES proponen que existan estas cláusulas que garanticen el acceso de propuestas sociales a los concursos públicos, ya que estos tienen compromisos efectivos de creación de empleo, desarrollo local, cohesión social o Responsabilidad Social Corporativa. Así pretenden que no se vea disminuida su competitividad al acceder al sistema.
Remunicipalización de las redes de distribución
La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) propone el aprovechamiento de la transición energética para vertebrar democráticamente las comunidades y que mantengan una monitorización permanente sobre la gestión. Esta medida la basan en que quien tiene el control de la red tiene control sobre la energía, un bien y un derecho básicos que consideran básico tenga un control estricto y cercano por parte de la sociedad en su conjunto.
Edificación sostenible y alternativas urbanísticas
La sostenibilidad en el desarrollo de las ciudades se ha convertido en un punto que cada vez tiene más importancia en los ayuntamientos. Desde Fuhem insisten en que es necesario que la edificación cumpla unos estándares mínimos de sostenibilidad como por ejemplo en materia de aislamientos en energía, y que esta se procedente de la fotosolar y la fotovoltaica. Asimismo, se muestran partidarios de que las ciudades crezcan en la unidad y la cercanía, lo cual a su vez afecta de lleno al desarrolo del comercio de proximidad.